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¿A qué juega el presidente?

¡Las promesas de campaña no pueden subvertir el orden jurídico del estado social de derecho!


Postillas de coyuntura - 004/23


Bogotá, febrero de 2023

 

“La paz y la justicia son dos caras de la misma moneda”

Dwight D. Eisenhower



Son muchos los interrogantes e inquietudes que día a día asaltan ante un gobierno supuestamente de cambio, que algunos esperaban fuera para bien y no para zozobra.


El presidente Gustavo Petro no puede desconocer las facultades de los jueces de la República, quienes tienen bien claro cuáles son sus deberes y obligaciones frente a la Constitución y la ley penal, respecto a dejar en libertad delincuentes que han sido procesados por violar las normas legales y enfrentan un proceso acorde a la normatividad que ampara su defensa, cuando también estos se apartaron de sus deberes y obligaciones como ciudadanos.


A causa de que, el interés del ejecutivo de rescatar o liberar de las cárceles y sus penas a los integrantes de la primera línea cuando están comprometidos totalmente en los desmanes desaprobados por la sociedad y que los involucra como autores materiales de los delitos de que son procesados. Y adicional a ello el gobierno central, pretende premiarlos nombrándolos gestores de paz.


Los días de terror y zozobra vividos por los colombianos a causa de estas personas desadaptadas que se ampararon en el derecho a protestar, pero que lo condicionan con comportamientos violentos que reprocha la ley donde lo mínimo que se espera es que tengan una sanción como se está evidenciando, una vez son identificados, individualizados dentro de proceso legal acordes al orden jurídico del país.


La Constitución Política de Colombia y las leyes de la República amparan el derecho a la protesta, pero este debe ser de forma pacífica y esto no atentando contra la libertad de otras personas. Es aquí donde exceden su proceder el cual debe ser juzgado. Tal medida no es consentida por la sociedad colombiana y reclama la acción de la justicia.


La justicia no es lo injusto, es más bien lo contrario a lo injusto y tiene que ver con la aplicación de medidas que corrijan conductas inadecuadas que lesionan a otras personas en sus libertades y derechos. Si no existe una correcta aplicación de la justicia en la nación esto desbordará el comportamiento de otras personas por la falta de gobernabilidad y ausencia de confianza en el gobierno que tiene la potestad de velar por la seguridad de los ciudadanos.


En la justicia deben respetarse las funciones que constitucionalmente se han entregado a los jueces de la República y los diferentes funcionarios que hacen parte de las instituciones que conforman el Estado. Y la falta de autoridad o el abuso del poder conlleva a acciones de hecho que también merece el repudio de toda la colectividad nacional.


El estado colombiano no es una dictadura para que desde la presidencia de la República se favorezca a los criminales así sea por el apoyo que le hayan dado en la campaña electoral.

Contrario a esta posición las autoridades amparadas en la ley deben investigar imparcialmente las conductas desaprobadas investigando a los autores intelectuales que generaron tales desórdenes y que llevaron a estas personas a cometer actos violentos, conductas no justificadas por su ignorancia o pagos recibidos en dónde aparecen políticos que provocaron también estos disturbios que arrojaron como resultado muertos, lesionados y daños materiales, además de otros delitos. La maldad física con las consecuencias registradas debe ser castigada por los jueces de la República y no debe ser justificada por ningún gobierno


Que no se atropelle ni se confunda la bondad que puede tener el pueblo colombiano con la justicia, cuando realmente no son sinónimos.

La bondad que se quiere manejar en búsqueda de un fin deseado por la sociedad colombiana, no puede conducir a la impunidad. Si se quiere perdonar, justificar o pasar por alto una falta, en función de un supuesto bien mayor, puede llegar a convertirse en un precedente inadecuado, que no conduce a la justicia sino a desvanecer los límites de lo permitido y lo prohibido. Y eso no queremos los colombianos.

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