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INSEGURIDAD: SIN SOLUCIÓN HURTO DE CELULARES EN EL PAÍS

Postillas de coyuntura - 019/23

Bogotá, abril de 2023

 

Antecedente

Mas de 20 años en que este azote a la seguridad ciudadana marca tendencia y no se encuentran las soluciones.

Algunos Titulares de investigaciones de prensa a lo largo de este lapso nos ilustran sobre lo que este delito representa




El problema


La afectación a la seguridad se hace notoria cada vez más en las calles con el robo de bienes personales y necesarios como los celulares y a pesar del control electrónico que manejan las empresas operadoras de estos medios, no hay preocupación por implementar acciones efectivas junto con las autoridades legales para el rastreo, ubicación e inmediata recuperación de estos elementos, con el consiguiente proceso de judicialización de los responsables de este atroz crimen que en muchas ocasiones termina con la precipitada comisión de otros delitos más graves como el homicidio.

Las estadísticas en Colombia captan un numeroso incremento en el hurto de celulares, delito que se mantiene a pesar que es conocido en el bajo mundo, por muchas personas y las autoridades, cuáles son los sitios donde en muchas ocasiones son llevados para su reventa, después de cometido el hecho delictivo por las redes delincuenciales dedicadas a este crimen, circunstancia aprovechada frente a la tolerancia de muchas personas, que también toman esta falta, para poder adquirir este bien, el cual es observado como una oportunidad por cuanto se adquiere a un menor precio, y desconociendo a lo mejor que este medio de comunicación, tan importante en la cotidianidad del ser, lleva la comisión de un delito, que lo hace también responsable, teniendo en cuenta, que la receptación también demanda la imposición de una sanción legal. Este mismo elemento, a falta de acciones inmediatas por parte de las autoridades, producto de este tipo de hurto, también vienen siendo comercializados en otros países de la región, aprovechando la falta de convenios internacionales, entre sus autoridades y sus operadores del servicio, que solo les interesa es vender los bienes y cobrar sus servicios prestados, sin importar los diferentes delitos que ya se han cometido con ellos.

Se hace necesario para contrarrestar esta creciente infracción penal, y a las organizaciones criminales dedicadas a este flagelo; que haya un interés constante por parte de los gobiernos, sus autoridades judiciales y empresas operadoras, observando esta vulneración como de interés nacional y regional, a fin de cortar de raíz este delito ligado a otros delitos más graves que afectan no solo la seguridad de las personas como son los atentatorios a la vida, la extorsión, el chantaje, sino delitos económicos como el lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y delitos trasnacionales a partir de ciber-delitos que se pueden tipificar como robo de datos, la información personal, entre otros.

Intentos de solución

En este correr del tiempo se han implementado todo tipo de soluciones, pero por la permanencia e incremento del ilícito, al parecer no son los suficientemente efectivas o son inoperantes ante el delito en comento.

En el campo normativo, desde el año 2011 existen antecedentes jurídicos por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al respecto:

Decreto 1630 de 2011, “Por medio del cual se adoptan medidas para restringir la operación de equipos terminales hurtados que son utilizados para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles”, sirviendo de base para atacar el hurto de celulares. Dicha norma encargó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones para que expidiera la regulación que fuere necesaria para combatir este flagelo.

Decreto 2025 de 2015, “Por medio del cual se establecen medidas para controlar la importación y exportación de teléfonos móviles inteligentes, teléfonos móviles celulares, y sus partes, clasificables en las sub partidas 8517.12.00.00 y 8517.70.00.00 del Arancel de Aduanas, se adiciona el Decreto 2685 de 1999 y se deroga el Decreto 2365 de 2012”, dicha norma se centró en el control de importaciones de dispositivos, estableciendo controles adicionales para evitar la entrada al país de equipos robados.

Decreto 2142 de 2016, “por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 2025 de 2015 y se modifica el artículo 121 del decreto 2685 de 1995”, el cual principalmente hizo claridades para evitar que se aplicaran restricciones de mercado.

En el ejercicio de su función la “Comisión de regulación de las comunicaciones” (CRC), ha expedido más de veinte (20) resoluciones en el marco de la estrategia contra el hurto de estos equipos de comunicación, muy populares y asociados al buen vivir de las personas, sin lograr impactar las estadísticas y percepción de control sobre este flagelo delictivo que aqueja a la sociedad.

El senador Luis Fernando Velasco Chaves el 27 de agosto de 2021 presentó un proyecto de ley por la cual se dictan disposiciones para reducir el hurto de dispositivos móviles en el territorio Nacional.

En su momento este representante de la sociedad indicó: “Esto no puede ser un delito de menor cuantía. Muchos ladrones de celulares son reincidentes y quedan libres, pues porque un teléfono no es de mayor cuantía. Sin embargo, esto es grave porque va acompañado de violencia. Necesitamos medidas severas contra estos reincidentes y que si es el caso se legisle para imponer sanciones más duras”.

Pero, mientras se endurecen las medidas tecnológicas o se hacen efectivas sanciones penales que afecten e impacten a la cadena e infraestructura del negocio ilícito de la comercialización de celulares robados, que hacer es el gran interrogante.

Algunos han optado por tener el teléfono asegurado...

Los seguros son voluntarios y cada ciudadano pueden decidir si lo toma o no. Pero en el caso cuando el teléfono está siendo subsidiado por una entidad financiera o el mismo operador, se convierte en obligatorio, con el incremento en costos que ello conlleva.

Fundamental para desestimular el hurto, es la denuncia ciudadana. Los afectados deben seguir revelando, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron abusados en su derecho a la propiedad ante las autoridades. La falta de reporte de celulares hurtados es una de las mayores falencias, pues tan solo se tienen reportes del 2% sobre el total estimado.

Es importante mencionar y tener presente que muchos celulares reportados pueden seguir funcionando debido a que existen Hacker que reprograman los números IMEI de los celulares. Esto también depende de la marca y nivel de tecnología del celular, ya que los celulares de alta gama tienen sistemas de seguridad más robustos.

La comercialización de las partes de celulares también son otra alternativa que los delincuentes tiene y desarrollan para lucrarse de este delito. Los ciudadanos apoyan al contrarrestar esta modalidad de alto impacto al no comprar o conseguir repuestos o reparaciones en sitios no autorizados y avalados por operadores y autoridades de control.

La implementación de Estudios de seguridad y comprobaciones de lealtad para funcionarios de las empresas operadoras. Se ha conocido casos de corrupción en los operadores de telefonía móvil, para que algunos celulares reportados salgan de las listas negras, y por lo tanto estos funcionen en las redes GSM.

Finalmente los operadores móviles, están en la obligación de ser más cuidadosos con sus ventas y poner a disposición de las autoridades y los ciudadanos de la tecnología con que cuentan para bloquear comunicaciones y además ubicar los equipos móviles sospechosos o de dudoso empleo en las redes.

La reflexión final

El delito se controla y no se favorece y en ello los gobiernos tienen la responsabilidad más alta, ya que este tipo de acciones crimínales incrementa los bienes y tentáculos de la misma organización, siendo favorecidos por las omisiones de los gobernantes, que poco interés y preocupación desarrollan, minando de esta forma la confianza y los fines para los cuales están representando los pueblos, los cuales siguen siendo azotados por las diferentes infracciones y amenazas constantes contra la seguridad por su falta de control y continuidad de acciones preventivas y correctivas sobre este hecho en concreto.

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