LA ASONADA Y EL COPAMIENTO INSURGENTE SE PODRÍAN EVITAR

Postillas de coyuntura - 03/25 

Bogotá, marzo de 2025

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Una constante

Tanto en las operaciones militares como policiales existen unas fases de planeamiento y unos momentos de ejecución.

Toda maniobra de recuperación y control territorial culmina con una fase de consolidación donde los esfuerzos armados pasan a los esfuerzos administrativos de los gobiernos de turno y ejecución de sus políticas públicas en torno a esos territorios. 

Sin embargo, es una constante histórica que en aquellos lugares apartados la consolidación sólo llega hasta la implementación de una pequeña o numerosa unidad policial que viene a convertirse y ejercer la representación legitima del estado en esa zona.

Esos policiales entran a compartir las dificultades y realidad de ese territorio donde la constante es la carencia de sistemas educativos, sistemas de salubridad, sistemas de comunicaciones y sistemas de comercio que siguen estando ausentes o en precarias condiciones.

Pasando los días la presencia de autoridades del poder legislativo, ejecutivo, judicial, entes de control son esporádicas en unos casos, escasas por no decir ausentes en su mayoría.

En poco tiempo toda esa carga de promesas no cumplidas o enredadas en trámites burocráticos o cadenas de corrupción recae en la autoridad policial que por más buenas intenciones y deseos de servir a esa comunidad no cuenta con los recursos materiales y presupuestales para tratar de mejorar la situación, o cumplir las promesas gubernamentales.

Eso conlleva a una convivencia cada vez más difícil, que puede escalar a unos niveles de dificultad dónde el representante de la autoridad será el objeto de la inconformidad ciudadana llegando hasta el punto de romper las normas de convivencia pasando a los estadios del accionar jurídico.

El ordenamiento jurídico colombiano establece y tipifica el delito de asonada en el código penal así: Artículo 469. Asonada

Los que en forma tumultuaria exigieren violentamente de la autoridad la ejecución u omisión de algún acto propio de sus funciones, incurrirán en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.

Las directrices del poder ejecutivo actual, donde se enfatiza que el poder está en el pueblo y qué prácticamente hace legítima la rebelión, la sedición y el ataque a las autoridades o asonada, viene dificultando el control ciudadano y nos venimos acostumbrando a ver el secuestro de unidades policiales en muchos de los casos sin armamento para la defensa de sus vidas, a duras penas con algunos elementos para protección de la integridad personal pero que ante la beligerancia y barbarie ponen en condición de desproporción y vulnerabilidad a esos policiales.

La asistencia militar que debería aplicarse en esas instancias tampoco es operable por las directrices también delineadas por el ejecutivo del uso de las armas y la permanente consigna de no emplearlas contra la población civil.

Pero sí en estos últimos tiempos se ha visto el incremento de las guardias indígenas, las guardias campesinas, las guardias cimarronas y otra serie de organizaciones “parapoliciales”, no constitucionales, que reciben apoyo por parte de entidades de gobierno y hábilmente manipuladas e intimidadas por organizaciones delincuenciales que ejercen presencia e intimidación en esa zona.

La realidad

En forma constante se observa y percibe falta de autoridad en diferentes zonas de Colombia, llegando a asonadas y copamientos insurgentes en contra de las autoridades legítimas, con acciones criminales como el ataque contra los funcionarios que finalmente son secuestrados con implicaciones a la integridad de las personas de unos y otros, los que defienden el régimen legal y los que no han entendido que sus actividades son ilegitimas.

La cocaína es uno de los productos ilícitos que se engendran en algunas regiones del País, que trasciende fronteras, esta agro actividad les genera abundantes dineros a los campesinos y especialmente a los grupos subversivos que delinquen en el área.

La falta de políticas de gobierno que corten de raíz este delito internacional y la ausencia en el control de las autoridades ha permitido que las personas dedicadas a esta actividad ilegal continúen haciendo de esta labor ilegítima una forma de sustento, sin exigencia alguna y porque no decirlo por la permisividad dada por el gobierno lo cual conlleva la comisión de más delitos en las diferentes regiones del país.

Los gobernantes no deben adquirir compromisos que no van a cumplir y las decisiones que se tomen deben ir encaminadas a restablecer el orden en la comunidad.

La instrumentalización de los campesinos por parte de las disidencias de las FARC y las guerrillas del ELN y otros grupos criminales, han conllevado diferentes formas de violencia en contra de las autoridades que hacen presencia en los territorios para tratar de controlar sus actividades criminales obligándolos a enfrentarse con la fuerza pública para no ser víctimas de las acciones criminales de los insurgentes guerrilleros en su contra, donde prevalece la ausencia del Estado.

En conclusión

Mientras las fases de consolidación de un territorio no sean asumidas con responsabilidad, seriedad, recursos y planeación efectiva por los entes oficiales, no se puede considerar esa zona libre de problemas y en proceso de convivencia pacífica. 

La fuerza pública no debe retirar sus esfuerzos de inteligencia, y presencia efectiva con capacidad de respuesta a situaciones de fuerza por parte de agentes generadores de desorden, intimidación y zozobra ciudadana. Lo que genera otra situación que viene a ser la ocupación de los pocos o muchos recursos disponibles por la fuerza pública en uno o dos puntos específicos, sin capacidad de respuesta para otras situaciones a lo largo y ancho de la geografía nacional, lo que facilita el accionar delictivo que permanentemente observa y planifica su actuar a partir del copamiento de la capacidad de la fuerza pública, para atender simultáneamente múltiples acciones de fuerza, intimidación, violación de derechos contra la población civil.

La lógica de la atención ante un desorden o insurgencia no puede ser subestimada y para evitar llegar a una asonada o copamiento es necesario prever un número mayor de efectivos dotados de los medios necesarios para atenderla, repelerla o reprimirla con autoridad, decisión, sin necesidad de llegar a la utilización de armas que conlleven la pérdida de vidas. 

Los compromisos y otras acciones de emprendimiento, autónomas, de inversión que sustituyan la producción ilícita de estupefacientes, que faciliten el mejor vivir de esos ciudadanos se deben cumplir con cronogramas y participación de estos.

La pérdida de autoridad no solamente está referida a los que hacen parte de la fuerza pública, sino también a la falta de gobernabilidad, estando las dos relacionadas. Siendo además un mal ejemplo frente a cantidad de desórdenes que lo deben apreciar como una burla de las personas que están violando la ley, frente a un régimen incapaz de dar soluciones efectivas a diferentes situaciones de tipo social que podrían ser evitadas.