Postillas de coyuntura - 020/21
Bogotá, agosto de 2021
Mueren Policías, ciudadanos de bien, hay hurtos en diferentes modalidades; con agravantes de agresión a las víctimas. No hay respeto a la vida y a los bienes privados, se han perdido los valores más importantes en la sociedad colombiana y crece además la percepción de inseguridad en el país.
¿Qué está pasando? Muchos preguntan.
Pero se repiten los hechos y las acciones desplegadas son poco efectivas.
Se culpa al narcotráfico, las bandas criminales, o la delincuencia común y organizada.
El homicidio cometido por cualquier actor ilegal demanda medidas fuertes para el control efectivo, sin concesiones, ni rebajas, se debe actuar en favor de las víctimas y totalmente en contra del criminal.
Un País legalista como Colombia no debe tener excepciones frente al delito cometido. No podemos seguir igual y no podemos seguir esperando a que un ser querido o nosotros mismos seamos una víctima más.
Se analizan las estadísticas policiales de los delitos presentados; pero no se observan las medidas efectivas que contrarresten el avance del crimen.
Instituciones como la Fiscalía general de la nación y Consejo superior de la judicatura que tienen un papel predominante en la represión y aplicación de las leyes, no publican sus estadísticas, indicativos o medidores de su actividad, para hacer más transparente y objetivo su accionar frente a la delincuencia.
La presentación de resultados facilitaría la toma de decisiones en lo que debe ser un engranaje coordinado para el logro de los fines del Estado de derecho, en donde las diferentes ramas del poder público y entidades de control aporten responsablemente en los temas que preocupan y aquejan la tranquilidad de los ciudadanos.
El ideal sería que la tendencia estadística en hechos delictivos estuviera cerca del cero, pues, tan solo un hurto u homicidio afecta la credibilidad del Estado.
El Estado como tal esta conformado por un conjunto de instituciones que están al servicio del ciudadano.
Todo evento delictivo por insignificante que pueda parecer ante la magnitud de otros delitos debe tener una respuesta del estado. Por algo los legisladores lo tipificaron dando la responsabilidad al poder judicial de aplicar la respectiva sanción. Así mismo, dieron la misión a las autoridades administrativas y policiales de identificarlo, individualizarlo y presentarlo ante las jurisdicciones competentes como señalan las disposiciones.
Ahora, ¿dónde están las medidas de control frente a los extranjeros que están llegando a Colombia a cometer todo tipo de delitos?
La sociedad colombiana demanda de las diferentes autoridades un mayor compromiso, control y efectividad en el ejercicio de sus funciones.
No puede ser justificación para que un delito no se sancione, que:
· El sistema legal vigente no funciona y debe ser cambiado
· Se responsabilice al fiscal, al juez, al policía, o en últimas hasta el ciudadano porque no denuncia.
La verdad es que todos los colombianos debemos rechazar el crimen y el estado está en la obligación de accionar su aparato judicial y policivo para contrarrestar el delito.
¡No más asesinatos! ¡no más hurtos! ¡no más!…
Llamamos a un rechazo total a la criminalidad y sus actuaciones.
Exigimos de las autoridades el cumplimiento correcto, pronto y oportuno de sus obligaciones.
Por la Colombia que queremos: “Manos a la obra”.
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