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PRESIÓN A LAS DECISIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Postillas de coyuntura - 004/24

 

Bogotá, febrero de 2024


 

Antecedente



Los gobernantes en Colombia desde los tiempos de la violencia política, hace ya más seis décadas, han generado intimidación y sectarismo en todo el territorio nacional, lo han hecho valiéndose entre otras cosas de presiones a la justicia para amparar decisiones de gobierno que en ocasiones han sido inconvenientes a la democracia y al bienestar del país.


Las conveniencias políticas no han aportado al desarrollo y progreso de la economía de este país que por la falta de decisiones acertadas dieron espacio para la formación de guerrillas, autodefensas y organizaciones criminales organizadas, que generan mediante el uso de las armas, el terrorismo, inseguridad para la población. Para los ciudadanos y electores, les queda como interrogante: ¿Cuándo los gobernantes elegidos por los colombianos van a administrar bien este País y erradicaran la violencia que lo ha marcado en el pasar de los años?

 

Un discurso progresista promovido al interior del país, pero con énfasis internacional, para promocionar e “inmortalizar” un nombre alejan al presidente de la nación de la realidad de la Colombia que se propuso gobernar.

 

 

 

Unos hechos

Recientemente se conoció a través de los medios de comunicación y redes sociales la invitación y convocatoria del presidente de la República, a presionar decisiones que son de autonomía e independencia de la Corte Suprema de Justicia, a quien le corresponde por mandato elegir el nuevo fiscal general de la Nación, función que obedece a protocolos reglados y no al capricho y conveniencia de un gobernante.

 

Son claras las intenciones del presidente de la nación, en influir la elección de fiscal general de la nación, por cuanto en esa entidad se llevan investigaciones que involucran en hechos delictivos a sus familiares, con el agravante que son con relación a su elección. Al no tener la potestad de ser quien elige al fiscal, a su conveniencia, usa a algunos grupos para presionar a la Corte a que se haga una elección acomodada, lo cual atentaría contra la democracia y la constitución la cual juró cumplir y respetar. El elegido estará por cuatro años como fiscal de la nación.

 

Es un hecho cierto que el presidente de los colombianos, hizo parte de las guerrillas del M19, grupo insurgente desmovilizado hace ya más de 30 años. Donde los delitos atroces cometidos no fueron juzgados, ni condenados por las concesiones de gobiernos anteriores. En su caso como en el proceso de paz con la guerrilla de las farc, en Colombia se firmó la paz, y no se hizo justicia.  Ese proceso de paz sin justicia es lo que hace sentir a muchos colombianos que fueron asaltados en su buena fe; pues hoy los criminales de antaño con un acentuado tinte revanchista quieren reescribir con falacias la historia de un país que ha visto derramar sangre inocente en su suelo a mano de guerrilleros, autodefensas y delincuentes que hoy se disfrazan de héroes de la patria, mientras que aquellos que si lo fueron y defendieron la democracia se encuentran en la cárcel. Los guerrilleros siguen siendo por esencia y corazón los que violan la ley y los principios de esta nación, así que sus actuaciones arbitrarias y violentas no llevan a construir país, sino acabar con él.

 

En este régimen los trabajadores o empleados públicos son obligados a acompañar o respaldar movilizaciones políticas del gobierno central, pues sino lo hacen son intimidados con la perdida de sus empleos, esto se está generalizando ya que no solamente se ha hecho en contra de la Corte Suprema de Justicia presionando la elección de un fiscal general de la Nación; de igual forma y simultáneamente desde las altas esferas del poder, se ataca a los medios de comunicación cuando no defienden las políticas e intereses de este gobierno. También, son obligados campesinos e indígenas a tomar posiciones a favor del gobierno constreñidos por infiltrados de los grupos terroristas.  

 

Para pensar 

Este tipo de exigencia a diferentes sectores públicos o particulares no hace parte de los deberes y obligaciones, y más bien forma parte de una estrategia política contraria y que no tiene nada que ver con los contratos de los trabajadores y empleados del Estado, o de particulares que concurren también intimidados por los violentos. Además no son deberes ciudadanos llegar a presionar mediante diferentes maniobras hostiles las decisiones que debe tomar la fiscalía general de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación u otra institución amparadas y respaldadas por la ley.

 

Se percibe que el Ejecutivo hace movilizar grupos de personas queriendo estar por encima de la ley y no respetando la autonomía y función de los poderes del Estado, los cuales tienen o gozan de privilegios en su autoridad y toman decisiones en cumplimiento de un estado social de derechos, libertades, deberes, y obligaciones constitucionales y legales.

 

Todas las movilizaciones públicas convocadas por el gobierno actual indican o muestran ser una imposición, por lo que estas actividades no deben considerarse como un respaldo legítimo, debido a que de no apoyarse generaría de seguro a que se tomen medidas y represalias en contra de los trabajadores tales como retirarlos de sus cargos o empleos o dejar de darles subsidios, hechos que afectarían no sólo a una persona, sino también a una familia y porque no decirlo a toda una sociedad. De seguro, estas actuaciones vislumbran un gobierno que hace lo mismo que los grupos subversivos al obligar a los campesinos a salir a la fuerza a realizar acciones ilegales como bloquear las vías, paralizar la movilidad y demostrar acciones de fuerza que son contrarias a la legalidad y al respeto de los derechos y las libertades de la mayoría de los colombianos.

 

Resulta desbordado imponer la obligación a los funcionarios públicos y particulares que hacen parte del Pacto Histórico, de respaldar políticas o estrategias, que con el tiempo también los terminaría afectando. Acciones que de hecho se infieren ir acompañadas de amenazas de tipo judicial, disciplinario o de cualquier otro tipo a quienes no las acatan.

 

La violencia generada por los integrantes de la marcha el pasado ocho de febrero, frente al Palacio de Justicia y como presión a decisiones del ente autónomo no son legítimas, pero se encuentran aprobadas por el presidente de la República y su séquito del Pacto Histórico. Esto debe ser judicializado por las autoridades porque el hecho de haber bloqueado ingresos y salida de las altas cortes se convierte en un secuestro conforme al código penal colombiano en su artículo 169 que dice: “El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión…” 

 

Los magistrados fueron secuestrados y no se les permitió su movilidad para que ellos presionados por el encierro y las manifestaciones violentas de unos cuantos, no cumplieran el protocolo de elección del fiscal como está establecido. No solo los magistrados sino también los trabajadores en el edificio fueron intimidados y amenazados, cuestión que llevo a los colombianos a recordar las acciones del grupo guerrillero M-19 en la toma del palacio justicia en el año 1985, grupo al cual pertenecía el presidente actual de Colombia. En medio de la situación con la Corte Suprema, los colombianos se dieron cuenta que el grupo M-19 siguió y esta activo, la pregunta aquí es: Si el presidente de Colombia sigue siendo parte de las filas del M-19, porque ellos estaban presentes frente a la Corte Suprema ¿qué les espera a los colombianos de bien, que nunca han compartido la violencia y han soñado por décadas con la paz?

   Es realmente preocupante estar gobernados por un hombre que nunca ha dejado de ser guerrillero, pues lo único que constantemente muestra por el pueblo colombiano es desprecio por las leyes, principios y valores en los que se fundamento esta nación.

 

El presidente de Colombia desde los preelectorales mostró sus intenciones de hacer convenios con criminales desde la cárcel la Picota y lo más probable es que haya adquirido compromisos con narcotraficantes que apoyaron económicamente su candidatura a cambio de preferencias u oportunidades beneficiosas para los criminales, porque es lo que se ve con su política de “Paz total”, que en realidad debería llamarse “Impunidad total”.

 

Otro hecho notorio del mandatario es que exige el cumplimiento de la ley pero no la cumple y al contrario quiere estar por encima de la Constitución Política de los colombianos y de la ley. Un buen líder enseña con el ejemplo, su testimonio son las buenas actuaciones coherentes al mandato constitucional, de la mano con la legalidad en beneficio de la sociedad y estar apartado del mal.

 

El uso de las redes sociales afectas y relacionadas directamente con el poder presidencial, generaran un nexo de conectividad, que cuando las situaciones desborden los límites de la legalidad, dejan inmersos en acciones delincuenciales a sus responsables y digitadores enmascarados tras las llamadas “bodegas”.

 

El uso de medios de comunicación oficiales para convocar, respaldar o amplificar las ordenes de un presidente deben tener fines de unidad orden y disciplina y no contrarios a la constitución y las leyes. No es de buen recibo utilizar estos medios oficiales de comunicación para invitar a las protestas acompañadas de acciones hostiles hacia las personas, funcionarios o instituciones que pueden desencadenar en actos trágicos.

 

 

Olvida que el hecho de ser presidente de la República, lo obliga a ser el mandatario de todos lo colombianos, o sea, de más de 50 millones de habitantes que en su mayoría hoy no se ven representados por él, como lo muestran su escaso margen de favorabilidad y el desgaste en las convocatorias de carácter obligatorio a movilizaciones.

 

El presidente de Colombia debería dejar su pasado guerrillero en el olvido y su desgastada e inútil ideología, para de verdad dedicarse a gobernar y entender que hoy en día tiene la responsabilidad de gobernar y hacer crecer a este país.

 

Conclusiones

 

El presidente del país está llamado a dar ejemplo en el respeto al cumplimiento de la Constitución Política y a las leyes, y no ser el originador o fomentador del irrespeto a las mismas. Resulta contrario a la norma que sea él quien provoque la sensación de inseguridad del país y no quien garantice el orden al interior de este.

 

No es bueno para la salud y bienestar de la nación, tratar de minimizar los hechos sobre toda evidencia. Las autoridades siguen perdiendo legitimidad, la sociedad confirma sus sospechas de un mal gobierno o desgobierno.

 

El estudio de la psicología de masas tiene evidencias de las graves consecuencias que se pueden desprender de una incitación y llamamiento a movilizaciones, sin clara conciencia de que es lo que motiva esa congregación. En cualquier momento se puede iniciar una reacción que termine en una tragedia de incalculables proporciones, en donde como siempre se buscará un chivo espiratorio en la cadena de responsabilidades que con seguridad terminará siendo un miembro de la fuerza pública.

 

El presidente de la república no puede ser quien incite a las masas para alzarse contra la seguridad y el orden, debe ser más bien el que garantice la seguridad y el orden al interior de nuestro país.

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