Dos caras de la moneda en el terreno
Postillas de coyuntura - 007/21
Bogotá, abril de 2021
Imagen El País
En las tertulias y los medios de comunicación está en boga hablar, opinar, cuestionar el decreto gubernamental 380 del 12 de abril de 2021 mediante el cual el Ministerio de Justicia define los pasos para la reanudación de la aspersión aérea a los cultivos ilícitos de hoja de coca en el país.
Muchas de esas opiniones y cuestionamientos están alejadas de la realidad y son dados con un desconocimiento absoluto de lo que circunda alrededor de la actividad ilícita del cultivo de coca, que afecta al país y a la comunidad internacional.
Argumentos de conveniencia propia son los que se dan y se expresan, sin tener en cuenta la problemática real, en los lugares de cultivo.
Los actores en el terreno enfrentados
Un grupo inicial de aparentes campesinos, “olvidados por el Estado”, que habitan zonas inhóspitas y desoladas de nuestra geografía nacional, pero en realidad:
· Son indígenas o campesinos que pueden ser o no, oriundos de la misma zona o región.
· Son individuos que no comprenden, ni entienden el daño que le están ocasionando a la humanidad.
· Son personas que se dedican a cultivar y cuidar plantíos ilícitos de hoja de coca por cuanto ese proceso les genera unos rendimientos económicos, con los cuáles pretenden vivir y mantener sus familias, razón que no justifica la ilegalidad de su comportamiento.
· Son personas que al no tener clara las consecuencias de su activad, se ven enfrentados ante la ley, los valores, las buenas costumbres, y llegan a atacar inclusive a la autoridad representada en los soldados y los policías.
De otra parte, se encuentran policías y soldados preparados unos para hacer cumplir las leyes y garantizar la convivencia pacífica de los colombianos y los otros para defender la soberanía nacional, empleados en erradicación manual de cultivo de coca.
Estos miembros de la fuerza pública destacados a esta labor conocen el trabajo que realizan y los riesgos que corren sus vidas, evitan enfrentamientos con sus atacantes, cumplen protocolos para el uso de las armas y empleo de la fuerza legitima del estado enmarcada en los derechos humanos.
Aspiran y esperan que el Estado reconozca también su labor y no permita que sean objeto de agresiones, agravios o desconocimiento de sus derechos.
Donde convergen
En extensiones de tierra alejadas de centros poblados y donde la titularidad de las propiedades de la tierra es desconocida. Son pocos los que demuestran la tenencia de la tierra.
En la mayoría de los casos son terrenos que han sido abandonados debido al desplazamiento obligado de sus propietarios por la acción de grupos armados de variados tintes.
Otra gran porción de tierras son baldíos de propiedad del Estado que han sido sujetos a deforestación inclemente, pues no se miden las consecuencias del daño que se ocasiona por quienes se dedican a esta actividad ilícita.
La acción del estado
Las soluciones para contrarrestar la actividad ilícita han sido desde un comienzo la interdicción y destrucción de los cultivos.
En algunos casos mediante trabajo manual o uso de agroquímicos con aspersores manuales especialmente, cuando los cultivos ilegales, se encuentran cercanos a centros poblados y con rutas carreteables de acceso utilizables.
Por otra parte, desde la década de los ochenta en el siglo pasado, se emplearon inicialmente helicópteros en especial sobre cultivos de marihuana en las estribaciones de la Sierra nevada de Santa Marta.
Para combatir los cultivos de hoja de coca se manejaron aeronaves de fumigación monomotor acondicionados para tal fin; en razón a su mayor alcance de vuelo y capacidad de carga a la vez de maniobrabilidad y potencia para realizar esta actividad, en especial por las condiciones topográficas donde se realiza la labor.
A partir de los acuerdos de paz y a la interpretación de normas sobre salubridad, en el año de 2015 el gobierno dispuso la cancelación de esta actividad aérea atendiendo los dispuesto por autoridades judiciales.
Para remplazar el control que, mediante el empleo de medios aéreos y uso de implementos agroindustriales, se organizaron y activaron grupos especializados de policías y soldados para cumplir esta actividad en las zonas donde voluntariamente los cultivadores no aceptaron las propuestas gubernamentales de sustitución de cultivos.
• Aprovechando la tecnología en el momento se viene implementando la aspersión con drones a costos altos y resultados cortos.
A estos esfuerzos y con el objetivo de utilizar más acertada y correctamente el personal calificado en labores de seguridad y defensa nacional de la fuerza pública, se agregaron equipos civiles de erradicadores conformados en la mayoría por ex cultivadores de hoja de coca, quienes, con el apoyo logístico de la fuerza pública para su desplazamiento, seguridad y pago económico por parte del Estado, realizan estas actividades.
Los costos de la erradicación manual
La relación costo beneficio de esta actividad como lo registran las estadísticas no es la mejor.
Si tomamos los registros de 33 miembros de la fuerza pública han sido asesinados, 157 fueron heridos, con incapacidades físicas importantes por el uso de explosivos artesanales y otras armas en los últimos dos años. Adicional a 10 erradicadores civiles que han perdido su vida ya estamos con un saldo totalmente negativo en razón a que la vida de seres humano y su integridad física no tiene precio.
De otra parte, las precarias condiciones de salubridad, alimentación, confort en las que se desarrollar esta actividad deja mucho que desear con relación a los derechos humanos, y que tanto pregonan organizaciones nacionales e internacionales.
El tema de seguridad amerita una reflexión especial, el esfuerzo de la fuerza pública para asegurar las áreas incluye fases en tiempo y anillos de protección en permanencia, que conllevan a la utilización de policías y soldados, y recursos materiales hacen mella en el escaso presupuesto de la fuerza pública para su operación.
En el campo económico la erradicación manual forzada (la estrategia más usada por el Gobierno en 2019 y 2020) tiene un costo de 3.8 millones, por hectárea, según datos del ministerio de Justicia.
Estos costos, muchas veces no son apreciados ni tenidos en cuenta por legisladores, defensores medioambientales y otras tantas organizaciones que se oponen a la aspersión aérea, pero no dan alternativas.
Legalidad o ilegalidad
Amerita reflexión establecer que estamos frente a una actividad ilícita donde hay organizaciones armadas con capacidad económica que financia y organiza a los cultivadores.
No son solo campesinos, son personas que atienden a una dirección, reciben instrucciones y capacitación para el desarrollo de su actividad ilícita.
Son estas organizaciones y no la legalidad del estado, las que le causan los daños a la vegetación y al medio ambiente, con la financiación e instrucciones para la desforestación y cultivo de plantas ilícitas en parques naturales y selvas reservadas.
Cuando un ex cultivador de la hoja de la “mata que mata” señala los métodos utilizados para contrarrestar las operaciones de fumigación no estamos ante solo un campesino, estamos ante un individuo al margen de la ley capacitado para contrarrestar la acción del estado hacia la actividad ilícita, bien señala que una vez pasadas las aeronaves entran a lavar con melaza y otras revolturas. También, siembran vegetación de “pan coger” en medio de las plantaciones ilícitas para acusar de daños en su bien nutricional, cuando como ya se dijo ni siquiera son poseedores de la tierra sino usurpadores de ella. Otra cosa que hacen es que cortan la mata y esperan a que vuelva a crecer.
Don Elmer, cacaotero en Valdivia, pero que tuvo cultivos de coca, explica que el campesino aprendió a "caerle a tiempo a la avioneta con productos para desintoxicar la planta, productos químicos y otros como melaza y otras revolturas. Si llegábamos tarde, cortábamos la planta y ella volvía a crecer". Al final, explica Elmer, sí retrasaba la producción de la hoja, pero no cambiaba mucho más[1].
Si hay una estrategia, hay conocimiento y por lo tanto una conciencia de lo ilícito de su actividad. En estos dos años se han registrado 600 asonadas contra los equipos de interdicción
De otra parte, los policías y soldados son formados, preparados para cumplir las funciones institucionales de acuerdo con la misión establecida en la Constitución Política de Colombia, no son formados para erradicar la mata de coca, tampoco es justificable tener grupos de erradicados civiles como “carne de cañón” y utilizarlos en zonas de riesgo, bajo situaciones y condiciones como ya se dijo no propias para seres humanos.
Es por ello por lo que el estado debe propender por utilizar los medios que le permitan cumplir su función, minimizando los riesgos y optimizando resultados en todos los ámbitos.
Consideraciones
¿Qué hacen los soldados y los policías asignados a las labores de erradicación de cultivos ilícitos?
Están representando al estado, son funcionarios preparados para brindar la seguridad y el control territorial en esas apartadas regiones, pero no deben ser empleados en labores de erradicación manual, para lo cual no están contratados.
Los soldados y los policías no deben sentirse, ni estar solos en esta labor tan indispensable para el mundo.
Ellos no tienen por qué ser objeto de humillaciones, maltratos y desconocimiento de sus derechos y de la autoridad que representan.
¿Qué hacen las autoridades civiles del orden nacional, departamental y municipal?
No se han tomado acciones de impacto de tipo preventivo o coercitivo, que en forma efectiva logren hacer que los cultivadores de coca no agredan a la fuerza pública, la respeten y la acaten.
La aplicación de la normatividad vigente no cumple con el presupuesto de hacer entender la ilegalidad de su conducta.
El gobierno en la búsqueda de soluciones promueve emprendimientos que le generan a estos cultivadores con trabajo y esfuerzo, el dinero necesario para sus obligaciones y así evitar que se dediquen a la siembra de la coca, como única solución a sus necesidades.
¿Qué hacen los diferentes órganos de control en la nación?
Su trabajo muchas veces se enfoca en la garantía de derechos y deberes de ciudadanos que desconocen el orden legal, y tal vez sin darse cuenta se han convertido en una herramienta útil para quienes están fuera de la ley.
¿Qué hacen los colombianos al margen de la situación?
El problema no es mío, el problema es del estado que no hace nada por los campesinos e indígenas.
Las condiciones adversas en que se desarrolla la actividad de control e interdicción es problema de la fuerza pública, para ello pago mis impuestos.
Para muchas personas este tipo de conductas, en absoluto les afecta, pero olvidan que las drogas alucinógenas en las ciudades están afectando gravemente el futuro de las familias y específicamente la vida de sus hijos, los cuales son engañados y llevados al consumo de sustancias sicoactivas, causando dependencia psicológica y física que puede terminar con desenlaces fatales para quienes consumen las drogas. Debe ser por lo tanto una prioridad para la sociedad actuar con preocupación y prontitud.
¿Porque la aspersión?
Los cultivos ilícitos en el país son el principal generador de recursos financieros para los reductos de los grupos alzados en armas y potenciadores de los clanes del narcotráfico vigentes.
Pese a los ingentes y costosos esfuerzos para la operación de los grupos de erradicación manual, no se refleja el trabajo realizado.
El estado en general debe tener una política que enseñe, forme, transforme, utilice medios y termine con la afectación que inicia en las zonas cultivadas y finaliza en cualquier lugar del mundo.
Los lugares donde se cultiva la hoja de coca con fines ilícitos son terrenos de difícil acceso y con dificultades para la logística y seguridad integral de los miembros de la fuerza pública y erradicadores voluntarios que el gobierno dispone para tal efecto.
El costo de sostener los grupos operativos de erradicación es alto, tanto en el bien preciado de la vida como en de recursos económicos.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha fijado protocolos y ha establecidas reglas para el empleo de la aspersión en el control de la actividad ilícita. Si hay cumplimiento estricto de los mismos, los daños que se puedan acarrear a los ecosistemas son minúsculos y así se minimizan riegos en vidas, en costos económicos y se controla la expansión del cultivo ilícito que es el que ocasiona los daños.
Los miembros de la fuerza pública muertos y heridos, debe llevar a recordar que su integridad física vale igual a la de otros colombianos porque ellos están allí, representando al estado y poniendo orden, en medio del desorden y el olvido.
Ellos también son colombianos y tienen derechos que el estado debe garantizar.
[1] Entrevista Caracol radio 16042021
