Postillas de coyuntura - 027/23
Bogotá, junio de 2023
Las marchas para expresar su sentir, son parte de los derechos de los asociados a esta nación llamada Colombia, descrita en el artículo 1 de su constitución: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
La cabeza del poder ejecutivo, quiere hacer uso de este mecanismo de expresión ciudadana para afianzar y legitimar su autoridad, pero…
tres situaciones concretas nos llaman la atención:
1. Funcionarios oficiales
La sociedad colombiana no entiende porque el Gobierno Nacional recurre a maniobras o manipulación de los funcionarios públicos de las diferentes entidades a participar en forma obligatoria en marchas para respaldar al gobierno.
La expresión y participación en las marchas debe ser voluntaria y no obligada, como se ha conocido recientemente. Las personas que están al servicio del estado, trabajan por su bienestar personal, familiar y por necesidad, pero el Estado en cabeza del Pacto Histórico no debe obligar a las personas a asistir a apoyar un gobierno por ninguna razón, porque ellos tienen obligaciones y deberes profesionales en relación con su trabajo. Esta consideración por parte del gobierno no es legal, ni constitucional.
El artículo 123 de nuestra constitución describe quienes son los funcionarios públicos y en uno de sus apartes dice: “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”, están obligados a servir mas no a participar como actores en actos públicos en tiempo y espacios laborables.
La invitación, orden o como quieran llamarla, a funcionarios estatales de todo nivel para que salgan a marchar en la vía pública y expresar o demostrar apoyo a políticas de gobierno, es en contra de la voluntad, no es en forma voluntaria, ni está dentro de sus deberes y obligaciones. Este tipo de imposición, atentan contra la libertad y gozo de derechos amparados, de los colombianos.
Estamos frente a una extra-limitación de funciones por parte de las cabezas visibles del ejecutivo, que ameritan investigaciones administrativas y sanciones si es del caso.
2. Comunidades campesinas e indígenas
Se evidencia que también, funcionarios públicos cercanos al entorno del poder ejecutivo, van a seguir exigiendo a los campesinos e indígenas en diferentes regiones del país, su respaldo, apoyo y participación en las marchas organizadas para defender los proyectos de interés del gobierno nacional, con el agravante de que si no lo hacen van a ser victimizados por el gobierno y las disidencias guerrilleras, quienes con armas también los someten por la fuerza.
En los gobiernos anteriores, la presión para protestar, parar o marchar en el área rural, era ejercida por los grupos armados ilegales, Pero estamos contemplando como ahora también el gobierno nacional va a ejercer presión sobre estas personas indefensas, cuando por el contrario el gobierno debe responder y están obligados a brindar las garantías de seguridad en esos territorios.
¿Qué tipo de sanciones van a recibir las comunidades campesinas e indígenas de no apoyarlos? ¿Van a ser expulsados de sus territorios, van a ser asesinados o sus hijos van a ser objeto de reclutamientos forzados, o deben pagar sumas de dinero onerosas las cuales no tienen para respaldar sus imposiciones?
Desde cuando el ejecutivo a través de sus agentes, moviliza y aleja de sus actividades cotidianas a la población rural, para presionar decisiones a otros poderes de gobierno e imponer sus propuestas, amerita investigaciones administrativas y penales a los miembros del poder ejecutivo que propician estas situaciones.
3. Comunidad educativa
Asimismo, se observa, que para el gobierno obtener presencia y respaldo de más personas en las marchas que convoca, obligan a los estudiantes a participar en forma no deliberada.
Para ello se ha podido establecer a través de los medios de comunicación de la participación de alumnos del SENA, y de centros educativos oficiales de educación media y primaria donde profesores instrumentalizan a menores de edad para vocear consignas parapolíticas de gobierno y de caudillismo.
La juventud colombiana debe estar en sus aulas preparándose académicamente en un oficio o un empleo con el que alcancen un mejor futuro y no instrumentalizarlos como pregoneros políticos sin futuro.
Tema también que debe tener respuesta por parte de los entes de control, fiscalización y judicial, ante acciones atentatorias a los derechos y libertades de nuestra infancia y juventud.
Consideraciones al margen
El gobierno no debe obligar a las personas a participar de actividades, sin conocimiento de lo que se hace y lo que se quiere y menos por obligación o presión indebida.
El artículo segundo de nuestra constitución que define los fines esenciales del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Precepto constitucional que no está siendo ejecutado y garantizado por el actual gobierno.
Lo que se está viviendo y analizando es que el poder ejecutivo en ejercicio no es garantista en permitir que las personas libremente decidan sobre sus libertades y derechos y está vulneración afecta gravemente la democracia de un país como Colombia.
El presidente en ejercicio no está cumpliendo con el artículo 188, de nuestra carta magna donde declara que “El presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.
Lo que se percibe es cada vez una mayor polarización de la nación y un gobierno para minorías.
Antes de que sea demasiado tarde, los organismos Internacionales deben conocer del abuso del poder que está cometiendo el gobierno del Pacto Histórico y tener un seguimiento del acontecer político del país antes que se afecte gravemente su democracia.
