Colombia sin Control por parte del poder ejecutivo

Postillas de coyuntura - 025/22

Bogotá, septiembre de 2022

 





¡Qué pasa con el gobierno que empieza!


Un avión podría volar con un control remoto, pero un país no puede ser

lógica más simple de las cosas. Ya que parece que el gobierno nacional todavía no ha organizado la forma de establecer políticas, estrategias y objetivos en las instituciones para que los problemas en Colombia tengan una atención rápida y oportuna y por su omisión no afecten el desarrollo diario de toda una nación.


La falta de esas acciones de atención, prevención, corrección o de resultados positivos en una gestión de gobierno han denotado demoras y consecuencias graves en el mantenimiento del orden público en regiones del país, afectando económicamente a los comerciantes, transportadores, conductores y demás trabajadores, propietarios de tierras; con la comisión de delitos que no son atendidos por las autoridades judiciales y de policía por cuanto su función e intervención constitucional se mantiene al margen de lo que el mismo gobierno pretende políticamente en favor de unos y en contra de otros; es decir, les da la razón a unos que están vulnerando la propiedad y no está defendiendo el derecho y las libertades de otros.


Por no ir más lejos, el gobierno no está observando el cumplimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales y legales, al tomar decisiones inmediatas frente a los hechos sucedidos y permitir el desborde de sucesos amparadas por parte de unas personas que violentamente están tomando acciones de hecho que no cuentan con ningún respaldo legal.


Esta desatención de sus deberes por parte del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, podrían llevar al País a también resolver y responder con violencia por la omisión y tolerancia del Estado en atender prontamente las diferentes situaciones de desorden social presentados. Además, que conllevaría al país a un caos y porque no decirlo a una posible guerra civil, por cuanto el ejecutivo ha permitido estos actos de violentos.


Nos hemos encontrado recientemente con un paro minero que colocó al país en jaque e impuso frente a su trabajo ilegal condiciones que desbordan sus intenciones sin solucionar esta misma problemática social. Los cuales mediante acciones violentas saquearon y hurtaron sin justificación alimentos y otros elementos en el bajo Cauca, además de bloquear el paso de personas, vehículos y comida a otras regiones del País, hechos que notoriamente afectaron la economía de estas regiones y aumentaron la inflación de alimentos por su escasez.


Después de cuatro (4) días de taponamiento en esa importante arteria vial en el noroccidente del país, en un acuerdo que parece más de claudicación del estado, aparentemente, da la razón a la estrategia del gobierno de entablar diálogos, pero el gobernador de Antioquia, en su cuenta oficial de Twitter señaló que el Ejército y la Policía Nacional le informaron que “nuevamente se bloquea en forma violenta el paso entre Puerto Valdivia y Caucasia. Incumplimiento claro de acuerdos suscritos ayer. Imperativo restablecer el paso y los derechos de transportadores y ciudadanos”, resalta el jefe de policía de ese importante departamento y gobernador por votación popular.


Se continúa con las invasiones de tierras en forma violenta en diferentes zonas del País, afectando la propiedad privada y sin acciones que demanden la protección de las propiedades y el derecho de los que le han pagado impuestos al estado, cuando es obligación del estado proteger la propiedad privada y corregir este delito para evitar la vulneración del derecho. Lo que no se corrige a tiempo, conllevará mayores desórdenes con otros resultados conexos de inseguridad, salubridad y afectación del medio ambiente, entre otros.


Enfrentamientos entre invasores y trabajadores con saldo importante de heridos es el reporte de prensa, pero se sigue priorizando el mandato presidencial de dialogo, en el que se escudan invasores y se llena de desasosiego trabajadores y propietarios por la falta de estado y cumplimiento de las leyes vigentes.


En estos momentos se concibe en el ambiente del país el empoderamiento de las diferentes estructuras criminales y delincuentes de delitos comunes, ya que va en aumento la inseguridad y amparados por una política de confianza que busca enderezar lo que está torcido.


Trece (13) agentes del orden han sido asesinados, en cumplimiento de actividades de prevención y seguridad ciudadana en los últimos cincuenta (50) días, noticias que pasan desapercibidas ante la opinión nacional, en razón a que el trabajo de desprestigio a la fuerza pública hace que cada día se desconozca la importancia de su labor para la tranquilidad y paz que tanto anhela el pueblo colombiano.


No siendo pesimistas frente a acciones estatales en favor de delincuentes, también los responsables de la administración de un país deben pensar en las consecuencias degenerativas que podrían también tener un efecto contrario. Tengan en cuenta que lo ilegal no se soluciona con decirle al infractor no lo vuelva a cometer que Yo le doy un sueldo para que no lo vuelva a hacer; esta es una mala motivación a un infractor de la ley y desbordará totalmente el estado social de derecho.


Que no se piense que disminuyendo la fuerza pública y creando grupos de criminales con armamento del estado se solucionan todos los problemas violentos registrados por más de 50 años. Hay que recordar que la violencia ha estado presente desde la existencia de la humanidad y dónde no hay autoridad y normas legales que controlen y repriman al delincuente y al delito su resultado puede ser más gravoso para la sociedad.


Agregado a estos hechos se inician las marchas nacionales por la no aceptación a políticas de gobierno que afectan a toda una nación como lo es el alza de los combustibles y la motivación para imponer otra nueva reforma tributaria que contiene mayores impuestos al país, actividades y propuestas contrarias a los ofrecimientos de gobierno en las campañas preelectorales que muestran con ello engaño y falsedades a los electores que querían un nuevo gobierno y pretendían evitar mayores impuestos y demandaban mayores controles y seguimientos a los corruptos. Este tipo de engaños a toda una nación demanda también reproches exigibles e inaceptables de toda una sociedad que ha tenido que vivir con esta problemática sin solución durante muchos años.


Las acciones del estado deben estar en beneficio de la sociedad colombiana y no defendiendo las acciones de crimínales.

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