El dilema del general: cuando la ley incomoda al poder

Postillas de coyuntura - 004/26 

Bogotá, febrero de 2026

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Un caso que expone las grietas institucionales

En Colombia, la fugacidad de los escándalos suele opacar las profundas fisuras que afectan la institucionalidad. Sin embargo, el retiro del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, señalado por el presidente Gustavo Petro de estar involucrado en un supuesto complot para introducir drogas en el vehículo presidencial, evidenció una de esas grietas. No se trata de pruebas concluyentes, que no existen, sino de la revelación de un dilema persistente en la fuerza pública: ¿qué sucede cuando un oficial actúa conforme a la ley, pero el poder político percibe esas acciones como una amenaza?

El deber institucional ante la política

La concepción de la Policía Nacional está fundamentada en los principios de legalidad, neutralidad y protección de derechos. En teoría, los oficiales deben cumplir órdenes judiciales sin importar el rango o la posición de la persona afectada. Sin embargo, cuando la ley entra en conflicto directo con intereses políticos, el precio que pagan las instituciones y los individuos puede ser alto.

Un ejemplo de ello fue el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti, ejecutado conforme a la orden de la Corte Suprema. Aunque la actuación fue legal y obligatoria, este hecho marcó el deterioro definitivo de una relación ya tensa, según múltiples fuentes. Surge así un interrogante esencial: ¿qué habría ocurrido si el general Urrego hubiera incumplido, filtrado o dilatado la orden de la Corte Suprema? El dilema pone en evidencia la tensión entre el deber institucional y las presiones políticas, y subraya la fragilidad de la neutralidad policial cuando la ley afecta intereses de poder.

Ética policial y presiones del poder

El servicio público exige imparcialidad ética, pero la naturaleza jerárquica de la Policía impone la obediencia a superiores. El conflicto aparece cuando la ley obliga a actuar y el poder político interpreta esa actuación como una amenaza, dejando al oficial de la Policía en una encrucijada entre el deber institucional y la conveniencia del poder. En el caso del general Urrego, las tensiones con el ministro surgieron de decisiones operativas tomadas dentro del marco legal: intervenciones en protestas, sobrevuelos de drones, patrullajes aéreos, medidas de seguridad para un precandidato presidencial y el allanamiento judicial. Todas respaldadas por la ley, sin margen para actuar de otra manera.

Las acusaciones sin sustento

El presidente Petro sostuvo que existía un plan para colocar sustancias psicoactivas en su vehículo, basando su afirmación únicamente en un correo anónimo. El informe de inteligencia carecía de pruebas técnicas, interceptaciones o evidencia concreta. Pese a la falta de fundamentos, el general Urrego fue retirado sin ser escuchado ni investigado, afectando tanto su reputación como la de la institución policial.

La postura del ministro y el peso de la política

El ministro del Interior negó relación entre el retiro y el allanamiento, asegurando que existía un informe donde se señalaba a Urrego de intentar un “entrampamiento” contra el presidente. Sin embargo, dicho informe carecía de soporte técnico. Las declaraciones del ministro, más confrontativas que judiciales, reflejan cómo la política termina por influir en asuntos que deberían resolverse con pruebas y no con percepciones.

Consecuencias institucionales: un daño que trasciende al caso

El caso de Urrego dejó heridas profundas en varios niveles:

1. La moral interna se resiente: Cuando un oficial con más de 30 años de servicio es retirado sin pruebas, el mensaje para la institución es que cumplir la ley no representa garantía de protección.

2. Aceleración en la politización de la fuerza pública: Cuando la permanencia está condicionada a la afinidad política, la neutralidad de la institución policial queda comprometida.

3. Instrumentalización de la policía mediante el uso subjetivo y arbitrario del poder político: Esta situación afecta la legitimidad y el sentido ético de la función policial, al tiempo que distorsiona el propósito original tanto del poder político como de la policía, orientados a contribuir a la construcción de una sociedad justa.

4. El control civil se desdibuja: Aunque el control civil es legítimo, debe ejercerse con rigor jurídico; cuando depende de rumores, se convierte en arbitrariedad y abuso de poder y lo más grave violación a derechos fundamentales como el debido proceso y la dignidad humana.

5. La cooperación internacional se afecta: La estabilidad y profesionalismo son clave para las agencias extranjeras; retiros abruptos y sin fundamentos generan dudas.

6. Los grupos criminales toman nota: Si un oficial eficaz puede ser removido por desinformación, el incentivo para manipular la narrativa se incrementa.

7. El mérito pierde valor: Cuando felicitaciones y condecoraciones no pesan ante rumores, la carrera policial se vuelve vulnerable a la política y se desconocen las virtudes del oficial.

   
   

Reflejo de una crisis institucional

Este caso no representa solo un asunto administrativo aislado; es la muestra de cómo en Colombia la ley y la política compiten por controlar las instituciones. En este contexto, un oficial puede ser sancionado por cumplir con su trabajo, y a veces un informe sin fundamentos pesa más que una trayectoria profesional intachable. Situaciones como esta ponen en evidencia las profundas fallas del sistema y afectan la manera en que la ciudadanía percibe la justicia y la legitimidad de las instituciones.

Al final, el asunto del general Urrego simboliza el dilema nacional: ¿preferimos una nación donde prevalezca la ley o una donde la política determine el rumbo de las instituciones? La respuesta a esa cuestión influirá en el destino institucional colombiano y en la posibilidad de que exista una justicia imparcial.

La decisión que se tome impactará tanto el futuro de la Policía como la fortaleza de la democracia y la confianza de la gente. Si la política predomina sobre la ley, existe el peligro de debilitar la democracia y fomentar la impunidad y abrir el espacio a la anarquía.

Es evidente que el presidente Petro no puede apartar al magistrado de la alta corte, pero sí tiene potestad sobre el general porque depende del poder ejecutivo. Por eso, llama a calificar servicios al general como una medida política, lo que puede interpretarse también como una presión hacia la decisión judicial. Este acto busca, en parte, legitimar o justificar acciones legales que podrían involucrarlo a él, a su ministro y a otros colaboradores que han sido señalados públicamente y ante la ley.

No podemos ignorar que estas imputaciones de hechos punibles basadas en anónimos y supuestos, son una clara violación al debido proceso; como también lo es una obvia desviación de poder del presidente Petro, porque está imputando falsamente al Señor General Urrego y a la misma Policía Nacional (persona jurídica) de la comisión de una conducta típica (delito) atentando contra la honra y reputación tanto de la persona natural como de la jurídica, luego estamos hablando de calumnia (art.221 Código Penal).