Los delincuentes ponen agenda y generan opinión “El pacto de la Picota”
- pestupinan
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Postillas de coyuntura - 003/26
Bogotá, febrero de 2026
Contexto
¿Qué es el “pacto de La Picota”?El término "Pacto de La Picota" se refiere a uno de los episodios más polémicos de la campaña presidencial de 2022 en Colombia. Agrupa visitas y presuntos acuerdos entre integrantes de la campaña presidencial de Gustavo Petro y reclusos en la cárcel La Picota (Bogotá), especialmente en el pabellón de extraditables.
Fue un escándalo que puso al entonces candidato Gustavo Petro en el ojo del huracán, mezclando visitas a cárceles, promesas de "perdón social" y acusaciones de transacciones políticas con criminales convictos.
¿Por qué generó polémica?
La controversia surgió inicialmente en 2022 cuando Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato Gustavo Petro, se reunió en prisión con personas condenadas por corrupción, como Iván Moreno.
Sus opositores afirmaron que estas visitas buscaban intercambiar votos o apoyos políticos a cambio de eventuales beneficios jurídicos.
El término también reaparece en debates sobre la paz total, ya que varios procesos incluyen negociaciones con criminales encarcelados. Algunos analistas y sectores políticos consideran que esto podría usarse con fines electorales.
Nuevas revelaciones (2026)
En 2026, el extraditado Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como Pipe Tuluá, declaró en un audio que había aportado dinero a la campaña Petro a través de Juan Fernando Petro, lo que reactivó el escándalo.
Estas declaraciones generaron advertencias de figuras políticas que temen una repetición del “pacto”.
Antecedentes
El origen: La visita de Juan Fernando Petro
En abril de 2022, se reveló que Juan Fernando Petro (hermano de Gustavo Petro) visitó la cárcel de máxima seguridad La Picota en Bogotá. Allí se reunió con varios presos de alto perfil, entre ellos:
Iván Moreno: Condenado por el "Carrusel de la Contratación".
Exalcaldes y parapolíticos condenados por corrupción y nexos con grupos armados.
La controversia: ¿Qué se habló allí?
La polémica estalló cuando se filtró que en esas reuniones se discutió el concepto de "Perdón Social". Los sectores de oposición y gran parte de la opinión pública interpretaron esto como una oferta de:
Rebajas de penas o beneficios jurídicos.
No extradición a los Estados Unidos.
Todo lo anterior a cambio de apoyo político y votos en las regiones controladas por estos personajes.
Las dos caras de la moneda
Como en todo drama político, hubo dos versiones muy marcadas:
La versión de la campaña de Petro: Argumentaron que la visita no era oficial de la campaña, sino que Juan Fernando asistía como parte de una comisión de paz y derechos humanos. Gustavo Petro defendió el "perdón social" como un concepto filosófico y ético para reconciliar al país, no como un beneficio jurídico transaccional.
La versión de los críticos: Aseguraron que se trataba de un pacto oscuro con "lo peor de la política" para asegurar la victoria electoral, buscando votos en las cárceles y en las estructuras de poder que estos presos aún manejaban desde su reclusión.
La evolución del escandalo
¿En qué quedó todo?
Aunque el escándalo golpeó la imagen de la campaña en su momento (especialmente en sectores de centro), no impidió que Petro ganara la presidencia.
Sin embargo, el término "Pacto de La Picota" se quedó en el diccionario político colombiano como una forma de cuestionar la ética de las alianzas del actual gobierno.
El propio Gustavo Petro llegó a decir que la filtración de la visita fue un "entrampamiento" para dañar su candidatura, aunque su hermano confirmó que las visitas sí tenían como tema central el perdón y la justicia restaurativa.
Involucrados
El llamado "Pacto de La Picota" involucró a una serie de personajes clave, tanto del entorno político de Gustavo Petro como de la población carcelaria de alta peligrosidad en Colombia.
Tres grupos de protagonistas de este episodio:
1. Los Visitantes (El nexo con la campaña)
Juan Fernando Petro: Hermano del entonces candidato presidencial. Fue quien realizó las visitas a la cárcel y quien, en entrevistas posteriores (2023), dio declaraciones contradictorias sobre si su hermano sabía o no de las reuniones.
Danilo Rueda: En ese momento era el director de la ONG Comisión Intraeclesial de Justicia y Paz. Acompañó a Juan Fernando Petro a las reuniones. Posteriormente, bajo el gobierno de Petro, fue nombrado Alto Comisionado para la Paz (cargo que ocupó hasta finales de 2023).
2. Los Reclusos (El "Pabellón de la Parapolítica")
La reunión principal ocurrió en el pabellón de seguridad donde se encontraban políticos y exfuncionarios condenados por corrupción y nexos con paramilitares. Entre los nombres más destacados figuran:
Iván Moreno: Exsenador condenado por el "Carrusel de la Contratación" en Bogotá. Se dice que él fue el anfitrión o quien facilitó el encuentro dentro del penal.
Álvaro "El Gordo" García Romero: Exsenador condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo y por sus vínculos con grupos paramilitares.
Franklin Germán Chaparro: Exalcalde de Villavicencio, condenado por homicidio.
Ronald Housni Haller: Exgobernador de San Andrés, condenado por concierto para delinquir y cohecho (corrupción).
Manuel Carebilla: Excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado por irregularidades en la contratación.
3. Actores Políticos y de Opinión
Gustavo Petro: Como candidato, tuvo que salir a dar explicaciones sobre el concepto de "Perdón Social", desmarcando a su campaña oficial de las gestiones de su hermano, calificándolas de "humanitarias" y no electorales.
Ricardo Calderón: Periodista de Noticias Caracol que reveló la investigación original, mostrando los registros de entrada y las versiones de los internos sobre las promesas de rebajas de penas.
Piedad Córdoba: Aunque sus visitas a la cárcel a menudo se mencionan en contextos similares (el llamado "Pacto de la Picota" se usa a veces como término sombrilla), sus gestiones con extraditables se manejaron mediáticamente como un hilo paralelo que también generó crisis en la campaña del Pacto Histórico.
Estado actual
A pesar de las investigaciones periodísticas y el ruido político, no se ha comprobado judicialmente un "acuerdo firmado" o una transacción de votos por beneficios, aunque el evento sigue siendo utilizado por la oposición como símbolo de los supuestos vínculos del gobierno con sectores cuestionados.
Pero, lo que comenzó como un escándalo de campaña en 2022 ha evolucionado hacia un laberinto judicial que hoy, en febrero de 2026, tiene nuevos protagonistas y revelaciones.
IV. Impacto político del “pacto de La Picota”
1. Desgaste reputacional para el Gobierno
El escándalo afectó la credibilidad del gobierno de Gustavo Petro porque:
Sugirió la posibilidad de interlocución informal o no regulada con criminales.
Activó sospechas de clientelismo penal: ofrecer beneficios jurídicos a cambio de apoyo político.
Dio munición a la oposición para acusar al Ejecutivo de interferir en procesos judiciales.
2. Fortalecimiento de la oposición
La oposición encontró en este episodio:
Un argumento potente para cuestionar la transparencia del gobierno.
Un símbolo fácil de comunicar (“La Picota” → cárcel → criminales), que funciona muy bien en campaña.
Un caso para asociar al Gobierno con concesiones indebidas a delincuentes.
3. Desconfianza en la política de “paz total”
Aunque no es el mismo tema, se mezcló en la opinión pública con:
Procesos de negociación con bandas criminales.
Debates sobre si el Gobierno está abriendo demasiado espacio a organizaciones armadas o delincuenciales.
Esto se ve reflejado también en documentos como Paz con las bandas de Medellín, donde se explica cómo negociaciones con estructuras criminales suelen tener implicaciones políticas sensibles.
4. Agenda pública dominada por el escándalo
El tema:
Desvió el foco mediático de reformas y políticas gubernamentales.
Generó presión sobre el presidente y su círculo cercano.
Activó investigaciones y debates institucionales sobre límites y reglas en los acercamientos con reclusos.
5. Instrumentalización electoral
En época preelectoral, el tema se convirtió en:
Un símbolo fácil para construir narrativa de corrupción o pacto oscuro.
Un factor de movilización de votantes que rechazan cualquier diálogo con criminales.
6. Tensión con el sistema judicial
Se refleja un clima de desconfianza institucional, con críticas a presiones sobre la Corte Suprema.Ese ambiente amplifica la percepción de que el Ejecutivo podría interferir en procesos judiciales, haciendo que el escándalo tenga un eco mayor.
Análisis jurídico de los delitos que podrían estar implicados
El escándalo “pacto de La Picota” implica posibles conductas que, de confirmarse judicialmente, podrían ajustar a varios tipos penales contemplados en el Código Penal colombiano y en normas de financiación electoral.
1. Cohecho (artículos 405–407 del Código Penal)
Podría configurarse si:
Un funcionario público ofrece, solicita o recibe dádivas a cambio de realizar un acto propio de su cargo.
O si un particular ofrece beneficios para influir en decisiones de un servidor público.
En este caso se discute:
Si se prometieron beneficios judiciales a presos.
Si alguien actuó en nombre de un funcionario.
2. Tráfico de influencias (artículo 411)
Aplica cuando:
Una persona usa su influencia real o simulada para obtener decisiones favorables de una autoridad.
Podría ser relevante si:
Se ofreció “gestionar” con fiscales, jueces o ministerios beneficios jurídicos para los presos.
3. Fraude electoral o corrupción al sufragante (artículo 388)
Sería aplicable si:
Hubo ofrecimiento de beneficios a cambio de influir en el voto de familiares, estructuras criminales o redes locales.
En Colombia, los presos no votan, pero sí pueden:
Tener influencia sobre votantes externos.
Controlar territorios donde se mueve la política.
4. Financiación irregular de campañas
Regulado por:
Ley 1475 de 2011.
Normas del Consejo Nacional Electoral.
Artículos penales sobre falsedad o enriquecimiento ilícito.
Sería relevante si:
Ingresó dinero no reportado desde estructuras criminales.
Se usaron “donaciones” a través de intermediarios.
Esto ha sido especialmente mencionado en el caso de “Pipe Tuluá”.
5. Concierto para delinquir (artículo 340)
Este delito puede aparecer si:
Se demuestra que hubo un acuerdo estable entre particulares y actores criminales para cometer delitos electorales o de financiación.
Debe existir un plan, no solo contactos.
6. Constreñimiento al sufragante (artículo 387)
Si estructuras criminales presionan o movilizan votantes, podría configurarse.
Aplica si se demuestra que:
Se usó violencia, intimidación o amenazas indirectas para orientar votos.
7. Abuso de función pública (artículo 428)
Sería relevante si:
Una persona, sin ser funcionario, actúa como si lo fuera.
Un funcionario interviene en asuntos que no le corresponden.
Por ejemplo:
Prometer beneficios jurídicos sin competencia para darlos.
8. Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
Podría aparecer si:
Personas no autorizadas realizaron gestiones ante entidades penitenciarias o judiciales en nombre del Estado o de una campaña.
¿Qué debe demostrar la justicia para que estos delitos se configuren?
Que hubo promesas concretas, no simples conversaciones.
Que existía una relación causal entre la promesa y un beneficio electoral o económico.
Que la persona tenía capacidad real o simulada para cumplir lo prometido.
Que hubo intercambio o acuerdo, no solo aspiraciones.
Hasta ahora, en el ámbito público, no hay sentencias que declaren estos hechos como delitos en este caso. Los delitos que podrían estar en juego, dependiendo de la prueba, son:
Cohecho
Tráfico de influencias
Corrupción al sufragante o fraude electoral
Financiación irregular
Concierto para delinquir
Constreñimiento al sufragante
Abuso de función pública
Pero cada uno requiere pruebas específicas, y hasta ahora el escándalo tiene más peso mediático que judicial.
¿Hay investigaciones oficiales en curso sobre el caso “La Picota"?
Lo que se conoce públicamente es lo siguiente:
1. Fiscalía General de la Nación – Verificación preliminar
La Fiscalía ha abierto indagaciones preliminares para:
verificar la autenticidad de audios recientemente publicados,
revisar denuncias mediáticas relacionadas con supuestos aportes irregulares a campañas,
determinar si hay mérito para abrir una investigación formal.
Esto no significa aún imputaciones ni procesos formales, solo fase exploratoria.
2. Consejo Nacional Electoral (CNE) – Observación sobre financiación
El CNE suele revisar:
posibles aportes no reportados,
ingreso de recursos no permitidos,
cumplimiento de topes y reportes de campaña.
En contextos como este, el CNE puede abrir indagación administrativa, aunque no siempre deriva en sanciones.
3. Órganos de control (Procuraduría)
La Procuraduría podría investigar a:
funcionarios públicos o servidores del Estado
(por ejemplo, si participaron en visitas, ofrecimientos o gestiones no autorizadas).
Hasta ahora, lo que se conoce es que existen monitoreos y solicitudes de información, no sanciones.
Rama Judicial – Sin procesos formales públicos conocidos
Aunque el tema ha sido ampliamente debatido, no existen decisiones judiciales:
no hay imputaciones,
no hay acusaciones,
no hay sentencias,
no hay procesos publicados por jueces o tribunales.
Se podría señalar que, las actuaciones actuales permanecen en nivel preliminar.
Conclusión
Sí existen verificaciones preliminares y solicitudes de información por parte de autoridades como la Fiscalía y el CNE, pero no hay investigaciones oficiales avanzadas ni procesos judiciales formales abiertos de manera pública. Esto refuerza la percepción de que, a pesar del monitoreo y las solicitudes de información, no hay avances concretos en términos de responsabilidades penales o disciplinarias, lo cual mantiene el tema en un estado preliminar, como se evidencia en la ausencia de decisiones judiciales o sanciones por parte de la Rama Judicial y la Procuraduría.
La opinión pública, como es habitual, observa cómo los escándalos en la vida política colombiana permanecen sin castigos oportunos, ni se percibe interés real en llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Una vez más, el sistema judicial colombiano es cuestionado por la falta de diligencia y resultados, lo que alimenta el descontento y la desconfianza ciudadana.
En este contexto de impunidad, los medios de comunicación terminan asumiendo el papel de acusadores y “sicarios morales”, una práctica que se ha vuelto recurrente en el país. La falta de respuestas institucionales sólidas ha hecho que los medios tomen protagonismo en la denuncia y el señalamiento público.
Este hecho, así como otros similares, podría quedar en la impunidad, ya que Gustavo Petro, cuestionado en ese entonces como precandidato o candidato presidencial y luego como presidente, ha podido manejar, a través de la Fiscal general designada, la lentitud u omisión en investigaciones donde podría estar involucrado por la presunta comisión de distintos delitos. Esto lo pone ante la opinión pública en una situación comparable a la de los delincuentes que tanto daño le han hecho al país.
Surgen además interrogantes sobre el alcance de los pactos realizados: si el llamado “pacto de la Picota” se estableció con procesados o condenados susceptibles de extradición, ¿con quién más pudo haber negociado el gobierno o sus asesores? Por ejemplo, con comandantes de grupos disidentes de las FARC, ELN o autodefensas, con quienes ha sostenido diálogos que no han logrado la paz prometida. A pesar de la suspensión de órdenes de captura, no se han materializado los acuerdos, y estos grupos han mantenido capacidad de movilización en el territorio nacional.
Es evidente que algunos exguerrilleros, como el actual presidente, han buscado el indulto o perdón por delitos de lesa humanidad y que, incluso hoy, se continúan generando beneficios para grupos criminales. Este tipo de delitos no deberían quedar prescritos ni ser objeto de negociación cuando se favorece a quienes han cometido actos de terrorismo.
Finalmente, persiste la práctica política de sostener mentiras o falsedades para alcanzar o retener el poder, facilitada por la ausencia de acciones legales contundentes por parte del Estado o la falta de intervención de cortes penales internacionales que investiguen y sancionen tales faltas éticas y morales. En ese sentido, es necesario condenar la mentira y las falsas promesas que terminan perjudicando al país y a su democracia.
