Postillas de coyuntura - 033/22
Bogotá, diciembre de 2022
Antecedente
El sábado 3 de diciembre, mediante rueda de prensa liderada por el vocero oficial del Palacio de Nariño y ministro del Interior, Alfonso Prada se notifica al país que el presidente Petro alista solicitud de suspensión de órdenes de captura contra integrantes de la primera línea.
El Gobierno nacional reveló por medio de qué figura sustentará la designación de gestores de paz de jóvenes que hacen parte de la primera línea.
El presidente de la República, Gustavo Petro alista la solicitud de suspensión de órdenes de captura de jóvenes integrantes de la primera línea y señala que pasarán la navidad en sus casas.
La reflexión
Tomar determinaciones equivocadas podrían llevar al desgobierno y la pérdida de autoridad de las mismas instituciones que constitucionalmente defienden los derechos y las libertades de toda una sociedad, pero especialmente la destrucción de deberes y obligaciones del individuo.
Las intrepideces contrarias del gobierno indican por simple lógica, estar del lado de los vándalos, que han atacado las fuerzas del orden, violando las leyes legítimamente establecidas por el Estado y muestran claramente la violación de la constitución y la ley. Pero a todas leguas buscará el Gobierno amparar sus decisiones equivocadas con leyes para perdonar los delitos cometidos por los transgresores.
Un mal ejemplo para toda una sociedad que observa las injusticias cometidas, pero que no dice absolutamente nada, ni reprocha sus abusos de poder, porque este tipo de reclamos también conllevaría violencia.
El Gobierno no puede desconocer que los violentos en procesos legales y con todas las garantías han resultado responsables por sus actos de desorden y de destrucción, que no han pagado una sanción, ni han reparado los daños cometidos, como lo establece la ley colombiana, ni han pedido un perdón público, para recibir beneficios que no merecen; comportamientos que fueron violatorios de la legislación penal, la convivencia ciudadana y la dignidad humana de los colombianos.
Hechos de esta naturaleza los juzgará toda una nación y el mundo y quedarán en la historia como uno de los peores gobiernos que hayan existido, ya que con este tipo de políticas violatorias de principios y valores humanos, el país retrocedió en la práctica de buenas costumbres y virtudes, que en el tiempo costará mucho recuperarlos.
El Estado debe acatar los reclamos de la sociedad, amparados en el derecho de todo ciudadano a quejarse por las deficiencias de la administración, pero los actos violentos y abusivos de las personas deben ser condenados y buscar resarcir los daños ocasionados.
Consideraciones
El abuso de las funciones públicas de un gobierno repercute lastimosamente en toda la sociedad y la solución no es el perdón del transgresor si no la resolución del problema ocasionado a esa parte de la sociedad.
Al perdonar los delitos cometidos se podría estar en otro nivel de desigualdad social y una total injusticia que constituye un mal ejemplo a los que pretenden violar la ley por cuanto esperan también por parte del Estado un perdón.
Además, podrían estas personas desadaptadas continuar cometiendo delitos. Acaso no se percibe que muchos de los delincuentes procesados pagan condenas y vuelven a la sociedad a continuar delinquiendo y ahora obsérvense los delincuentes que han recibido la casa por cárcel, los cuales continúan cometiendo delitos a pesar de encontrarse con una libertad condicional o provisional?
Triste adopción de medidas desproporcionadas y faltas de justicia, frente a la violación de los diferentes delitos cometidos, que el pueblo colombiano demandará por inconvenientes.
Intentar ganar favores de la opinión pública señalando que miembros de la Fuerza pública también pueden ser beneficiados con la figura de “Gestores de convivencia”, tampoco es correcto. No se puede ni se debe igualar a un delincuente, desadaptado social o como quieran llamarlo, con un servidor público que actúa ante la comisión de hechos atentatorios a la libertad y el estado de derecho. Los miembros de la fuerza pública si exigen garantías del debido proceso, respeto de los fueros constitucionales y la observancia de las normas y reglamentos que designan su labor.
Los países con altos estándares de seguridad basan sus criterios legales en la responsabilidad de las personas de cumplir la ley y que cada incumplimiento genera una consecuencia al no observarla y todos los gobernantes y funcionarios públicos están en el deber de acatarla y hacerla cumplir sin excepciones con trato igual para todos definen el delito como “cualquier conducta o acto contra la ley y por tanto puede ser susceptible de sanción y un delito dentro de los más graves o serios es la violencia contra una persona o propiedad, asesinato, agresión, agresión sexual, robo y hurto a mano armada, tener relaciones sexuales con niños o jóvenes menores de edad para prestar consentimiento, conducir de manera peligrosa, posesión y uso de drogas ilegales y fraude.
Conclusiones
La montaña rusa en que quiere convertir a Colombia el actual gobierno sigue su camino. Días de aparente calma para soltar nuevas muestras de poder ejecutivo desconociendo el estado social de derecho proclamado en la constitución de 1991, la cual juró cumplir y respetar como primera autoridad de Colombia.
La estrategia implementada para la toma del poder absoluto sigue su curso. Las tácticas empleadas a lo largo de los últimos años siguen menoscabando la sociedad y la fortaleza del estado de derecho.
Para el logro de los objetivos no hay obstáculo legal que valga. Busquen por dondé y subviertan el orden legítimo, pero el objetivo se cumple, es la consigna.
Cambiar los contextos para presentar comó víctimas a los victimarios, no es la forma correcta de llevar a la “Paz total” a un país. Los derechos que deben prevalecer son los de correctos y buenos ciudadanos, no de quienes trasgreden la ley y el orden, que no los respetan y son flagrantes violadores de los derechos de los de las personas que actúan con civismo y solidaridad social.
Como sociedad, no compartimos esta decisión del gobierno central, por inconveniente, ya que conllevaría al País a aumentar la impunidad, descartando la paz, la seguridad y la tranquilidad, que anhela con tanto rigor el pueblo colombiano.
