Postillas de coyuntura - 015/23
Bogotá, marzo de 2023
Sin control efectivo por parte de las autoridades resulta ser el feminicidio en el País, un delito que preocupa, que sigue siendo recurrente y sin tendencias a desaparecer, por el contrario, alcanzando cifras que en la historia no se habían percibido.
Esta conducta antisocial logró su mayor atención en la ley 1761 del 2015, que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. Ley que en su concepto lo define como el asesinato de una mujer por su condición e identidad de género y es cometido por un hombre, recibiendo una pena o castigo entre 40 y 65 años.
El Diario El País publicaba el 25 de noviembre del 2022, en el día internacional para eliminar la violencia contra la mujer, que la fiscalía registraba la comisión de 180 hechos, mientras que el observatorio colombiano de feminicidios refería 500 casos, alcanzando un nivel alto de impunidad que podría pasar el 90%. Recientemente desde Barranquilla, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, expresó también su preocupación por el alarmante aumento de casos de violencia contra la mujer y feminicidios en el país señalando en el 2022 el registro de 614 casos en las estadísticas oficiales.
Este hecho criminal ha recibido la atención del estado e instituciones que buscan detenerlo sin lograrlo. Han creado grupos de atención, se han aumentado las penas y se han rebajado sus beneficios en sus transgresores, pero resulta un tanto difícil disminuir su comisión. Los victimarios de este delito resultan en su mayoría ser las parejas o ex parejas de las víctimas que son enfrentadas con violencia hasta lograr su muerte.
La ira, los celos, el cosificar la mujer y no entenderla como un ser con derechos e independiente, resultan ser las causas por las que los victimarios actúan; lo anterior es agravado por los hechos de violencia intrafamiliar que no son atendidos en debida forma.
Las mujeres son las afectadas por el feminicidio que atenta directamente contra su vida; ellas identifican los posibles alcances de su victimario, y colocan esta situación en conocimiento de las autoridades judiciales. Sin embargo, la lentitud y la falta de protección del estado ocasionan que en muchas oportunidades la mujer no pueda ser protegida, así es como el victimario termina asesinándola e incluso en ocasiones asesinando también a los hijos o familiares de la víctima.
Los hechos de violencia intrafamiliar en una relación o ex relación, o en el hogar, son ya una alarma que debe ser atendida con prioridad. La violencia física o psicológica cometidos contra la mujer por parte de la pareja o ex-pareja son motivos suficientes para pensar que estos pueden repetirse y escalar. Así mismo las amenazas deben ser consideradas como una alerta que pueden finalizar con un acto trágico.
Las denuncias de las mujeres deben ser atendidas con mayor eficacia por parte del estado, para evitar que quienes han pasado por situaciones de violencia terminen con un desenlace fatal.
