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EL GOBIERNO NACIONAL NO REACCIONA FRENTE A LA OLA DE VIOLENCIA

Siete interrogantes del diario acontecer


Postillas de coyuntura - 031/23


Bogotá, julio de 2023

 


Día a día estamos viendo en las redes sociales, en las noticias radiales y en las notas impresas de periódicos y revistas, hechos y eventos que no vislumbran un futuro grato para los habitantes de este país.


Las estadísticas del estado señalan también la percepción de los medios y registran la tendencia, donde se incrementa el secuestro, las extorsiones se masifican, los homicidios no decaen, el hurto en las ciudades llega a niveles e intensidad nunca vistos.


¿Dónde está el gobierno?, se preguntan los colombianos.

Pareciera todo indicar que el estado liderado hoy por el Pacto Histórico es ciego y sordo pese a las muestras de violencia hecha en el País por los terroristas del ELN, a las cuales simplemente dice el presidente: “mañana empieza el cese al fuego con el ELN,” donde esta frase podría estar mostrando el estar de acuerdo con los atentados efectuados en los pasado días por este grupo armado ilegal.


La pregunta y el clamor ciudadano demandan un “¡Porque no ha habido un pronunciamiento del gobierno nacional que rechace la violencia en contra de la población civil o la fuerza pública!”


Ante la opinión pública parece que, al gobernante en turno, no le duele los muertos, heridos y daños generados. Otro interrogante surge ¿No está el estado en la obligación de repeler el ataque de los bandidos que siempre han jugado con la vida de los nacionales?


El gobierno está omitiendo defender la vida de los conciudadanos, y permite que este grupo guerrillero viole los derechos y las libertades de las personas al no enfrentar una problemática que está afectando la seguridad de los colombianos.


No contentos con este escenario de caos, ese mismo grupo antisocial secuestra un miembro del ejército nacional, que, como ciudadana, transitaba por una carretera del país con sus hijos, rumbo a cumplir una orden de traslado o cambio de unidad militar donde debe prestar su servicio. Pese a que ya fue puesta en libertad por sus secuestradores captores la respuesta del flamante ministro de defensa encargado de coordinar, dirigir la fuerza pública nos dejó atónitos: “La suboficial fue imprudente al transitar por esa vía”. Acaso ante los ojos de la opinión pública no se ha informado que todo el territorio nacional este bajo control del estado. Acaso no conoce que no existe presupuesto ni medios suficientes de apoyo logístico para este tipo de movilizaciones de personal. Excepción claro para la vicepresidente y presidente que tienen a disposición aeronaves, tripulaciones y combustible a discreción para sus desplazamientos por el país de la “vida sabrosa”.


No queremos imaginarnos mucho menos aceptar que esta benevolencia con los actores generadores del desorden haga parte del pacto preelectoral para llegar al gobierno y en este momento de afianzar su poder político en esas zonas de cara a los comicios regionales de octubre.


¿Cuántos más abusos y con permisividad del Estado debe aguantar el pueblo colombiano? El gobierno es para gobernar, no para tolerar el crimen.

Los colombianos eligen un gobernante para mejorar las condiciones deficientes que han soportado anteriormente y no esperan la tolerancia o la ausencia de autoridad en el País. Nos encontramos en un País en el cual los delincuentes se empoderan cada vez más, mientras las autoridades legítimas pierden poder y cada vez se hace más grande la impunidad en el País.


El crimen alardea por las calles a la vista de muchos que no pueden hacer más que observar impiadosamente por cuanto ya no hay garantías para las víctimas y el gobierno desea convertir a las criminales en santos con títulos de gestores de paz, término que no compagina en absoluto con las costumbres crimínales de los pre-gestores que quieren construir.


¿Acaso no les están entregando autoridad para revictimizar más a sus víctimas? La víctima espera acciones oportunas y efectivas en contra de los crimínales y no un mayor abuso de poder del gobernante.

El criminal debe estar bajo las rejas y no en libertad, y menos envestido de autoridad porque ello llevaría al País a un mayor caos de inseguridad y ante la ausencia y falta de capacidad del Estado a un desorden social sin control, denominado anarquía.


¿Para qué la ley, si no se cumple? ¿Para que las autoridades si no tienen el poder ni la capacidad de hacer cumplir la ley? ¿En qué Estado vivimos? Si no existe un orden, una disciplina, un respeto por el otro.


Colombia va hacia el abismo. ¡Despierten colombianos!

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