Postillas de coyuntura - 029/22
Bogotá, octubre de 2022
Pasadas las horas del impacto inicial que las difíciles imágenes de indígenas agrediendo inmisericordemente a mujeres y hombres policías en la ciudad de Bogotá, amerita una reflexión y comentarios al respecto.
I. Ante los hechos
No es la policía, ni sus procedimientos, mucho menos sus hombres y mujeres quienes tienen las respuestas a las peticiones que generan el inconformismo latente y que se enciende en cualquier momento y lugar de la sociedad colombiana.
Las mujeres y los hombres que integran la fuerza pública no pueden seguir siendo el trompo de poner ante la inoperancia de un poder ejecutivo que no cumple promesas y llegar a suplir las necesidades básicas que claman la población colombiana; de un poder legislativo que dedica tiempo a elaboración de leyes muchas de ellas no encaminadas a las soluciones efectivas y reales de los problemas del país y un poder judicial que no está impartiendo una pronta y oportuna justicia.
La formación profesional, la disciplina el amor por su país, la necesidad de un trabajo y de llevar sustento a sus familias tiene límites en los sentimientos de quienes día a día hacen los mejores esfuerzos para tener un país en paz y tranquilidad en donde todos los asociados puedan vivir en paz.
II. Interrogantes que nos generan
¿Hay un empoderamiento de los delincuentes en Colombia? Cada vez más, vemos como por el apoyo equivocado que el gobierno da a los desadaptados de diferentes sectores sociales, como indígenas, estudiantes o llamados también de la primera línea que con acciones violentas que para nada muestran intenciones pacíficas, están entorpeciendo la tranquilidad del país.
¿Quién defiende a los comerciantes y personas que transitan por los diferentes sitios, donde se protagonizan actos de violencia durante marchas u otras actividades amparadas con el derecho a la protesta, pero con intensiones premeditadas de subvertir el orden y la tranquilidad?
¿Quién responde cuando se paraliza el transporte de personas, elementos y la actividad de toda una ciudad, afectando finalmente el orden público, sus finanzas, economía y todo el orden social?
¿Hasta cuándo deben soportar los policías u otros integrantes de la fuerza pública actos violentos en contra de su vida?
Lo que estamos viendo son tratos inhumanos, contra estos servidores públicos tolerados por autoridades de los gobiernos nacional, departamental o local y autoridades judiciales.
¿Quién representa a la fuerza pública al servicio de la nación que por constitución no pueden deliberar, pero que están viviendo y sintiendo que no tienen un respaldo legal contra los abusos, irrespetos, y ausencia de derechos para su integridad, vida y honra?
Nada justifica, ni puede justificar los hechos ilícitos cometidos contra los representantes legítimos del orden y la autoridad.
¿Es Colombia un país sin reglas o normas de comportamiento que permiten la vulneración derechos que afectan la integridad de personas, libertad de locomoción, derecho al trabajo, hurto calificado y agravado en diferentes formas violentas y una autoridad policial que no puede dar captura a los que en flagrancia delinquen por cuanto deben obedecer a protocolos que lesionan y afectan la legitimidad de las normas establecidas?
III. Como resolverlos estos interrogantes, que se debe hacer para evitar esos abusos.
Porqué mejor no enfrentar a uniformados contra delincuentes que no entienden que su protesta violenta y delictiva, va a lesionar sus vidas e integridad personal e igual van a cometer saqueos y daños por la tolerancia de las autoridades civiles que piensan que estos actos que no tienen justificación y que son útiles frente a necesidades de unos que afectan los derechos de otros, como si para el estado prevaleciera o sopesara más los derechos de los violentos, que los derechos de la mayor parte de la sociedad.
Aunado a este desorden social el gobierno nacional mantiene intereses desequilibrados al limitar la utilización de la fuerza que se puede justificar legalmente al no permitir el ejercicio legítimo de las autoridades frente al impacto delictivo que afecta cada vez más a la sociedad colombiana que no comparte la falta y la omisión de las autoridades.
Basta ya altos dirigentes del país de cualquier color político de utilizar a la fuerza pública como barrera de contención al inconformismo de una sociedad que está hastiada de ver la corrupción, de pagar altos impuestos, de ver cómo su poder adquisitivo y capacidad de pago cada día pierde más valor y las cabezas visibles del estado más lejanas y arropadas en plumones de ganso.
Es imperativo que el Estado a través de sus autoridades tanto ejecutivas como legislativas y jurisdiccionales sean conscientes de su papel y responsabilidad para el orden y la buena convivencia de los colombianos.
No esperemos que Colombia llegue a un caos que conlleve a actos más violentos y perjudiciales a todo el conglomerado social que reclama un estado social de derecho libre de violencia.
Todos deseamos vivir en paz, disfrutar del verde de nuestros suelos, el azul de nuestros mares y nuestro cielo. Gozar de orgullo por sentirnos colombianos con una historia, unas riquezas naturales y posibilidades económicas que garanticen nuestra calidad de vida en esta tierra que nos vio nacer y nos permite vivir, trabajar y desarrollarnos como seres humanos sujetos y derechos y obligaciones.
En conclusión
A las autoridades se les respeta y estas deben exigir el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los ciudadanos, así como la violación de la ley demanda acciones legales que cuenten con el respaldo de la constitución y las leyes de la República.
Es evidente que los policías de Colombia están recibiendo la ira y el inconformismo de las minorías étnicas, raciales, que aspiran recibir del Estado el cumplimiento a sus permanentes requerimientos aparentemente no atendidos.
