El libreto del fraude: el ataque a la democracia desde el poder ejecutivo

Postillas de coyuntura - 016/26 

Bogotá, junio de 2026

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La primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo dejó al descubierto mucho más que la intensa puja electoral entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Activó, de manera calculada, un libreto político que erosiona los cimientos democráticos de Colombia desde la máxima dignidad del Estado: la Presidencia de la República. La narrativa del "fraude electoral", sembrada metódicamente por el presidente Gustavo Petro durante los últimos dos meses de 2026 y construida a lo largo de su carrera, chocó de frente contra la realidad técnica y el respaldo unánime de la comunidad internacional. Sin embargo, el daño institucional ya está hecho.

El montaje de la "Evidencia Mesas"

 La misma noche de los comicios, tras conocerse la ventaja de De la Espriella en el preconteo (10.361.499 votos frente a 9.688.361 de Cepeda), el jefe de Estado utilizó su cuenta en la red social X para denunciar una supuesta manipulación masiva. El pilar de su acusación era una tabla de Excel titulada “Evidencia Mesas”, con la que pretendía demostrar que el censo electoral había sido modificado de forma ilegal el 26 de mayo para incluir a 885.409 votantes fantasma.

La gravedad de la acusación se desmoronó en menos de 72 horas gracias al rigor del periodismo de datos y la metadata. Una investigación del periodista Daniel Coronell demostró que el archivo presidencial no correspondía al censo original de la Registraduría Nacional, sino a una copia externa que había sido modificada fuera de la entidad. La metadata del censo matriz confirmó lo que las misiones de observación internacional ratificaron: la cifra oficial de 41.421.973 colombianos habilitados para votar se mantuvo inalterable desde su cierre técnico el 30 de abril hasta el día de las elecciones. No hubo cédulas fantasmas; hubo un montaje diseñado para deslegitimar las urnas.

Una estrategia transversal que trasciende ideologías

La estrategia de sembrar sospechas sobre el sistema electoral meses antes de acudir a las urnas no es un fenómeno aislado ni exclusivo de una corriente ideológica; responde a un manual demagógico global empleado con el fin de blindar el capital político ante una posible derrota. 

El libreto consiste en dinamitar la credibilidad de las instituciones del Estado por anticipado para que, si los resultados son adversos, la narrativa de la trampa ya esté completamente instalada.

Si bien analistas locales recuerdan los casos de mandatarios de derecha como Donald Trump en Estados Unidos (2020) o Jair Bolsonaro en Brasil (2022) —cuyas denuncias previas derivaron en serias crisis institucionales o consecuencias judiciales—, la historia contemporánea demuestra que esta es una herramienta transversal de la política moderna. 

En la izquierda latinoamericana, el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recurrió sistemáticamente a esta retórica antes de las elecciones de 2006, 2012 y 2018, posicionando la idea de un "fraude de Estado" inminente. Un patrón similar se observó en Perú con el partido Perú Libre de Pedro Castillo en 2021, y en Honduras con el partido Libertad y Refundación (Libre) en los ciclos electorales previos a su llegada al poder.

El propio Gustavo Petro ha utilizado este mecanismo en el pasado: lo hizo antes de la segunda vuelta presidencial de 2018 y en los meses previos a su victoria en 2022. Esto evidencia una marcada asimetría en la aceptación de los resultados: el sistema electoral solo es calificado de espurio cuando la tendencia favorece a los opositores. Cuando ese mismo sistema le otorgó la victoria en las legislativas de marzo pasado, en las presidenciales de 2022 o en la Alcaldía de Bogotá en 2011, la palabra "fraude" nunca cruzó por sus redes oficiales.

Cronología de una narrativa calculada

Para entender el carácter metódico de la actual crisis, es necesario repasar la línea de tiempo que el Ejecutivo estructuró durante los meses previos a la votación:

• Septiembre 2025: El presidente inicia los señalamientos públicos contra Thomas Greg & Sons, catalogándola de manera anticipada como el vector del supuesto fraude que se preparaba.

• 17 de febrero de 2026: Sube la apuesta discursiva al afirmar que las casillas en blanco en los formularios E-14 son la puerta de entrada para un "fraude físico".

• 19 de febrero de 2026: Amplía los cargos argumentando que el control simultáneo de las bases de datos de cedulación, pasaportes y el software electoral permitiría hacer votar a ciudadanos sin su consentimiento.

• 23 de febrero de 2026: Despliega una ofensiva digital publicando 25 trinos en una sola semana, contradiciéndose abiertamente con los datos de la Registraduría, la MOE y los medios de comunicación.

• 12 de marzo de 2026: Asegura la existencia de un "pacto" criminal entre un candidato y los dueños de la empresa escrutadora, acusando explícitamente al registrador Hernán Penagos y al procurador Gregorio Eljach de complicidad.

• 30 de abril de 2026: La Registraduría cierra el Censo Electoral definitivo con 41.421.973 ciudadanos y lo presenta formalmente ante los partidos políticos.

• 22 de mayo de 2026: Se entrega a las campañas presidenciales la aplicación de consulta, uno a uno, de dicho censo.

• 26 de mayo de 2026: La Registraduría dispone el archivo "Básicos auditores presidente 2026". El petrismo interpreta erróneamente la metadata de guardado como una "modificación maliciosa del software".

• 31 de mayo de 2026 (Día de Elecciones): Tras la derrota de Iván Cepeda, Petro lanza la denuncia pública de fraude basándose en la copia del archivo modificada externamente.

• 2 al 4 de junio de 2026: Misiones internacionales avalan el proceso, el periodismo revela la alteración del documento del mandatario y la Registraduría desmonta técnicamente las acusaciones

Intervención en política y abuso estatal

El verdadero peligro de esta coyuntura radica en la abierta intervención en política desde el palacio de gobierno, utilizando la maquinaria del Estado para fines partidistas. El presidente no solo ha monopolizado el debate digital en X —donde un monitoreo de La Silla Vacía lo identificó como el principal difusor de desinformación electoral con 12.8 millones de vistas—, sino que ha instrumentalizado los canales oficiales de la Presidencia, los medios públicos y el periódico institucional Vida para propagar sus ataques. Estamos ante los recursos de todos los contribuyentes colombianos invertidos en sembrar la zozobra sobre la legitimidad de sus propias instituciones.

Este comportamiento desborda también los límites de la legalidad. Al insistir en sus acusaciones infundadas, el mandatario ignoró de forma directa una orden expresa del Tribunal de Cundinamarca de marzo de este año, que le exigía abstenerse de emitir señalamientos de fraude sin pruebas. El desacato a la justicia ordinaria profundiza una grieta institucional de pronóstico reservado.

El contraste de la realidad y la anomalía de la periferia

Frente al ruido de la Casa de Nariño, los datos duros ofrecen tranquilidad técnica. Los jueces de la República y las comisiones escrutadoras confirmaron que el escrutinio definitivo coincidió en un imponente 99.94% con el preconteo de las mesas, fijando los resultados en 10.366.143 votos para Abelardo de la Espriella y 9.703.921 para Iván Cepeda. 

Las reclamaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron prácticamente inexistentes, y el propio candidato Cepeda desmintió al presidente al reconocer públicamente que su campaña no poseía evidencias de fraude. Las misiones de la ONU, la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter elogiaron unánimemente la transparencia y agilidad de la jornada.

No obstante, el análisis electoral de los datos del CNE deja una alerta encendida sobre la libertad del voto en la periferia. Se detectaron 218 mesas (principalmente en Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca) donde Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos sufragados. Aunque expertos como el politólogo Ricardo Ruiz y la abogada Ximena Echavarría atribuyen esto en parte a la alta abstención (solo participó el 19.8%) y al histórico descontento social por el abandono estatal, también pesan las graves denuncias de carnetización y coacción armada ejercida por grupos ilegales como el EMC, el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de la Segunda Marquetalia en zonas PDET. Allí, donde los ilegales suplantan al Estado, el voto unánime despierta legítimas sospechas de presión criminal.

Proyección: la sombra sobre el 21 de junio

Con la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 21 de junio, y las encuestas de firmas como AtlasIntel mostrando a Abelardo de la Espriella liderando la intención de voto con un 50.3% frente a un 42.6% de Iván Cepeda, la pregunta de fondo ya no es técnica. La Registraduría ha demostrado su blindaje.

La verdadera incógnita que estremece la estabilidad democrática del país es de orden político y ético: ¿Está un presidente en ejercicio, que controla el aparato del Estado y se niega a acatar los fallos judiciales, dispuesto a respetar pacíficamente los resultados si la oposición se impone en las urnas el 21 de junio? El libreto que ha construido con paciencia en los últimos meses anticipa una tormenta institucional sin precedentes.