“La denuncia que incomoda al Estado”

Postillas de coyuntura - 021/26 

Bogotá, junio de 2026

---

En momentos en los que la institucionalidad se enfrenta a profundas tensiones entre seguridad, política y negociación con actores ilegales, la denuncia del general (r) Henry Sanabria emerge no solo como un testimonio, sino como un acto de coherencia ética y responsabilidad institucional. 

 Sanabria no es un actor marginal ni improvisado. Su trayectoria —marcada por disciplina, formación en derecho, experiencia en inteligencia y una reconocida rectitud— le otorga un peso específico a sus afirmaciones. Su perfil, descrito como el de un oficial íntegro, ajeno a prácticas corruptas y comprometido con la ley, refuerza la credibilidad de su denuncia: un señalamiento sobre decisiones que habrían afectado la continuidad de oficiales estratégicos y, con ello, la capacidad operativa del Estado frente a organizaciones criminales. 

De acuerdo con su testimonio, tres coroneles con experiencia en inteligencia y operaciones contra grupos armados fueron retirados sin explicación clara, pese a estar ubicados en direcciones clave como inteligencia, investigación criminal y antinarcóticos. Este hecho, lejos de ser menor, adquiere gravedad cuando se relaciona con los audios conocidos públicamente, en los que se evidencian posibles compromisos para frenar operaciones y debilitar capacidades de inteligencia frente al Clan del Golfo. 

Sanabria sostiene, además, que decisiones de este tipo pudieron obedecer a presiones externas o a contextos políticos vinculados con negociaciones, lo que plantea una pregunta estructural: ¿hasta qué punto se sacrificaron capacidades operativas del Estado en aras de estrategias de diálogo? 

Los datos sobre el crecimiento del Clan del Golfo refuerzan la preocupación: expansión territorial y aumento de integrantes en paralelo a la reducción o congelamiento de operaciones. Este escenario no prueba por sí mismo causalidad directa, pero sí configura un contexto que exige escrutinio serio, independiente y transparente. 

En este marco, la posición del general Sanabria cobra relevancia no solo por lo que denuncia, sino por lo que representa: una visión institucional en la que la seguridad no puede subordinarse a decisiones opacas ni a presiones coyunturales. Su carácter —franco, disciplinado y firme— lo convirtió, según sus propios críticos y allegados, en una “piedra en el zapato”, precisamente porque no cedía frente a decisiones que consideraba contrarias al deber. 

Apoyar su denuncia no implica prejuzgar responsabilidades —labor que corresponde a las autoridades competentes—, sino reconocer el valor de quien, desde su experiencia y formación, decide hablar en un contexto donde el silencio puede resultar más cómodo. 

En tiempos de polarización, la ética pública se mide en la disposición a decir la verdad, aun cuando esta incomode. Y en ese terreno, la voz de Sanabria merece ser escuchada, contrastada y protegida como parte esencial de un Estado que aspire a la transparencia. 

En este contexto, el debate no puede quedar reducido a la confrontación de versiones ni a la polarización política. Lo que está en juego es la integridad misma de las instituciones y la confianza ciudadana en su capacidad de actuar con independencia, transparencia y apego a la ley. Las denuncias, cuando provienen de trayectorias sólidas como la del general Sanabria, deben convertirse en insumo para el esclarecimiento y no en objeto de descalificación automática.

Más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse, subsiste una exigencia mayor: garantizar que ninguna decisión estratégica en materia de seguridad se adopte al margen de controles democráticos ni bajo presiones que comprometan el interés general. La solidez del Estado no se mide únicamente por su capacidad operativa, sino por la claridad de sus procesos y la legitimidad de sus decisiones.

Por ello, este episodio interpela a la institucionalidad en su conjunto. Exige rigor investigativo, vigilancia ciudadana y una firme defensa de los principios que sostienen el orden democrático. Guardar silencio o relativizar estos hechos no solo debilita el debate público, sino que erosiona las bases mismas de la autoridad legítima.

En última instancia, la voz incómoda no debe ser marginada, sino asumida como un componente necesario de una democracia que se examina a sí misma. Escuchar, contrastar y actuar con responsabilidad no es una opción: es el mínimo exigible a un Estado que aspira a ser justo, transparente y eficaz.