Más allá de la emergencia: ¿se cumplen las normas de sismo resistencia? Los escombros también hablan

Postillas de coyuntura - 026/26 

Bogotá, agosto de 2026

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Mientras miles de familias pasaban la noche bajo carpas, en vehículos o frente a los escombros de lo que hasta hace unos días llamaban hogar, Colombia seguía contando víctimas y evaluando daños. El terremoto del 10 de agosto dejó una profunda herida en el país, pero también una pregunta que exige respuesta: ¿cuántas de estas pérdidas pudieron evitarse? 

Las cifras más recientes revelan la magnitud de la tragedia. De acuerdo con los reportes oficiales, se registran 287 personas fallecidas, 3.975 heridas y 378 desaparecidas. Además, 13.077 viviendas han sido destruidas, 79.108 presentan afectaciones y 121 edificios han colapsado. La emergencia impacta a 56.448 familias y más de 135.000 personas afectadas en distintas regiones del país. 

Detrás de cada cifra hay historias de familias que perdieron seres queridos, hogares reducidos a escombros y comunidades enteras que hoy enfrentan la incertidumbre de no saber cuándo podrán recuperar una vida normal. Esta realidad obliga a mirar más allá de la emergencia inmediata para examinar las causas que pueden agravar las consecuencias de un fenómeno natural inevitable. 

Resulta indispensable recordar que Colombia cuenta desde el 19 de marzo de 2010 con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), adoptado mediante el Decreto 926 de 2010, cuyo propósito fundamental es proteger la vida humana ante terremotos. 

Si Colombia dispone desde 2010 de una normativa diseñada para proteger vidas frente a terremotos, ¿por qué miles de viviendas resultaron destruidas y tantas familias quedaron expuestas a una tragedia de semejante magnitud? La pregunta no busca señalar culpables de manera anticipada, sino promover una reflexión seria sobre el cumplimiento de las normas, la calidad de los materiales empleados y la eficacia de los mecanismos de inspección y vigilancia. 

La naturaleza no puede evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse. Cada vivienda que colapsa, cada familia que pierde su hogar y cada vida truncada obligan a revisar si las obras fueron construidas conforme a los requisitos técnicos exigidos y si las autoridades ejercieron adecuadamente su función de vigilancia. La prevención siempre será menos costosa que la reconstrucción y, sobre todo, infinitamente menos dolorosa que la pérdida de una vida humana. 

La reconstrucción no puede limitarse a entregar ayudas, subsidios y levantar nuevas edificaciones. También debe incluir investigaciones técnicas, revisión de licencias, verificación del cumplimiento de los estándares constructivos y la determinación de responsabilidades cuando existan fallas. La memoria de las víctimas exige respuestas claras, transparencia institucional y acciones correctivas que reduzcan el riesgo de futuras tragedias.

Por ello, este momento exige un llamado firme a la acción.

A las autoridades nacionales, departamentales y municipales les corresponde fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre las construcciones nuevas y existentes, garantizar auditorías técnicas transparentes y aplicar sin excepciones las medidas correctivas cuando se detecten irregularidades. 

A los constructores y desarrolladores les corresponde actuar con responsabilidad ética y profesional, privilegiando la seguridad por encima de cualquier interés económico. La vida de miles de personas depende de decisiones tomadas mucho antes de que ocurra un terremoto.

Y a los ciudadanos nos corresponde exigir el cumplimiento de las normas, verificar las condiciones de nuestras viviendas, participar en programas de gestión del riesgo y prepararnos para actuar adecuadamente ante futuras emergencias. No podemos esperar al próximo terremoto para actuar. La prevención no es una tarea exclusiva del Estado; es una responsabilidad compartida.

Los seguros pueden aliviar parte de las pérdidas materiales, pero nunca podrán reemplazar una vida humana ni el sufrimiento de quienes hoy esperan noticias de familiares desaparecidos. 

Conclusión

Las tragedias tienen la capacidad de revelar tanto nuestras fragilidades como nuestras fortalezas. Hoy Colombia llora a quienes perdieron la vida, acompaña a los heridos, busca a los desaparecidos y extiende su solidaridad a miles de familias que quedaron sin hogar. Pero también es el momento de demostrar que del dolor pueden surgir decisiones responsables y cambios duraderos.

Que este terremoto no sea recordado solamente por la magnitud de su destrucción, sino por la determinación de un país que aprendió de la adversidad, fortaleció sus mecanismos de prevención y puso la protección de la vida por encima de cualquier otro interés. Solo cuando la memoria de las víctimas se transforme en acciones concretas y en un compromiso colectivo con la seguridad, podremos afirmar que de los escombros nació una nación más consciente, más solidaria y mejor preparada para enfrentar el futuro. 

La tierra tembló durante unos minutos, pero las decisiones que se adopten a partir de hoy tendrán consecuencias durante décadas. El dolor de las familias afectadas exige algo más que solidaridad pasajera: demanda responsabilidad, vigilancia y compromiso. 

Porque las víctimas de hoy no podrán volver, pero las decisiones que tomemos desde ahora pueden salvar las vidas de mañana.