Mérito, institucionalidad y apolitización para fortalecer a las Fuerza Publica en la defensa de la Constitución, la democracia y la gobernanza: una reflexión necesaria para la Colombia que viene.

Postillas de coyuntura - 026/26 

Bogotá, agosto de 2026

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Introducción

Las discusiones sobre gobernanza suelen concentrarse en las grandes decisiones políticas, las reformas estructurales o los programas de gobierno. Sin embargo, existe un factor menos visible, aunque determinante para la estabilidad de cualquier democracia: la fortaleza y calidad de sus instituciones. Detrás de cada política pública exitosa, de cada servicio estatal eficiente y de cada proceso de transformación nacional, existe una estructura institucional que debe operar bajo principios de profesionalismo, transparencia, mérito y respecto por el Estado social de derecho.  

En la coyuntura actual, marcada por nuevas expectativas sobre la conducción del Estado y por la necesidad de recuperar y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, resulta oportuno reflexionar sobre la importancia del principio de mérito como uno de los pilares de la gobernanza democrática. Esta discusión trasciende el ámbito de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; constituye, en esencia, una realidad y una reflexión sobre el tipo de Estado que Colombia debe consolidar y preservar para las futuras generaciones. 

La Gobernanza y el mérito: patrimonio institucional para ascenso de oficiales hasta el grado de coronel 

Las instituciones son concebidas y se modernizan para garantizar que las decisiones fundamentales del Estado no dependan exclusivamente de la voluntad de quienes ejercen temporalmente el poder político. Ese propósito explica la existencia de carreras administrativas, sistemas de evaluación, concursos públicos, escalafones y mecanismos de clasificación profesional. Todos ellos buscan proteger un principio sencillo pero fundamental: que el ingreso, la permanencia y la promoción dentro de una organización respondan a capacidades objetivamente demostradas y a los requisitos establecidos por la ley, y no a afinidades personales o intereses coyunturales. 

El mérito no constituye únicamente un criterio de selección o promoción de personal. Es, ante todo, una garantía institucional que fortalece la confianza pública y legitimidad del Estado. Cuando una organización reconoce objetivamente el desempeño, la experiencia, la preparación, la conducta y los resultados como fundamentos para el desarrollo profesional, fortalece simultáneamente su capacidad técnica, su cohesión interna y su credibilidad ante la sociedad. Por el contrario, cuando los criterios objetivos son reemplazados por consideraciones subjetivas o políticas, comienzan a erosionarse la confianza institucional y la percepción de imparcialidad. 

En el caso de las fuerzas armadas, responsables de la seguridad y la defensa nacional, este principio adquiere una relevancia aún mayor. El país espera que quienes ejerzan las máximas posiciones hayan alcanzado los mejores resultados en su trayectoria profesional verificable y construida a través de los largos años de la carrera. 

Gobernanza y discrecionalidad: un equilibrio necesario del gobierno para ascenso de generales.

Toda democracia reconoce espacios legítimos de discrecionalidad. Los gobiernos elegidos popularmente deben disponer de facultades suficientes para ejecutar su programa de gobierno, conformar equipos de trabajo y orientar la acción estatal conforme al mandato constitucional y recibido de los ciudadanos. Sin embargo, la discrecional no significa ausencia de límites ni desconocimiento de los principios institucionales que garantizan la continuidad y estabilidad del Estado.  

La buena gobernanza consiste precisamente en armonizar la legitima dirección política con la preservación de las capacidades profesionales y técnicas permanentes del Estado. En el ámbito de las fuerzas armadas, este equilibrio resulta especialmente sensible en los procesos de ascenso al grado de oficial general. El orden jurídico Colombiano establece que el Gobierno Nacional ejerce una facultad discrecional para seleccionar a quienes ascenderán, pero dicha facultad opera sobre un universo previamente determinado mediante procesos reglados de evaluación, clasificación y acreditación de requisitos. En consecuencia, la discrecionalidad, no sustituye el mérito; lo presupone.

Este diseño institucional busca compatibilizar dos principios esenciales de la dem

ocracia constitucional: de un lado la conducción civil de la Fuerza Pública, ejercida por el Presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas; y, de otro, la preservación de una carrera en la fuerza armada sustentada en criterios objetivos de profesionalismo, desempeño y experiencia. 

Cuando ese equilibrio se mantiene, las instituciones conservan su estabilidad, fortalecen la confianza de sus integrantes y garantizan la continuidad de sus capacidades estratégicas, independientemente de los cambios de gobierno. Cuando se rompe y las decisiones comienzan a percibirse como motivadas por criterios políticos o personales, aumenta el riesgo de afectar la moral institucional, debilitar la confianza en el sistema de carrera y generar incertidumbre sobre la imparcialidad de los procesos de promoción. 

La experiencia comparada demuestra que las democracias más sólidas son aquellas que han logrado consolidar burocracias profesionales, sistemas de carrera robustos y estructuras institucionales capaces de trascender los ciclos políticos. En estos sistemas, los gobiernos cambian, pero las reglas permanecen; las prioridades evolucionan, pero las instituciones conservan sus capacidades y su profesionalismo. Ese constituye uno de los fundamentos más importantes de la estabilidad democrática y de la buena gobernanza. 

Los riesgos de la politización institucional

Uno de los mayores desafíos para cualquier Estado contemporáneo consiste en evitar la politización de sus instituciones permanentes. La politización no debe entenderse únicamente como militancia partidista. También puede manifestarse cuando las decisiones institucionales comienzan a percibirse como resultado de intereses distintos de los técnicos y jurídicos previstos en la normatividad. 

Cuando esto ocurre, las consecuencias trascienden a las personas involucradas. En primer lugar, se debilita la percepción de imparcialidad de las organizaciones. En segundo término, disminuye la confianza interna del personal respecto a la objetividad de los procesos de evaluación y promoción. Finalmente, la ciudadanía puede cuestionar la legitimidad de las instituciones llamadas a garantizar derechos fundamentales, proteger el orden constitucional y preservar la seguridad nacional. 

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional constituyen ejemplos particularmente sensibles. Su fortaleza histórica ha descansado sobre la disciplina, la profesionalización, la jerarquía y subordinación al poder civil dentro del marco constitucional. Su legitimidad no proviene únicamente de sus capacidades operacionales, sino también de la confianza ciudadana en su neutralidad política y en su actuación estrictamente sometida a la Constitución y a la ley. 

Por ello, toda discusión relacionada con ascensos, permanencia, evaluación o desarrollo de carrera trasciende el ámbito individual y se convierte en un asunto de interés institucional, democrático y estratégico para el Estado. 

El papel de la jurisprudencia y el fortalecimiento de las reglas

Las decisiones judiciales recientes, analizadas en el ámbito académico, han puesto de presente la importancia de respetar los procedimientos, los mecanismos de evaluación y las garantías previstas en los sistemas de carrera. Dichos pronunciamientos reafirman la necesidad de que las decisiones relacionadas con la trayectoria profesional de los servidores públicos estén sustentadas en criterios verificables, transparentes y objetivos, compatibles con los principios constitucionales de igualdad, mérito y debido proceso.  

Más allá de los casos concretos, el mensaje de fondo resulta especialmente relevante: las reglas existen para proteger a las instituciones tanto como a las personas. Cuando se respetan, fortalecen la seguridad jurídica, la confianza pública y la legitimidad del Estado. Cuando son percibidas como flexibles o aplicadas selectivamente, se genera incertidumbre, se deteriora la confianza y se debilita la credibilidad institucional.  

Por ello, el fortalecimiento del Estado exige mecanismos permanentes de evaluación, control, transparencia y seguimiento, que garanticen la aplicación efectiva de los principios de mérito, igualdad e imparcialidad. 

Una lección para la Colombia que viene

La coyuntura nacional ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de construir instituciones más fuertes, más profesionales y resilientes. Durante años, el debate público se ha concentrado principalmente en las personas que ocupan los cargos de poder. Sin embargo, la historia demuestra que las transformaciones duraderas no dependen exclusivamente de liderazgos individuales; dependen, sobre todo, de instituciones capaces de sostener principios, reglas y capacidades más allá de los gobiernos de turno.

La construcción de un Estado moderno requiere organizaciones que privilegien la excelencia profesional, la capacitación permanente, la evaluación objetiva y la transparencia en la toma de decisiones. Requiere también una ciudadanía consciente de que la defensa del mérito no constituye una reivindicación corporativa, sino una condición esencial para la consolidación del Estado social y el funcionamiento de la democracia. 

En un contexto caracterizado por rápidos cambios tecnológicos, nuevas amenazas a la seguridad, transformaciones sociales y crecientes demandas ciudadanas, la calidad institucional será cada vez más importante. Los países que logren consolidar estructuras profesionales y meritocráticas estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Reflexión final

La discusión sobre el mérito, la institucionalidad y la gobernanza no pertenece únicamente al ámbito de las Fuerzas Armadas. Se trata, en realidad, de una conversación y reflexión, sobre la capacidad del Estado para garantizar continuidad, estabilidad, confianza pública y efectividad institucional.

Las democracias se fortalecen cuando sus instituciones funcionan con reglas claras, previsibles y respetadas por todos. Del mismo modo, se consolidan cuando existe certeza de que el esfuerzo, el conocimiento, la experiencia y la trayectoria profesional son los principales criterios para el desarrollo de una carrera pública, por encima de consideraciones coyunturales o de naturaleza política.  

La Colombia que viene necesitará liderazgos, reformas y una visión estratégica para enfrentar los desafíos del entorno nacional e internacional. Pero, sobre todo, necesitará instituciones sólidas, profesionales y ajenas a la lógica de la confrontación política. Preservar el principio del mérito, respetar las reglas de la carrera y garantizar la apolitización de las Fuerzas Armadas no solo fortalece a estas instituciones, sino que fortalece la democracia, el Estado de derecho y la gobernanza que demandan el país. 

En este contexto, el diseño institucional y la arquitectura jurídica que regulan las Fuerzas Armadas, con la evolución de la jurisprudencia, evidencian que el modelo normativo no presenta deficiencias estructurales. Los problemas identificados por los jueces no obedecen, en esencia, al diseño del sistema, sino a la forma en que este ha sido aplicado. En particular, la facultad discrecional, cuya titularidad corresponde al Gobierno como autoridad constitucional de dirección de la Fuerza Pública, ha sido ejercida dentro de la actuación administrativa al interior de las Fuerzas Armadas sin observar el límite que impone el orden jurídico. De esa utilización inadecuada han surgido pronunciamientos judiciales que han debido reestablecer derechos y delimitar el alcance de la discrecionalidad, reafirmando que no puede confundirse con arbitrariedad ni desnaturalizar los principios de mérito, legalidad, igualdad y debido proceso que sustenta la función pública. 

Siendo competencia constitucional del Gobierno, la discrecionalidad en los ascensos a oficiales generales no reemplaza el mérito, sino que se ejerce sobre un grupo previamente habilitado mediante un proceso reglado de evaluación y clasificación.