La legitimidad selectiva: aceptar el curul, desconocer al gobierno

Postillas de coyuntura - 024/26 

Bogotá, agosto de 2026

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1. La gran contradicción de la coyuntura política

La convocatoria a la desobediencia civil por parte de Iván Cepeda plantea una de las contradicciones más relevantes del actual debate político colombiano: mientras cuestiona la legitimidad del gobierno surgido de las urnas, ejerce una curul obtenida gracias al mismo proceso electoral que critica. 

Esta circunstancia trasciende la controversia partidista y abre una discusión de fondo sobre la coherencia democrática, la legitimidad institucional y los fenómenos contemporáneos de guerra híbrida interna, donde la disputa política se desplaza desde las urnas hacia el terreno de las narrativas, las percepciones y la confianza ciudadana.

2. La guerra híbrida interna: la lucha por el relato

La guerra híbrida interna puede definirse como una forma de confrontación en la que el objetivo principal no es la derrota militar del adversario, sino la erosión de su legitimidad política mediante una combinación de estrategias comunicacionales, jurídicas, sociales e institucionales.

En este tipo de escenarios, la confrontación se desarrolla simultáneamente en varios frentes:

• La disputa por la opinión pública.

• La construcción de narrativas de legitimidad o ilegitimidad.

• La movilización social.

• La presión institucional.

• La confrontación jurídica y política.

La guerra híbrida interna no necesariamente pretende destruir las instituciones. Por el contrario, muchas veces busca utilizarlas mientras simultáneamente se debilita la confianza ciudadana en ellas. Su principal campo de batalla es la legitimidad.

Entre las herramientas más utilizadas en las disputas contemporáneas por la legitimidad se encuentra la movilización social. En este contexto, la desobediencia civil aparece como un mecanismo de presión política que puede ser utilizado para canalizar inconformidades ciudadanas y fortalecer determinadas narrativas de oposición.

3. La guerra híbrida interna en la práctica

La guerra híbrida interna no es un fenómeno exclusivamente teórico. Se manifiesta cuando la confrontación política trasciende el debate electoral y se expande hacia los ámbitos comunicacionales, jurídicos, sociales e institucionales.

Ejemplos recientes pueden encontrarse en la utilización masiva de las redes sociales para influir en la opinión pública, en las controversias sobre la legitimidad de procesos electorales, en la judicialización de conflictos políticos y en las campañas destinadas a fortalecer o erosionar la confianza ciudadana en determinadas instituciones.

En Colombia, el paro nacional de 2021 mostró cómo una crisis social podía trasladarse simultáneamente a las calles, los medios de comunicación, las plataformas digitales, los organismos nacionales e internacionales y los escenarios judiciales. La confrontación dejó de expresarse únicamente mediante la movilización social para convertirse también en una disputa por el relato, la atribución de responsabilidades y la legitimidad de las actuaciones estatales.

De igual forma, en diversos países las controversias posteriores a procesos electorales han demostrado que la confrontación política puede desplazarse desde el resultado de las urnas hacia la credibilidad de las autoridades electorales, las cortes y los mecanismos institucionales de control. En estos casos, la discusión deja de centrarse exclusivamente en quién ganó una elección y pasa a concentrarse en quién tiene legitimidad para ejercer el poder.

Otro escenario característico se presenta cuando los conflictos políticos migran hacia los tribunales y organismos de control. La lucha por el poder ya no se desarrolla exclusivamente en los espacios de representación democrática, sino también en los escenarios jurídicos donde las decisiones judiciales adquieren una influencia decisiva sobre la vida política.

En todos estos casos, la batalla principal no se libra mediante la fuerza, sino mediante la capacidad de influir en la percepción ciudadana, construir narrativas persuasivas y fortalecer o debilitar la legitimidad de los actores involucrados. Esta característica constituye uno de los rasgos distintivos de la guerra híbrida interna y permite comprender mejor los debates actuales alrededor de la desobediencia civil, la oposición política y la legitimidad institucional.

4. La desobediencia civil como instrumento de presión política

La Corte Constitucional ha señalado:

“La desobediencia civil consiste en un acto público, pacífico y consciente, mediante el cual una persona o un grupo decide incumplir una norma o rechazar una actuación de la autoridad con el propósito de llamar la atención sobre lo que considera una vulneración de principios constitucionales”. 

Asimismo, la jurisprudencia establece límites claros:

“La desobediencia civil perdería amparo de la jurisprudencia si promueve un desconocimiento generalizado de las autoridades legítimamente constituidas y si estas derivan en conductas que afecten el orden constitucional o el de los derechos de otras personas”. 

Por tanto, la desobediencia civil constituye una herramienta legítima de expresión política siempre que conserve su carácter público, pacífico y excepcional.

5. Del desacuerdo político a la disputa por la legitimidad

Las declaraciones de Iván Cepeda no se limitan a expresar desacuerdo frente a determinadas políticas gubernamentales. Diversos análisis recogidos en los medios de opinión, permiten observar que el debate se desplaza desde el terreno de las políticas públicas hacia una discusión más profunda sobre la legitimidad misma del poder político y el reconocimiento de la autoridad surgida de las urnas. 

Desde la lógica de la guerra híbrida interna, este aspecto resulta fundamental. El objetivo ya no consiste únicamente en ejercer oposición dentro de las reglas democráticas, sino también en disputar la percepción ciudadana acerca de quién posee la autoridad moral y política para gobernar.

6. La paradoja del curul: aceptar el sistema y rechazar el resultado

¿Si las elecciones fueron legítimas para otorgar una curul en el Senado, por qué no lo fueron para elegir al Presidente?

“El país político se encuentra a la expectativa por saber cómo se materializará la desobediencia civil que ha declarado e incitado el senador Iván Cepeda Castro, quien ha obtenido derecho al Senado por ser la segunda votación más alta en las elecciones presidenciales, según la ley de oposición”. 

La curul en el Senado no constituye una decisión independiente del proceso electoral. Surge precisamente de las mismas reglas institucionales, de la misma organización electoral y de la misma voluntad popular que produjeron la elección presidencial.

Por ello surgen interrogantes inevitables:

• Si la institucionalidad merece ser desconocida, ¿por qué participar en ella?

• Si el proceso electoral es ilegítimo, ¿por qué aceptar los beneficios que genera?

• Y si la institucionalidad es válida para ejercer oposición, ¿sobre qué fundamento se convoca a desconocer la autoridad surgida de esas mismas reglas?

Esta tensión entre aceptación institucional y rechazo político constituye el núcleo de la paradoja. No se trata únicamente de una discrepancia ideológica, sino de una discusión sobre la consistencia de los principios democráticos invocados por los distintos actores políticos.

7. La coherencia democrática como principio fundamental

En democracia, la crítica a las instituciones es un derecho legítimo y necesario. Lo problemático aparece cuando se aceptan selectivamente los resultados del sistema.

Desde una determinada interpretación de la coherencia democrática, podría sostenerse que el reconocimiento de las reglas institucionales debería abarcar tanto los resultados favorables como aquellos que resultan adversos.

Aceptar unos resultados y desconocer otros abre un debate legítimo sobre la consistencia del discurso político y sobre la naturaleza del cuestionamiento formulado.

8. La construcción de un relato de ilegitimidad

Una de las interpretaciones presentes en el debate sostiene que el llamado a la desobediencia civil busca construir un relato orientado a cuestionar la legitimidad del gobierno y de quien ejerce la Presidencia. El documento señala:

“Una tercera lectura sería la de construir un relato de cuestionamiento a la legitimidad de la elección del presidente (...). Al parecer, esta será la línea de cuestionamiento central de la oposición. El presidente no representará nuestros intereses (...) y no debemos reconocer este Gobierno como legítimo”. 

Esta descripción encaja con las dinámicas propias de la guerra híbrida interna, donde la confrontación política se desplaza hacia la construcción de percepciones y narrativas capaces de influir en la opinión pública.

En este escenario, la batalla deja de centrarse en los resultados electorales para trasladarse a la interpretación social de esos resultados.

9. Los riesgos institucionales de la deslegitimación permanente

El documento también advierte sobre los efectos que puede producir el cuestionamiento permanente de la legitimidad institucional:

“La legitimidad del Gobierno y de su presidente es esencial para que el Derecho, las decisiones, se cumplan, sean respetadas por la ciudadanía. Pagar impuestos, obedecer a las autoridades, entender que las leyes persiguen el bienestar de todos y no de unas clases o sectores de la población son aspectos que se dificultan con esta conducta”. 

La observación resulta particularmente relevante porque señala uno de los principales riesgos de las dinámicas híbridas: cuando la legitimidad institucional se convierte en un objetivo permanente de confrontación política, la confianza pública puede deteriorarse progresivamente.

10. Liderazgo político, movilización social y polarización

En los escenarios de confrontación política asociados a la guerra híbrida interna, las narrativas desempeñan un papel estratégico. A través de ellas se busca consolidar liderazgos, cohesionar sectores afines y mantener una base social activa alrededor de objetivos políticos concretos.

Desde esta perspectiva, los discursos que cuestionan la autoridad o legitimidad de un gobierno no solo expresan desacuerdo frente a determinadas decisiones públicas. También contribuyen a fortalecer identidades políticas colectivas y a consolidar proyectos de oposición capaces de articular apoyo ciudadano más allá de los espacios institucionales.

Bajo esta lógica, la aceptación de una curul en el Congreso y el llamado a la desobediencia civil pueden entenderse como instrumentos complementarios de acción política. El primero permite mantener presencia e influencia dentro de las instituciones; el segundo procura movilizar respaldo ciudadano en el escenario público. Ambos mecanismos, aunque diferentes en su naturaleza, pueden converger en el propósito de disputar el respaldo político y social del gobierno.

El resultado suele ser una mayor polarización, pues la discusión deja de centrarse exclusivamente en la conveniencia o inconveniencia de determinadas políticas públicas y pasa a enfocarse en la legitimidad de los actores que las promueven. Cuando esto ocurre, el debate político tiende a transformarse en una confrontación entre relatos opuestos acerca de quién representa de manera más auténtica los intereses del país.

En estas circunstancias, la discusión deja de girar exclusivamente alrededor de programas de gobierno o decisiones administrativas y pasa a concentrarse en la cuestión más sensible de toda democracia: quién tiene autoridad legítima para ejercer el poder y quién está facultado para cuestionarla.

11. Más allá de la confrontación política: el interés superior de la nación

La discusión sobre la legitimidad, la oposición y la movilización social no debería hacer perder de vista un aspecto fundamental: los intereses superiores de la nación deben prevalecer sobre las disputas políticas de cualquier coyuntura. En una democracia, gobierno y oposición cumplen funciones diferentes, pero comparten una responsabilidad común frente al bienestar de los ciudadanos y la estabilidad de las instituciones.En este contexto, el gobierno que inicia su mandato tendrá el desafío de responder a demandas históricas relacionadas con el desarrollo económico, el progreso social, la seguridad, la reducción de la impunidad y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Sin embargo, estas responsabilidades no recaen exclusivamente sobre quienes ejercen el poder. La oposición democrática también tiene el deber de contribuir al fortalecimiento institucional mediante el control político responsable, la crítica fundamentada y la presentación de alternativas que favorezcan el interés general.La historia demuestra que las sociedades avanzan cuando las diferencias ideológicas se canalizan a través de las instituciones y cuando los actores políticos comprenden que existen objetivos nacionales que trascienden los ciclos electorales. La recuperación de la confianza ciudadana, el fortalecimiento de los valores democráticos, la protección de las libertades públicas y la consolidación de una cultura de legalidad constituyen propósitos comunes que no deberían quedar subordinados a las dinámicas de confrontación permanente.Por esta razón, cualquier debate sobre legitimidad institucional debe estar acompañado por una reflexión más amplia sobre el futuro del país. La construcción de una nación más segura, más justa y más próspera exige que tanto gobierno como oposición sitúen el interés común por encima de los intereses particulares o partidistas. Solo así la competencia democrática cumplirá su verdadera finalidad: servir al desarrollo integral de la sociedad y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Conclusión: la legitimidad no puede ser selectiva

Toda democracia reconoce el derecho a la oposición, a la protesta pacífica y al cuestionamiento de las decisiones gubernamentales. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre discrepar de un gobierno y desconocer la legitimidad de las instituciones que hicieron posible tanto su elección como la propia participación política de quienes lo cuestionan.

La paradoja que atraviesa este debate es evidente: Si el sistema electoral carece de legitimidad para garantizar la elección presidencial, resulta difícil explicar por qué sí la tendría para otorgar una curul en el Senado. Y si las reglas democráticas son válidas para ejercer oposición desde el Congreso, también deberían serlo para reconocer la autoridad que surge de esas mismas reglas. 

La cuestión de fondo no es jurídica sino política y ética. La democracia descansa sobre un principio básico: aceptar las reglas del juego no únicamente cuando favorecen nuestras aspiraciones, sino también cuando producen resultados adversos. De lo contrario, la legitimidad deja de ser un valor institucional para convertirse en una herramienta de conveniencia política.

Desde la perspectiva de la guerra híbrida interna, la disputa ya no se limita al control del poder, sino al control de su legitimidad. La confrontación se traslada al terreno de la percepción pública, donde las narrativas buscan definir quién representa la democracia, quién encarna la voluntad popular y quién merece ser reconocido como autoridad legítima.

Por ello, el verdadero riesgo no radica en la existencia de la oposición ni en el ejercicio de la protesta, ambos esenciales para una sociedad libre. El riesgo aparece cuando el debate democrático es sustituido por una dinámica permanente de deslegitimación institucional que termina erosionando la confianza ciudadana en las reglas comunes que sostienen el sistema político. Una democracia puede resistir gobiernos impopulares, decisiones equivocadas e intensos conflictos políticos; lo que difícilmente puede soportar es que la confianza en sus instituciones se vuelva condicional y que la legitimidad se acepte o se rechace según la conveniencia del momento.

En última instancia, la pregunta que queda planteada no es si un gobierno debe ser objeto de oposición, sino si una democracia puede mantenerse sólida cuando sus actores políticos reconocen la validez de las instituciones únicamente cuando estas producen los resultados que les favorecen. Esa es, precisamente, la esencia del debate sobre la legitimidad selectiva.