Postillas de coyuntura - 003/24
Bogotá, febrero
Antecedentes
El día a día de los colombianos, se alimenta con información de prensa y redes sociales que evidencia situaciones que no están aportando a las políticas de gobierno, y a la idea de una paz total que no llega. Algunos titulares al respecto:
·04 septiembre, 2023 Eln habría cometido 16 violaciones del cese del fuego, según Indepaz[1]
24 enero, 2024 Grupos armados ilegales han violado el cese el fuego 1.477 veces entre 2023 y 2024 Después de la firma del cese el fuego entre el ELN y el Gobierno, el grupo armado ilegal ha cometido 222 acciones violentas.
·25 de enero, 2024 Gobierno colombiano denuncia violación del cese el fuego de principal disidencia de FARC
29 enero, 2024
Señalan violación al cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco
30 de enero, 2024 Alertan violaciones de cese al fuego: dos soldados asesinados y dos heridos en medio de hostigamientos
Algunas consideraciones en torno al tema
Mas de seis décadas de violencia en Colombia no son suficientes para terminar con una guerra inútil que cuenta con muchos beneficiarios y por ello no acabará en muchos años y menos en un futuro próximo.
El gobierno nacional habla o refiere como necesario un cese bilateral de hostilidades que es ampliado cada período como indispensable para poder mantener unos diálogos con grupos al margen de ley, los cuales no son garantía para cesar los actos violentos e ilegales. que mantienen generando los alzados en armas, los cuales son los que mantienen ese condicionamiento que solo los beneficia a ellos y no a los colombianos.
La ciudadanía percibe que el gobierno parece aceptar las condiciones de los narcoterroristas porque estos continúan atemorizando a la población civil y permaneciendo como un doble Estado, con imposiciones económicas, de carácter obligatorio, hasta el punto de atentar contra la vida, de muchas personas para que puedan disfrutar de sus derechos y libertades que son inobservados e irrespetados sin tener razón de ser. La extorsión, el secuestro, el chantaje o exigencia por los delincuentes organizados con presiones de acciones terroristas llevan a la población intimidada y forzada a aceptar las pretensiones porque no cuentan con un Estado que ampare o garantice las libertades y los derechos de muchos colombianos, a pesar que contribuyen con el pago de diferentes impuestos que de no pagarlos o evadirlos los puede llevar a la cárcel como exigencia legítima del Gobierno; en contraposición y en forma paralela los grupos ilegales demandan esos pagos con amenazas de muerte (extorsionan);por consiguiente, tenemos un Estado legítimo que no ampara derechos, frente a otro seudo Estado que con armas y violencia exigen a la sociedad aportes para la guerra, que los beneficia en la imposición de sus funestas actuaciones degradantes y violatorias de la dignidad humana de los colombianos.
Otra parte de colombianos tratan de ignorar lo que tienen frente a sus miradas creyendo o pensando que ese no es el problema de ellos y que de seguro no los va a tocar, hecho que es ilógico y que los lleva a ser partícipes de los actos violentos generados por los subversivos y que más temprano que tarde los va a afectar al verse involucrados en los mismos hechos violentos que no discriminan personas o estratos sociales o nivel cultural, idiosincrasia o algún otro aspecto a considerar, porque la existencia criminal se hace más fuerte sin que el Estado corrija esta pasividad, debilidad o falta de diligencia para contrarrestarlo.
Las víctimas de la violencia generada en tres o cuatro generaciones no discriminó nunca a campesinos, finqueros o ganaderos, industriales u otros actores inocentes, inicialmente afectados, porque si se observan las estadísticas producto de esta guerra innecesaria desplazó a muchos personas que vivían en sus humildes propiedades, del trabajo productivo de la tierra, así como también siguen siendo afectados por las minas antipersona que continúan haciendo daño a muchos cuando los insensatos terroristas se oponen a que el Estado continúe con el desminado humanitario tan necesitado, que avanzaba y que ya no se realiza.
De otra forma, al beneficiarse los grupos terroristas del cultivo y tráfico de estupefacientes, así como de territorios de explotación minera legal o ilegal, someten a muchos campesinos a mantenerse en la ilegalidad de las drogas que también acaban con la vida de muchas personas y que con ello se genera aún más violencia física por la falta de mayores oportunidades.
Desenlace
El conflicto en Colombia hace más de 20 años dejo de ser una lucha de clases como se quiere mantener y presentar, para entregar el control de la nación a una ideología política fracasada y sin posibilidad de maquillaje para mantenerla en vigencia.
Los reales agentes de la violencia siglo XXI, no están siendo atacados con contundencia y decisión política, en razón a que son el oxígeno para mantener activas fuerzas que generen desestabilización y zozobra en el territorio nacional.
Las manifestaciones de la violencia no sólo se dan por las armas, las drogas ilícitas, la delincuencia común y organizada, porque pueden existir otros factores que hace que se aumente la violencia en el país. De ahí que podría haber diferentes consideraciones como la falta de educación y con ello la cultura alrededor del consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes que llevan a las personas a solucionar los diversos puntos de vista a través de agresiones que también tienen resultados trágicos.
El Estado debe evaluar en forma permanente el comportamiento de la violencia en los habitantes por regiones o culturas y trabajar en acciones preventivas y correctivas a fin de recomponer y solucionar esta problemática.
El llamado a defender un momento político en un Estado democrático, no ayuda a encontrar soluciones a la violencia. La atiza y pone en peligro la estructura, legalidad y legitimidad de la Nación.
[1] El tiempo
