Postillas de coyuntura - 005/23
Bogotá, febrero de 2023
Antecedentes
El pasado 1 de enero, el gobierno nacional, sorprendió la opinión pública con la declaratoria de un cese bilateral de fuego, de manera unilateral, que es acatado por la fuerza pública legitima del estado en forma inmediata
El 3 de enero, el ELN, movimiento subversivo que reinicio conversaciones con el gobierno, efectúa un pronunciamiento donde desconoce el acuerdo decretado por el ejecutivo nacional, aduciendo que no fueron consultados
Supuestamente el 5 de enero las disidencias de las Farc, se acogen al cese al fuego decretado por el gobierno y decretaron una tregua con las estructuras de la “Segunda Marquetalia”
El 10 de enero se conoció a través de los medios de comunicación la presencia de grupos ilegales en zona rural del municipio de Policarpa, en el departamento de Nariño. No hubo ningún tipo de actuación por parte de los uniformados de la Policía Nacional, acantonados en el lugar.
El 3 de febrero las autoridades civiles de Antioquia informan sobre la presencia armada de miembros de las disidencias de las FARC en el municipio de Yarumal. Donde visitaron la escuela del lugar y repartieron comida y regalos a los niños.
El 3 de febrero la Fiscalía denunció el secuestro de cuatro servidores de la justicia tres de ellos dependientes de esa entidad y una funcionaria de la rama judicial en el municipio de
Antioquia, por parte de un grupo de antisociales del Clan del golfo dirigidos por alias “Gonzalito”, ahora autodefensas gaitanistas con miras a obtener réditos políticos en su negociación con el gobierno Petro.
Interrogantes que surgen
¿No es la fuerza pública de Colombia legítima autoridad que debe hacer presencia en todo el territorio nacional?
¿Están las organizaciones subversivas realizando demostraciones de fuerza y control territorial con miras a sus negociaciones en exploración tendientes a lograr mayores concesiones por parte del ejecutivo?
¿Por qué el silencio y la ausencia de pronunciamientos por parte de los ministros de defensa e interior con relación a estas situaciones evidenciadas por las redes sociales y prensa, donde a la luz de la opinión pública hay una omisión en las tareas oficiales?
¿Cuál es el poder y la capacidad de gestión del Alto comisionado de paz, para la realización de acuerdos, entrega de territorios, solicitud de libertad de presos y otras situaciones que deben tener responsabilidad política y jurídica?
¿Cuáles son las verdaderas intenciones de la llamada “Paz Total”
Nuestra reflexión
El gran problema de nuestro país, con relación al control territorial no es, ni ha sido la capacidad de su fuerza pública para el control de los focos generadores de violencia e inseguridad. Las fuerzas militares y la policía nacional han cumplido las diferentes tareas y objetivos que en aras de la seguridad nacional se le han encargado a través de la historia republicana, dentro de su capacidad y atribuciones legales.
El escollo aparece cuando una vez desarrollado los planes de trabajo y ejecutado las misiones para llevarlo a feliz término, queda siempre la fase de consolidación que está a cargo de otras entidades del Estado en deuda con las comunidades que han sido objeto de atropellos por parte de antisociales generadores de violencia e intervención de la fuerza pública en interés de rescatar el orden y la seguridad.
El Gobierno Nacional está obligado a generar confianza en su forma de gobernar y no permitir que este tipo de actividades ilegales se presenten y se sigan desarrollando, como si no existieran autoridades en el País. Más que acuerdos de paz a cualquier costo es la presencia real y permanente del Estado la que le trae tranquilidad y paz a esas regiones.
Está bien que realicen las exploraciones y ojala se lleguen a los acuerdos que generen la salida de los agentes perturbadores de la tranquilidad en esos territorios de la geografía nacional, olvidados por el Estado y utilizados en actividades económicos ilegales como es el tráfico de narcóticos y la explotación minera. Pero ello, no significa que el Estado permita que hagan presencia personas al margen de la ley en centros poblados, colegios rurales, regalando útiles escolares adquiridos con recursos monetarios producto de las extorsiones, secuestros, tráfico de estupefacientes y otras actividades ilícitas comunes en las finanzas crimínales que desarrollan.
Es un mal ejemplo para los niños que grupos al margen de la ley entreguen presentes y los menores los reciban mostrando un agradecimiento no meritorio ya que ello los puede llevar en el futuro a hacer parte de estos grupos ilegales. ¿Acaso el estado no debe más bien suministrar los elementos necesarios a los estudiantes de recursos insuficientes? ¿en dónde esta la obligación constitucional del Estado en su artículo 67 de ejercer la inspección y vigilancia de la educación concerniente a una excelente formación moral?
Definitivamente la ausencia de estado en estas zonas del territorio nacional no permite el avance progresivo de los pueblos, ya que son impuestas culturas lesivas a las libertades y los derechos de los residentes en estas regiones, generando además ambientes de desgobierno con consecuencias trágicas en lo jóvenes y generaciones que desconocen las autoridades legítimas.
Esta tolerancia y falta de acción por parte del Estado alimentan el sentir del pueblo colombiano sobre el rechazo y evasión de un compromiso total y leal hacia el País y por el contrario se evidencia la existencia de acuerdos con grupos ilegales tal como lo manifestaron los medios de comunicación antes de la segunda vuelta presidencial. Estos hechos minan la confianza del gobierno con la sociedad y auguran resultados graves a la paz pretendida por diferentes corrientes políticas desde hace varios años; que sigue siendo utilizada como bandera para engañar a toda la Nación.
La sociedad colombiana no quiere presencia de armados ilegales en el territorio nacional y lo que desea es obtener la tranquilidad anhelada desde los tiempos de la violencia política.
