Postillas de coyuntura - 018/22
Bogotá, julio de 2022
Los meses de junio y julio una vez más estuvieron cargados con información de prensa sobre conatos y fugaz de presos en instalaciones policiales, eventos con muertos al interior de centros de reclusión, las penitenciarías con problemas de hacinamiento y mala alimentación, poca asistencia sanitaria para los privados de su libertad.
No existen reales soluciones frente a la ubicación de los detenidos en el País. Declaraciones de autoridades administrativas y promesas de asignación de medios y recursos que nunca llegan o son soluciones planteadas para mediano y largo plazo su ejecución. Como quien dice, el problema es para otros no para nosotros.
Las cárceles no reciben más detenidos por la falta de capacidad y hacinamiento, lo que conlleva a que en las estaciones de policía, sitios no adaptados para la reclusión de detenidos por largo tiempo y sin la asignación de recursos, económicos, sanitarios y materiales para atender esta función adicional y proscrita por fallos judiciales, mantengan en sus recintos las personas que por faltas a las disposiciones penales, previas denuncias o capturas en flagrancia, son diariamente conducidas por los policiales del sector en cumplimiento a su trabajo.
Los policiales no pueden dejar de cumplir su labor, tampoco tienen que cumplir el papel de carceleros, sin tener el respaldo jurídico, pero tampoco pueden incumplir mandatos judiciales que disponen mantener estas personas bajo custodia del estado. Esta función adicional obliga a cambiar los dispositivos de seguridad ciudadana previamente planeados y coordinados para emplear talento humano en la custodia de seres humanos privados de su libertad en precarias condiciones de seguridad, salubridad y derechos.
Dilemas que deben solucionar los jefes del servicio de policía. Atender los presos o atender las responsabilidades de la función de orden y seguridad. Ambas prioritarias, pero para las cuales no cuenta con medios y recursos suficientes para satisfacer las necesidades, eso sí con la responsabilidad, obligación y sanción administrativa y penal si se incumple alguna de ellas.
Esta fresca en la memoria el incidente de la subestación San Mateo de la jurisdicción de Soacha, donde la oficial, de muy escasa antigüedad (6 meses en la institución) y dos policiales más, están privados de la libertad, retirados de la institución, respondiendo por un imprevisto que rebasó en su momento su capacidad de respuesta para atender de mejor forma la situación provocada y generada por los privados de la libertad, responsabilizándolos subjetivamente sin tener presente que esta no es función de la Policía Nacional, ni estaban en instalaciones aptas para privados de la libertad.
Se observan las recientes fugas de personas capturadas por infringir la legislación penal, en Cali, Valledupar y Bogotá y en esos sitios también se percibe que una de las razones para su evasión es el hacinamiento. Estos eventos llevan a las autoridades de policía a hacer un mayor esfuerzo en la búsqueda para su recaptura, adicional de las muy seguras investigaciones administrativas y penales a que se verán enfrentados los policiales que se encontraran de servicio en esas instalaciones.
El ministerio de justicia debe buscar la construcción de más instalaciones penitenciarias de diferentes niveles de seguridad y condición a fin de acabar con el hacinamiento de los centros carcelarios, teniendo en cuenta que esta problemática ha persistido en el tiempo, con el agravante del resultado que va en aumento y demás hechos que se registran como consecuencia y falta de soluciones efectivas.
La falta de diligencia por parte de las autoridades demanda por sus resultados acciones administrativas y legales en su contra, además de un mayor gasto presupuestario que no está previsto en el tiempo.
El País necesita hacer de la prevención una solución a problemas mayores y con ello mejorar la seguridad de la sociedad que tanto se ve afectada al estar nuevamente estos delincuentes en las calles.
