Postillas de coyuntura - 003/23
Bogotá, febrero de 2023
“La verdad nunca daña una causa que es justa”.
-Mahatma Gandhi-
Cuando la justicia debiera ir en el sentido que decrezca la impunidad, todo ha dado un giro, o reversa hacia la mayor dispensa de los delincuentes. De hecho la carrera hacia una mejor equidad en la justicia pierde valor en el tiempo con el gobierno del presidente Gustavo Petro, dándose un mensaje equivocado a todos los colombianos, pero especialmente a los jóvenes y próximas generaciones que ven más fácil ser bandidos, porque ello paga en dinero y se reciben beneficios por los delitos cometidos, como si fueran premiados por los logros obtenidos en perjuicio de las personas que se han sacrificado, que se esfuerzan, mientras trabajan por obtener títulos universitarios sostenidos por réditos que han sido costosos para llegar a cargos importantes y meritorios, buscando con ello una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.
Quizás el pueblo colombiano deba aceptar las políticas del gobierno del Pacto Histórico (los acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, entre otros) como si no existieran las víctimas de los múltiples delitos que se han cometido en el país.
Los recursos que pretende recaudar el gobierno en el 2023, implementando mayores impuestos por medio de la imposición de reformas tributarias que ahora si son necesarias para ellos, pero que fueron objeto de tantas polémicas y disturbios para su aprobación en el año anterior. Estas reformas desagradables para muchos nacionales, que básicamente reprochan sin violencia al gobierno de turno, y no encuentran eco ni censura en los niveles de la clase política elegida para representar sus intereses al interior del Congreso de la República.
La publicación de decretos amañados generan riesgos de caer en inseguridad jurídica al modificar normas legales incurriendo en decisiones arbitrarias están ocasionando un daño enorme al país, lo cual causa desconfianza de los conciudadanos, y en los extranjeros que han pensado en invertir en el país dando mayores oportunidades a una nación en desarrollo urgida de salir del atraso provocado por corruptos y malos administradores; es así, que se puede evidenciar una contravía peligrosa originada por intereses subjetivos de los actuales dirigentes del país. Su sesgo ideológico no los lleva a buscar el bienestar común en beneficio de la dignidad humana de los colombianos, sino solo en su atraso, porque pretenden generar estancamiento en el desarrollo, progreso social y económico de todo un territorio nacional.
No se justifica que el deseo de cumplir metas políticas en la elección de un gobierno menoscaben el territorio nacional, modifiquen buenas costumbres, creencias y desarraiguen los valores humanos que debe tener un ciudadano y un pueblo; además retrase la evolución jurídica y de la justicia nacional que ha sido golpeada por la violencia política, las guerrillas, paramilitares, delincuencia común desbordada por la falta de cobertura de administración que debe dentro de sus responsabilidades y planes de gobierno, beneficiar a toda la sociedad colombiana. El actual gobierno está beneficiando injustamente a unos pocos delincuentes que no merecen si no la aplicación y el peso de la ley, por los delitos cometidos; en consecuencia, todo parece indicar que en los próximos años de este gobierno se seguirán calificando como si todavía no terminara o cesara la horrible noche que fue declarada en su época y de la cual trata el himno nacional.
Las medidas adoptadas como leyes puníbles dentro de la legislación penal ante la comisión de un delito que buscaban corregir el comportamiento inadecuado de una persona, resarcir los daños ocasionados y volver re-socializado para no afectar nuevamente a la sociedad quedarán atrás como parte de la historia.
Todo ubica la clase política en un calificativo de innecesarios e inútiles por cuanto no ejercen un control político a las desmedidas y seudo soluciones que busca aplicar el poder ejecutivo favoreciendo los delincuentes y afectando gravemente la dignidad humana de las víctimas, sus familias y a la sociedad en general.
Ya el fiscal general de la Nación recientemente mostró una posición diferente a la del gobierno, pero el gobierno sostiene todavía una postura desequilibrada; y es la arbitrariedad y el abuso del poder con el otorgamiento de la ilegitimidad prevaleciente que crece aceleradamente en detrimento de una democracia que se desmorona a pasos agigantados.
El aumento de la inseguridad ciudadana a partir de la nueva visión y proyección de seguridad del gobierno de turno limita cada vez más la acción de quienes ejercen la función de policía y policía judicial, dejando en condiciones desventajosas a las autoridades contra los delincuentes, dónde parecen prevalecer los bandidos sobre la justicia, frente al pueblo que desea paz, tranquilidad y esperanza en mejorar sus condiciones de vida.
Para la aplicación correcta de una justicia el Estado debe brindar las condiciones necesarias para que toda la sociedad ejerza sus derechos y libertades, de tal manera que no se violen las normas legales y quienes lo hagan respondan por los delitos cometidos.
¡No compartimos la impunidad propuesta por el Gobierno Nacional!
