Postillas de coyuntura - 038/23
Bogotá, septiembre de 2023
Antecedente
Las FARC disidencias, las Farc Nueva Marquetalia y el ELN son grupos guerrilleros que a lo largo de su existencia han tenido una larga rivalidad en Colombia. Los dos grupos han sido responsables de una gran cantidad de violencia y terrorismo en Colombia y otros países de América Latina.
Son muchos los integrantes de estas organizaciones que han sido capturados, presentados ante las autoridades judiciales, sometidos a juicio y encontrados responsables de eventos y hechos de violencia y terror como homicidios múltiples (masacres), secuestros extorsivos, atentados contra la infraestructura energética y vial del país. Todos estos eventos son innegables y han causado mucho daño a la nación.
Desde la década de los ochenta del siglo pasado los servicios de información del país han venido registrando y documentado el involucramiento de estas organizaciones, en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Con un patrón de comportamiento similar, iniciando con el cobro de una “vacuna” a los cultivadores de hoja de coca en sus áreas de influencia, pasando a la prestación de servicios de seguridad y protección para las chagras, laboratorios y rutas de transporte, a ser propietarios de cultivos, laboratorios, rutas de transporte y comercialización, todo ello dentro del contexto que para financiar la lucha contra el estado todo mecanismo de financiación es válido.
Estas catervas son consideradas organizaciones terroristas por muchos países, incluidos los Estados Unidos. Además, sus actividades ilegales han tenido un impacto significativo en la seguridad y estabilidad de muchos países de América Latina.
A partir de la instalación del gobierno Petro y su proyecto de paz Total, el país ha girado en su enfoque de la lucha contra el narcotráfico y la entrega de todo tipo de concesiones a estas denominaciones narcoguerrilleras, en búsqueda de una pacificación del país, con premisas erradas en torno al verdadero interés futuro de la nación.
La realidad
Avanzan los criminales de los grupos narcoterroristas en sus propósitos armamentistas, cobertura territorial, de control, incremento de la autoridad ilegítima, extorsión y secuestro, a los ojos de gobernantes que piensan que a ellos este cáncer no los va a afectar, sin medir las consecuencias de su omisión en el tiempo.
Se evidencia el involucramiento de estas narcoguerrillas en la política de países vecinos, atentando contra las democracias que no se inmutan frente a la amenaza latente que empezó hace más de seis décadas.
El narcotráfico es una amenaza internacional, que no se ha podido controlar por los gobiernos y grandes potencias, y que ahora como solución algunos piensan legalizar, no vislumbran los efectos y consecuencias trágicas en toda la humanidad.
Los grupos subversivos han apoyado a los diferentes cárteles de las drogas, hacen parte de ellos o se asocian en sus malas intenciones, además, se lucran económicamente y participan de otros delitos trasnacionales, se han convertido en gigantescas empresas criminales, que amenazan a través del tiempo toda la región traspasando fronteras sin control de las autoridades.
El lavado de activos, otro delito grave para la humanidad, camuflado en el progreso de ciudades, silenciosamente va dominando zonas y territorios al margen de lo que podría ser normal por el crecimiento de la población, sin entender las implicaciones y resultados por cuanto los grupos subversivos o rebeldes planean desestabilizar las democracias atentando de diferentes formas contra sus economías, creando empresas que son utilizadas para sus propósitos delictivos.
La presencia de militantes de los grupos subversivos adoctrinando malintencionadamente en colegios, universidades e institutos para la educación y aprendizaje de carreras tecnológicas, como el SENA en Colombia, no debe ser permitida.
Seudo docentes y estudiantes, previamente permeados e infiltrados son la punta de lanza para acabar con el pensamiento de las juventudes, con el único propósito de justificar las acciones crimínales como la de salvadores ante gobiernos que en el pasado han abusado del poder, haciendo ver ciertos gobernantes respaldados por los grupos violentos como los que van a cambiar los problemas sociales y van a tener calidad de vida que no han generado y más bien quieren cambiar instituciones y el sistema aduciendo que la corrupción las ha filtrado, cuando aprovechan cambios ventajosos para sus mismas organizaciones delictivas.
La política permeada por los grupos narcoterroristas ha utilizado la violencia como forma de presión para imponer en los electores la solución a la fuerza de problemas generados por las malas administraciones, lo cual ha generado asonadas en contra de las fuerzas del orden y violencia contra patrullas de policía, estaciones y unidades militares. De otra forma, han impedido en el avance del desminado humanitario y la destrucción de cultivos ilícitos presionando a campesinos para ejercer violencia en contra de las diferentes autoridades para evitar el control de los cultivos ilegales.
Para los ciudadanos en los diferentes países son hechos delictivos notables la corrupción administrativa y política, que utilizan como de base para lograr en el tiempo involucrar a todas las instituciones del Estado.
Conclusiones
El ELN y las disidencias de las FARC están involucradas en negocios ilícitos similares, tales como el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, y ambos trabajan con las autoridades venezolanas locales y las fuerzas de seguridad, pero cada facción guerrillera maneja sus propias rutas de tráfico y envíos de contrabando por separado.
Este fenómeno delictivo, también tiene raíces en la frontera de Ecuador, Brasil, Perú y Panamá, donde no hay evidencias de relaciones con las autoridades de esos países, pero si con los nichos delincuenciales.
Los tentáculos y oficinas de paso para sus actividades ilícitas tienen presencia en Bolivia, Paraguay y Argentina. Esta presencia no está siendo contemplada en las negociaciones que actualmente pretende adelantar el gobierno colombiano y podrían llegar a ser el sostén económico y de lavado de activos en los próximos años.
La dirigencia política en cada País y sus autoridades deben ser diligentes en detectar las malas intenciones de estos grupos crimínales, no caer en su juego político delictivo, y no facilitar el abuso de poder y prácticas corruptas administrativas y operativas.
No todo puede ser valido en la lucha contra el mal. Los principios y valores de las sociedades no se pueden vender, cambiar o ajustar a intereses mezquinos, que no pretenden el bien común, sino el individual ideológico trasnochado que solo siembra hambre, pobreza, abandono y no futuro.
