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Más sobre el Caguán; El país hacia un narco-estado y legalidad de terroristas

Postillas de coyuntura - 014/22


Bogotá, marzo de 2023

 

Imágenes para no olvidar


  • Grupos de “campesinos” recibiendo instrucción “paramilitar” en algún lugar de los llanos de Colombia.




  • Bandas motorizadas de Grupos de auto-denominadas “Guardias campesinas”, efectuando recorridos intimidatorios en carreteables del Caquetá.


  • Alocución del ministro de interior Alfonso Prada, señalando y resaltando un experimento ancestral, maravilloso, que al parecer no es otra cosa que la creación de “autodefensas”




  • Imágenes del vandalismo y destrucción de una estación petrolera en el corregimiento de los pozos, municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia.


  • Hombres policías sometidos al secuestro, humillación y escarnio por parte de las llamadas “Guardias campesinas”





  • Audios de policías sometidos al acecho y la violencia solicitando apoyo y medios para defenderse. Estos policías no tenían armas de defensa letal, tan solo elementos de protección individual y agentes químicos para control de multitudes.


  • Imágenes de soldados de la patria observando a lo lejos como son vejados y humillados los representantes de la autoridad legítima del estado, por parte de “nuevas autoridades” no constitucionales, pero si avaladas por el flamante ministro de interior.




  • Alocución del ministro del interior, donde crea nuevas figuras a la luz del derecho… (no sabemos cuál). Los policías se encontraban en un “cerco humanitario”, y por tanto nada de lo ocurrido es delito.


  • El flamante presidente “P”, llorando y abrazando, a este si campesino padre del Sub-Intendente Monroy degollado por la turba.






  • Finalmente, y ante la presión mediática, a través de su medio habitual de comunicaciones un mensaje donde el presidente “P” dice que él fue quien dio la orden para que el ejército presente en el lugar de los hechos no apoyara a los policías que fueron maltratados, vilipendiados, robados y secuestrados.


Interrogantes

Llama la atención que, así como el presidente dio la orden al ejército nacional de no apoyar la violencia generada por las disidencias de las “farc” presentadas como guardia indígena o campesinos, también ordenó la presencia de los policiales para contrarrestar las acciones crimínales que pretendía ese grupo patibulario.


Las órdenes y contra-ordenes solo producen un gran desorden, que en este caso permitió el asesinato de un uniformado y el secuestro de los policías con la destrucción de las instalaciones petroleras.


¿Acaso tanto la policía y el ejército colombianos no están para restablecer el orden?

¿Será que el gobierno percibirá a los colombianos como tontos e idiotas?

El engaño a las personas en medio de la ignorancia es aventurero hacerlo, pero… será que nos ven como tontos a todos.


Motivos de preocupación


La llegada de los representantes del gobierno a los pozos en San Vicente del Caguán Caquetá, para atender al supuesto requerimiento ciudadano de una guardia indígena, guardia campesina, o como quieran llamarla, guardia que legal y constitucionalmente no existe, es la justificación del presidente “P” cuando allí lo que concurre, es la muestra de subversivos o disidentes de las “farc” enlazados al negocio y comercialización del cultivo y producción de narcóticos.


Los campesinos colombianos son trabajadores, no son violentos y respetan la autoridad legítima, más bien al contrario, son presionados por los grupos armados ilegales en sus territorios para asistir a movilizaciones en contra de su voluntad y esto ya es de conocimiento en el País, es decir no es desconocido.


En el discurso utilizado por el ministro del interior da un espaldarazo a las acciones de los terroristas de las “farc” que ven oportunidades en el gobierno del cambio que enseña qué fue una equivocación para los colombianos. El gobierno está respaldando las acciones crimínales y no está cumpliendo las funciones de debe ejercer un gobierno legítimo.


El gobierno se sitúa al margen de la constitución política y de la ley al tolerar y compartir su gobernabilidad con grupos ilegítimos qué tanto daño le han hecho al País.


Los policías ejercen una función constitucional y obedecen órdenes de las autoridades legítimas pero se aprecia que el gobierno está jugando en las dos posiciones una de la legalidad y otra de la ilegitimidad que son contarías y peligrosas, será que quieren que los legales se vuelvan ilegales o los ilegales asuman una supuesta legalidad y por eso quieren legalizar las drogas ilícitas y desmovilizar los grupos terroristas que se financian con el narcotráfico y llevarlos también al Congreso de la República y ocupar todos los cargos públicos y manejar un narco-estado.


Algunas consideraciones


Los colombianos no podemos compartir la ilegalidad manifiesta del Estado narcoterrorista que no defiende los intereses del pueblo. La fuerza pública colombiana se debe al pueblo colombiano y sus funciones constitucionales son claras en la carta magna.


Las órdenes para la fuerza pública deben ser legitimas e investidas de autoridad y no de desgobierno, desconocimiento del orden constitucional y las leyes de la república.

La situación del país no puede ser más caótica

Un presidente que en su afán de lograr lo que denomina “paz total”, da carta blanca para hacer alianzas con el diablo si es del caso y a todo costo por que es una visión de cambio que solo él y su círculo intimo generan, pero muy al contrario de más de 40 millones de colombianos.

Al gobierno de la seguridad humana de “P”, les parece muy grave que existan “seres humanos en cárceles”, y no les parece nada grave que existan seres humanos que asesinen, abusen o roben a seres humanos inocentes fuera de las cárceles.

Un presidente cuyo círculo familiar está involucrado en manejos oscuros a partir de dineros del narcotráfico, es quien dice que como comandante en jefe da las órdenes a la fuerza pública.

El estado en cabeza de su presidente es el responsable de garantizar la integridad física y protección de los derechos de los hombres y mujeres bajo bandera que están dispuestas a dar su vida si es el caso por garantizar la vida, honra, bienes de los nacionales. Pero no están obligados a obedecer órdenes ilegitimas o de difícil cumplimiento en aras de los intereses mezquinos de una persona investida de autoridad por una votación popular que representa tan solo el 22% de la población colombiana.

El hecho que el presidente promueva una paz total, no indica que las condiciones sociales, económicas, políticas y de seguridad hayan cambiado. La realidad del país no cambia con 185 diatribas públicas que a vociferado en sus 215 días de mandato. Gran porcentaje de los que por el votaron se encuentran en desencanto, porque son tan solo palabras y no acciones reales y efectivas.

La fuerza pública de los colombianos se debe a la nación, a los ciudadanos y debe responder a órdenes legitimas y de posible cumplimiento emanadas dentro de una cadena de mando debidamente establecida. Por ninguna circunstancia deben ser expuestos ni tienen la obligación de arriesgar su vida menos si no hay legitimidad.

Alguien debe tener la responsabilidad política y administrativa de lo que pasó y está pasando, no solo en el Caguán si no en todo el país.

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