Un presidente sin Estado Cuando la Constitución deja de ser mandato y se convierte en retórica

Postillas de coyuntura - 020/26 

Bogotá, junio de 2026

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En Colombia, la Constitución no es un discurso ni una declaración política. Es una norma obligatoria. Y en el caso del presidente de la República, ese mandato es inequívoco: garantizar el orden público, ejercer el mando sobre la fuerza pública y representar la unidad nacional. 

 Sin embargo, lo que hoy se vive en el país no es simplemente una discusión política. Es algo más profundo: una brecha creciente entre la obligación constitucional y la realidad del poder.

La unidad nacional que no se ejerce

La Carta Política establece que el presidente simboliza la unidad nacional. 

No se trata de un adorno institucional. La Corte Constitucional ha precisado que esa unidad es un principio estructural que integra territorios, instituciones y ciudadanía en un mismo proyecto político. 

Por eso, el presidente no puede gobernar como líder de facción. Su papel no es profundizar divisiones, sino contenerlas.

Cuando el discurso presidencial deja de articular al país y pasa a amplificar la confrontación, se rompe el equilibrio esencial entre política y Estado. Y sin ese equilibrio, la figura presidencial deja de ser un punto de cohesión para convertirse en un factor de tensión.

El orden público no es opcional

Si hay una función que no admite interpretaciones, es el orden público. El artículo 189 obliga al Presidente a conservarlo y restablecerlo en todo el territorio. Y la jurisprudencia lo ha reiterado sin ambigüedad:

• El Presidente dispone de la fuerza pública para garantizar ese orden. 

• La seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado, a través de la Fuerza Pública. 

No hay atajos. No hay sustitutos. No hay interpretaciones flexibles. Por eso, cuando el Estado pierde presencia efectiva en regiones enteras, cuando actores armados expanden su control o cuando la autoridad no se ejerce con suficiente eficacia, la pregunta deja de ser política:es constitucional.

Discursos que erosionan el Estado

Pero hay algo aún más delicado que los hechos: el lenguaje del poder. En el debate público reciente han circulado expresiones que apuntan a escenarios de polarización extrema, eventuales “revueltas” o confrontaciones que desbordan los cauces institucionales. También se han conocido denuncias sobre llamados a respaldos extrainstitucionales para sostener proyectos políticos.

No corresponde aquí establecer la veracidad de cada afirmación. Pero sí es posible afirmar algo esencial: ese tipo de narrativa es incompatible con el diseño constitucional del Estado.

La Corte Constitucional ha sido clara: el orden público y el uso de la fuerza son funciones exclusivas del Estado y no pueden transferirse, fragmentarse ni delegarse en estructuras paralelas. 

Por tanto, cualquier discurso que sugiera: fractura de la fuerza pública, confrontación interna del Estado, o legitimación de actores no estatales, no solo es políticamente riesgoso. Es constitucionalmente problemático.

Cuando el poder deja de ejercer poder

El problema de fondo no es ideológico. Es funcional. La Corte ha recordado que el presidente es la cabeza de la rama ejecutiva y el centro de dirección del aparato estatal. Esto implica una verdad incómoda: cuando el Estado no actúa con eficacia, no hay dispersión de responsabilidades. Hay conducción.

Y la Constitución es clara: los servidores públicos responden no solo por lo que hacen, sino también por lo que dejan de hacer. La omisión también es una forma de incumplimiento.

Epílogo: el problema no es el gobierno, es el Estado

En una democracia, el debate es legítimo. La confrontación política es inevitable. Pero hay una línea que no se puede cruzar: la que separa la política del orden constitucional.

Cuando fallan simultáneamente la unidad nacional, la garantía del orden público y la claridad sobre el monopolio de la fuerza, la discusión deja de ser ideológica.

Se convierte en algo más serio: una fractura entre la Constitución y la realidad del poder. Y cuando eso ocurre, ya no está en riesgo un gobierno. Está en riesgo el Estado mismo.