Postillas de coyuntura - 008/23
Bogotá, febrero de 2023
Algunos titulares con que los medios de comunicación informaron al país de las jornadas de apoyo y protesta del 14 y 15 de febrero.
“Marchas a favor de las reformas de Gustavo Petro transcurrieron con normalidad”
“Gustavo Petro salió al balcón de la Casa de Nariño a defender las polémicas reformas de su Gobierno”
“Petro intentó un gran show que terminó en espectáculo menor”
“Petro llamó al pueblo a la calle y respondió el que se le opone”
“¿Floja convocatoria? Petro no logró reunir a las multitudes que lo escuchaban como candidato”
“Marchas contra Gobierno Petro en Colombia: así transcurren las movilizaciones en todo el país”
“Las movilizaciones en contra de las reformas del Gobierno tuvieron momentos candentes”
Datos de las actividades desarrolladas[1]
El reporte de las autoridades de policía es que en los dos días de eventos no se presentaron agresiones o desmanes. Todo ocurrió en tranquilidad.
Las actividades del 15 de febrero se registraron en 24 municipios de 10 departamentos y la ciudad capital.
“Afortunadamente, todo transcurrió en calma, no se presentó ninguna situación que alterara la tranquilidad y seguridad pública”. Es el reporte de las autoridades de policía, realizado por el brigadier general Tito Castellanos, jefe Nacional del Servicio de Policía.
Nuestra reflexión
La protesta pacífica tiene respaldo legal, y es el medio que tiene la ciudadanía para mostrar su inconformidad con políticas o hechos de gobierno, pero no debiera ser herramienta del ejecutivo de turno para apalancar o fortalecer sus posiciones o políticas de estado.
Las protestas sociales, paralizan la funcionalidad de una parte de las ciudades, perjudican la movilidad normal y el trabajo de otros. Afectan la economía, agravan los costos de alimentos o permiten la pérdida de estos. El tiempo también tiene un valor que ya no se recupera, pero a muchos no los afecta por cuánto ellos siguen haciendo sus tareas como si nada ocurriera en su entorno.
La figura presidencial debe estar en torno de la unidad del país y no convertirse en factor de desunión[4]. El presidente en ejercicio tiene poder y capacidad para desestabilizar el curso democrático de la nación y debe evitar a toda costa utilizarlo, en razón que es el garante de la democracia y el ejercicio de derechos y libertades de los asociados.
El gobierno debe atender los requerimientos y necesidades de la población, sin afectar los empleos, el trabajo, la inversión y desechar los malos hábitos, corregir los procesos que han presentado debilidades y no permitir que la corrupción afecte la funcionalidad de las entidades prestadoras de los diferentes servicios. Debe ser diligente en facilitar que las autoridades judiciales dinamicen los procesos legales para corregir las malas conductas en todo orden de la vida del estado social de derecho.
Los cambios estructurales en la vida de la nación, deben ser producto de consensos en los escenarios democráticos que para el efecto la nación tiene.
Nada puede ser impuesto y mucho menos presionado con movilizaciones sociales a cargo del estado. Es una apuesta peligrosa tratar de subvertir el orden constitucional y democrático de la nación, el cual el presidente jura cumplir.
Las amenazas en desaparecer entidades de orden nacional por venganza o criterios simplemente politiqueros han conllevado a una desconfianza en el futuro que le espera al País. La mentalidad rebelde en contra de los gobiernos y gobernantes anteriores, no debe llevar a la nación y a sus gentes a la destrucción de lo que se ha construido durante tantas décadas, afectando a cantidad de personas que son empleados y trabajadores que viven de esas labores; por la carga de criterios autocráticos que pueden conllevar decisiones arbitrarias que afectarían la sostenibilidad de muchas familias en el país.
Gobernar es administrar con liderazgo, progreso, desarrollo; mirando las necesidades que requieren soluciones con decisiones acertadas y oportunas, buscando maximizar los recursos existentes y son medidas antipopulares implementar más impuestos y aplicar medidas que afecten los derechos y libertades necesarias en un estado democrático, sin favorecer las acciones de crimínales que tanto daño le han hecho a la población; implementando y mejorando la calidad de vida de los colombianos, defendiendo a las víctimas y no a los victimarios y en general generando oportunidades de empleo, educación, salud, seguridad y resolviendo los problemas sociales.
El gobierno actual compra su apoyo, defensa, la aprobación de las leyes, imposición de impuestos, calificaciones favorables para mostrar la aprobación de sus actos, e intimida a funcionarios para que estén de su lado, da empleos a sus adeptos sacrificando otros, pero nada es gratis ni aceptado en forma correcta, ya que todo lo hacen porque buscan y esperan un beneficio particular, que con el tiempo van a entender muchos y demasiado tarde sus errores. Son los primeros en criticar la corrupción, pero engañan y también hacen parte de ella para llegar a obtener sus despropósitos, injusticias, desvalores y querer obtener toda la torta, y enriquecerse a costas de los recursos de los colombianos, por sus sentimientos personales y no generales. Mienten al querer mostrar intereses por toda la sociedad, pero escalan cada vez más en sus propósitos propios y materiales para alcanzar sus metas.
Muestran una generosidad que es pasajera, la dan solo para cumplir objetivos y mantenerse y perpetuarse en el poder, ingresan defendiendo la democracia, pero con el tiempo muestran la otra cara de la moneda ya que revierten sus ideas y los valores. Son vengativos y resentidos, persistentes y perseguidores de sus contrarios a los que ven como amenazas latentes para ellos. Buscan llegar a metas transformadoras e innovadoras justificándolas como necesarias y esenciales, las cuales terminan siendo impuestas.
Algunas conclusiones
No es democrático por parte del presidente de la república, convocar al elector primario a movilizaciones sociales para justificar cambios que afectaran gravemente las instituciones, servicios públicos esenciales y vitales en la vida de las personas y la estabilidad democrática de la nación.
La democracia colombiana tiene establecidas las instancias y espacios donde se debaten los cambios que se consideren importantes en la vida del país. La ciudadanía como elector primario así lo espera y es por ello por lo que deposita su confianza en partidos políticos y lideres que los representan en esas instancias.
Las personas que con el favor de sus electores los representan en las espacios legislativos, deben ser coherentes con su ideología de partido, por la cual son elegidos y deben defender los ideales de las personas depositarias de su confianza. “Por un plato de lenteja,” no pueden vender sus electores.
La sociedad civil no debería recurrir a la protesta social y marchar para demostrar su inconformismo y afectación de intereses superiores, pero si las personas que los representan no hacen bien su trabajo, es el mecanismo amparado por la constitución que se avoca y debe ser tenido en cuenta por el liderazgo de la nación.
Nada será gratis en la vida, viniendo de un gobierno que muestra ser amigo y sincero, porque primero dará el pan y detrás de ello vendrá con el garrotazo, como cuando peleaban y se rasgaban sus vestidos en contra del gobierno de turno, ejerciendo su papel de oposición por el alza de los combustibles y la imposición de los impuestos, pero llegaron al poder y fue lo primero que hicieron sin conciencia.
Muchos piensan todavía que esas medidas y cambios propuestos, no los afectan, pero también con el paso de los días las entienden y ven que la confianza depositada en ellos se convirtió en una infidelidad.
Todo lo que brilla no es oro y no podemos tapar el sol con un dedo.
¡Despierta colombiano ¡
[1] Cuadro elaboración propia a partir de la información suministrada por los medios de comunicación [2] * Dato al final del día 14, registrado por medios de prensa [3] ** Dato consolidado y reportado el día 15 de febrero al final de la segunda jornada [4] El presidente es el símbolo de la unidad nacional, según el artículo 188 de la Constitución Política de 1991
