¿Militarizar Bogotá? Entre la percepción de seguridad y la necesidad de fortalecer la institucionalidad
Postillas de coyuntura - 029/26
Bogotá, septiembre de 2026
La creciente preocupación ciudadana por la inseguridad en Bogotá ha reabierto un debate que periódicamente resurge en América Latina: la utilización de las Fuerzas Militares para apoyar las labores de seguridad urbana.
La iniciativa promovida por el concejal Julián Uscátegui, respaldada por más de 37.000 firmas ciudadanas y orientada a convocar un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá, propone solicitar asistencia militar para reforzar la capacidad operativa de la Policía en sectores críticos de la ciudad.
La propuesta surge en un contexto marcado por el incremento de la percepción de inseguridad, la insuficiencia del pie de fuerza policial y las limitaciones operativas que enfrenta la capital. Según las cifras expuestas por el propio concejal, Bogotá presenta un déficit superior a los 10.000 policías frente a las necesidades reales de una ciudad que supera los ocho millones de habitantes. Asimismo, una parte importante del parque automotor policial se encuentra fuera de servicio, afectando la capacidad de respuesta institucional.
Sin embargo, el hecho de reconocer la gravedad del problema no implica que la militarización constituya la respuesta más adecuada.
La asistencia militar no equivale a militarización permanente
Uno de los primeros aspectos señalados por los expertos de CEPCOM es la necesidad de diferenciar entre asistencia militar y militarización de la ciudad. El artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 contempla la asistencia militar como una medida temporal, excepcional y condicionada a situaciones de grave alteración de la seguridad, riesgo inminente o calamidad pública, cuya aplicación requiere decisión presidencial y coordinación con la autoridad policial.
La norma no fue concebida para reemplazar de manera permanente las funciones de la Policía Nacional ni para transferir a las Fuerzas Militares la responsabilidad cotidiana de la seguridad ciudadana.
Convertir una figura extraordinaria en una política ordinaria de seguridad podría desnaturalizar el espíritu de la norma y abrir debates jurídicos sobre los límites constitucionales de la intervención militar en asuntos internos.
Los riesgos legales de militarizar Bogotá
Desde una perspectiva jurídica, la militarización urbana plantea varios desafíos.
En primer lugar, existe el riesgo de difuminar las competencias constitucionales entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Mientras la Policía está concebida para garantizar la convivencia ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades públicas, las Fuerzas Militares tienen como misión principal la defensa de la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional.
En segundo lugar, la ampliación de funciones militares en escenarios urbanos podría generar controversias relacionadas con:
Uso proporcional de la fuerza.
Procedimientos de requisa y control.
Actuación frente a población civil.
Protección de derechos fundamentales.
Determinación de responsabilidades disciplinarias, penales y administrativas.
Adicionalmente, los expertos expresaron preocupación frente a eventuales intentos de ampliar competencias militares hacia ámbitos propios de la policía judicial, situación que podría generar conflictos constitucionales y duplicidad de funciones entre instituciones.
El problema de fondo no es la ausencia del Ejército
La discusión realizada por CEPCOM concluyó que las causas estructurales de la inseguridad bogotana exceden ampliamente la disponibilidad de fuerza pública en las calles.
Entre los factores identificados se encuentran:
Déficit de pie de fuerza policial.
Insuficiencia tecnológica.
Limitaciones en inteligencia e investigación criminal.
Debilidades del sistema de judicialización.
Reincidencia delictiva.
Escasez de infraestructura penitenciaria.
Falencias en la coordinación institucional.
Instrumentalización de menores por organizaciones criminales.
Por esta razón, la militarización podría producir un efecto visible e inmediato sobre la percepción ciudadana, pero difícilmente resolvería las causas profundas que alimentan la criminalidad urbana.
Experiencias internacionales: lecciones para Bogotá
La experiencia comparada demuestra que la militarización urbana ha sido utilizada en distintos países como respuesta a crisis de seguridad, aunque con resultados dispares.
México recurrió masivamente a las Fuerzas Armadas para enfrentar organizaciones criminales. Aunque la medida permitió recuperar temporalmente algunos territorios, también generó una dependencia creciente de las capacidades militares y no logró sustituir la necesidad de fortalecer las instituciones policiales.
Brasil empleó unidades militares en Río de Janeiro para intervenir sectores dominados por estructuras criminales. Los resultados mostraron mejoras temporales en determinadas zonas, pero también evidenciaron que los logros tienden a diluirse cuando no existen estrategias sostenidas de inteligencia, justicia y presencia institucional.
Países europeos como Francia, España e Italia han empleado militares en espacios urbanos frente a amenazas terroristas o para proteger infraestructura estratégica. No obstante, en dichos modelos las funciones de seguridad ciudadana ordinaria permanecen bajo la responsabilidad exclusiva de las fuerzas policiales.
La experiencia internacional permite concluir que ninguna democracia ha resuelto de manera permanente los problemas de delincuencia urbana mediante la sola presencia de tropas militares en las calles. La seguridad sostenible se construye sobre policías profesionales, inteligencia, tecnología y sistemas judiciales eficaces.
¿Cómo fortalecer la seguridad de Bogotá sin militarizarla?
Los expertos de CEPCOM consideran que la discusión debería orientarse hacia el fortalecimiento integral de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Entre las principales líneas de acción se destacan:
Recuperación del pie de fuerza
Bogotá requiere una estrategia progresiva para cerrar la brecha existente entre los policías disponibles y las necesidades reales de seguridad ciudadana, fortaleciendo especialmente los cuadrantes y la presencia territorial permanente.
Policía apoyada en tecnología
La tecnología representa hoy el principal multiplicador de capacidades institucionales.
La ciudad debe avanzar en:
Integración de sistemas de videovigilancia.
Analítica de datos e inteligencia artificial.
Centros de comando y control.
Reconocimiento de patrones delictivos.
Lectores automáticos de placas.
Integración de cámaras públicas y privadas.
Las experiencias observadas en Medellín demuestran que la incorporación estratégica de tecnología puede aumentar significativamente la capacidad de prevención, vigilancia e investigación sin recurrir a la militarización.
Fortalecimiento de inteligencia e investigación criminal
Los fenómenos criminales contemporáneos exigen una policía capaz de anticiparse al delito.
La priorización de objetivos criminales, el fortalecimiento de la inteligencia, el análisis criminal y la investigación judicial continúan siendo herramientas más eficaces que la simple ocupación territorial.
Mejor articulación institucional
La seguridad no depende exclusivamente de la Policía.
Se requiere fortalecer la coordinación entre:
Policía Nacional.
Fiscalía General de la Nación.
Alcaldía Mayor.
Sistema judicial.
Sistema penitenciario.
Vigilancia privada y redes ciudadanas.
Reflexión final
La propuesta de militarización impulsada por el concejal Julián Uscátegui tiene el mérito de visibilizar una preocupación legítima de los ciudadanos frente al deterioro de la seguridad en Bogotá. No obstante, el debate no puede reducirse a decidir si los soldados deben ocupar las calles de la ciudad
La verdadera discusión consiste en determinar cómo construir una Policía más numerosa, más tecnológica, mejor equipada y más efectiva en la lucha contra la delincuencia.
Asimismo, resulta indispensable enfrentar de manera decidida los niveles de impunidad que afectan la eficacia del sistema de seguridad y justicia. La garantía efectiva de los derechos de las víctimas exige procesos judiciales más ágiles y eficientes, orientados a identificar, capturar y sancionar oportunamente tanto a los autores materiales como a los intelectuales de las conductas delictivas. De igual manera, el fortalecimiento de las medidas sancionatorias y de los mecanismos de resocialización puede contribuir a corregir conductas criminales y a reducir la reincidencia. Sin una investigación criminal efectiva y una adecuada capacidad de judicialización, los esfuerzos de prevención y control tendrán un alcance limitado. En la medida en que se reduzca la impunidad mediante herramientas más eficaces de investigación, juzgamiento y sanción, se fortalecerá la seguridad ciudadana y la confianza de la población en las instituciones. Desde esta perspectiva, el apoyo militar difícilmente incidiría sobre una de las causas estructurales que alimentan la inseguridad: la persistencia de altos niveles de impunidad frente al delito.
La experiencia internacional, los riesgos jurídicos identificados y el análisis realizado por CEPCOM conducen a una conclusión clara:
Bogotá no necesita reemplazar a la Policía por las Fuerzas Militares. Bogotá necesita fortalecer integralmente la institución constitucionalmente responsable de proteger la convivencia ciudadana. La seguridad sostenible se construye con más capacidades policiales, más inteligencia, más tecnología, una justicia más eficaz y una reducción efectiva de la impunidad; no con la militarización permanente de la vida urbana.
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