¿Dónde está la autoridad, el respeto, la presencia del estado?
Postillas de coyuntura - 012/23
Bogotá, marzo de 2023
ANTECEDENTE
El jueves 2 de marzo fueron asaltadas las instalaciones de la petrolera “Esmerald Energy” en el corregimiento de Los Pozos, en San Vicente de Caguán, Caquetá, por un número importante de “campesinos” organizados bajo la dirección de las autollamadas “Guardia campesina Lozada Guayabero”
Desde mediados del mes de febrero esa colectividad había presentado un pliego de peticiones al gobierno nacional y exigía la presencia de funcionarios del alto gobierno que se apersonaran de sus peticiones.
Policialmente se dispone la presencia de una Unidad de Intervención antidisturbios, que de acuerdo a manuales de procedimiento, Tablas de organización y equipo, protocolos elaborados a partir de disposiciones judiciales, no utiliza armamento letal.
La zona donde se desarrollaron los hechos es tradicionalmente territorio de cultivos ilícitos, presencia de agentes armados perturbadores del orden. Tácticamente por esas características, la unidad desarmada, debería tener un apoyo de cobertura con capacidad para proteger su integridad y neutralizar cualquier ataque o agresión con armas de fuego.
La acción violenta e injustificada deja hasta el momento un policial asesinado, un número a este momento no registrado de heridos, 79 policiales y 7 empleados de la petrolera secuestrados, golpeados, ultrajados, mancillados en su honra y honor y un silencio de los responsables políticos de la conducción del orden público en el país.
En horas de la tarde del viernes 3 de marzo, los policiales son puestos en libertad, se desconocen las condiciones de los acuerdos establecidos para su manumisión.
Nuestra consideración
Se necesita contundencia frente a los violentos que no paran sus acciones y quieren la sangre de los Policías representantes de la autoridad y majestad del estado. Esta afirmación aplica para los que dicen ser campesinos, pero que son parte de las disidencias de las farc, o como deberá llamárseles, a los que agreden y atentan con artefactos improvisados llamados bombas molotov que lesionan y asesinan a uniformados desarmados de la institución tutelar de la patria.
El gobierno al enviar un grupo de policías a restablecer y preservar una zona afectada por acciones criminales de hecho, e iniciar un proceso con una debilidad desproporcionada, invita a una confrontación desmerecida para los que justamente atienden funciones para restablecer el orden, dicho de otra forma, es enviar a los uniformados para que sean asesinados por una masa violenta e inconsciente. Esto es no querer al país y demandar más acciones violentas.
¿Dónde queda la paz tan anhelada por el gobierno que tantas veces ha manifestado pero que no es coherente con su discurso? No es más fácil entonces que el presidente exguerrillero llegue al sitio del problema y atienda el desorden generado por los supuestos campesinos y ordene el levantamiento y se evite llevar a uniformados a que los asesinen.
¿Y dónde están los representantes del gobierno también delegados para adelantar las negociaciones para retornar la normalidad y tranquilidad de la zona afectada?
En todas las acciones en contra del normal desarrollo del estado en cualquier región del país, deben existir protocolos para iniciar conversaciones y encuentros entre el gobierno y los inconformes antes de iniciar un procedimiento u operativo policial, que eviten mayores confrontaciones o afectaciones al orden nacional y siempre que haya entre las partes, un interés por el respeto a la vida y a la integridad personal.
Esto teniendo en cuenta que la presencia policiva es para ejercer la fuerza y el poder coercitivo del mismo estado para el restablecimiento del orden afectado si no hay acuerdos entre las partes. También la presencia y acción policial es el último recurso utilizado con el fin de evitar las acciones desbordadas como las que se han presentado.
Hay que partir que siempre que se generan reclamos por parte de la comunidad este es el resultado del abandono estatal y la falta de poder y autoridad de la nación por cuanto dentro de funcionalidad de todo el estado ha habido abandono en la inversión de necesidades básicas necesarias que unidos al desgobierno producen un reproche pacifico o violento. Pero pese a conocer el estado estas debilidades no hacen lo necesario para solucionar el sentir de la comunidad.
Frente a las acciones violentas también se deben iniciar acciones legales de estado para penalizar los delitos presentados por cuanto estos no convienen ser ignorados y al gobierno le corresponde dar solución oportuna a los inconvenientes por atender ya que es su obligación constitucional.
Hay que recordar que la policía en cualquier condición representa la autoridad del mismo estado y esta humillación en contra de los uniformados es una falta de respeto al mismo gobierno que se representa y esto no es otra cosa que la ausencia de gobernabilidad y lo arrodillados que están los representantes del gobierno en todos los niveles frente a los desadaptados que no hacen otra cosa si no pedir y pedir y esperar que todo se los entreguen mientras ellos continúan traficando con drogas ilícitas y cometiendo todos los delitos conexos.
