Postillas de coyuntura - 020/22
Bogotá, julio de 2022
“No vale la pena morir”, así título su escrito un veterano, tal vez preocupado por la suerte de nuestra nación y la mucha sangre vertida en estos interminables 60 años por miembros de la fuerza pública en diferentes y difíciles circunstancias para defender la frágil democracia de nuestra amada patria Colombia.
Los últimos 25 días han sido de una violencia extrema hacía los miembros de la fuerza pública especialmente los policías.
San Vicente del Caguán, Caquetá; Tibú, Norte de Santander; Túchin, Córdoba; San Onofre, Toluviejo y Chalán, en la subregión Montes de María, Sucre; corregimiento San Félix, Bello, Antioquia; Policarpa, Nariño, Bolívar, Atlántico, han visto como policiales indistintamente si están en servicio, en descanso; en sus casas o en actividades de ciudadano del común, han perdido sus vidas, las balas que vienen de delincuencia organizada que quiere con estas acciones, sembrar el pánico, el desconcierto e impotencia de la sociedad civil y someter la voluntad de los policías para el cumplimiento de su deber.
No es la primera vez que la institución Policía Nacional sufre esos embates de la delincuencia, ya en la época del mal llamado cartel de Medellín donde se ofrecía dinero por la vida de uniformados sin importar en el lugar o actividad que se encontrara y sólo la formación profesional, disciplina y mística tanto ayer como hoy mantienen incólume la moral de los guardianes del orden y pese a esas adversidades siguen fieles a su juramento y cumplimiento del deber.
El cuadro de esposas, madres, hijos sumidos en llanto hacen mella y siembran desasosiego, desconfianza, pero a su vez fortalece el espíritu de cuerpo y el deseo de una patria mejor y en paz. Lo que sí es triste y preocupa es ver cómo los líderes de opinión y personas que generan impacto en la comunidad voltean su cara ante estos eventos y no levantan voces de protesta ni de basta ya. Pareciera que la vida de esos policiales no tiene valor para esa parte de la sociedad y más bien alaban, apoyan y celebran los aparentes éxitos de esos generadores del desorden.
La respuesta de las autoridades se ven un poco desgastadas cuando se ofrece después de un consejo de seguridad recompensa por información sobre autores materiales e intelectuales de estas acciones criminales.
Hay réplicas más efectivas y menos costosas en vidas humanas, como es mejorar las dotaciones de esos policiales que incluyan suficientes chalecos de protección, cascos balísticos, vehículos blindados de patrulla en estas zonas alejadas pero que requieren la presencia real y efectiva del policía que por su razón de ser, deben estar, permanecer y prevenir y no llegar después de o estar atentos a una información que requiera su atención, pero para ello es necesario entregar los medios materiales mínimos que garanticen su vida.
Conceptos como la casa cuartel usado en otrora no solamente en Colombia sino en Europa son válidos para estos momentos de post-conflicto donde el policía tiene que hacer presencia en esos lugares apartados, pero debe tener la posibilidad de estar cerca de su familia.
En ese primer semestre del año el registro de miembros de la fuerza pública asesinados en actos del servicio está cerca de ciento cinco (105). Cincuenta y ocho de ellos miembros de las fuerzas militares y cuarenta y siete policías cifras muy altas que sólo dejan en claro que la fuerza pública actúa y hace presencia en esas regiones apartadas donde el resto del Estado no llega y si llegan, las cadenas de corrupción no permiten que los dineros y las obras de infraestructura se desarrollen en algunos casos y en otros porque están aliados con esos grupos delincuenciales que se nutren de la actividad ilícita del narcotráfico y no quieren ni permiten que se ejerza el control a sus actividades ilícitas mediante la utilización de mecanismos más efectivos para el control de la siembra y comercialización de drogas
Las acciones delictivas de los sicarios al servicio de las bandas criminales, en razón a los atentados a los integrantes de la fuerza pública, muestran el inconformismo frente a los resultados de las autoridades en su contra y buscan una vez más, suprimir de la Constitución Política de Colombia la extradición de los narcotraficantes, así como ser incluidos en un proceso de negociación que les permitan obtener ventajas.
El Estado no debe conceder a futuro tal requerimiento por parte de estos grupos criminales por cuanto ello llevaría al País a un Narco-estado, y como escribió el veterano “NO VALIÓ LA PENA MORIR” y la sangre de tantos héroes anónimos y no reconocidos, fue en vano y triunfo el mal en Colombia.
