Postillas de coyuntura - 019/22
Bogotá, julio de 2022
Se aumenta en forma diaria los atentados en contra de uniformados de la fuerza pública, en servicio o fuera de él. Violencia que quiere apagar el cumplimiento del deber constitucional y legal de los servidores que buscan en forma permanente contrarrestar las acciones del narcotráfico y de las bandas crimínales que apoyan, financian, trafican con drogas ilícitas e intimidan y asesinan a colombianos en diferentes zonas del país.
Todo el pueblo colombiano y las autoridades rechazan en forma total su plan sicarial y asesino en contra de los integrantes de la fuerza pública. Los familiares de los soldados y policías asesinados que hacen parte de la misma sociedad nunca aceptarán la pérdida de sus seres queridos, quienes en forma cobarde fueron atacados por la espalda o en sus casas cuando se encontraban compartiendo con sus seres queridos. Estos desadaptados sociales a la fecha han asesinado a un gran número de soldados y policías al servicio del País, quienes en forma abnegada y de manera heroica han entregado su vida sin esperar nada a cambio, por qué la vida es invaluable.
Las autoridades unanimante deben en forma rápida y oportuna atender los procesos criminales del Clan del Golfo o cualquier otra banda criminal organizada que quiere acabar con los agentes del orden.
Los crimínales dedicados a este tipo de acciones delictivas deben saber que las autoridades en forma conjunta y con los medios legales atenderán las diversas formas de violencia en el país, en forma preventiva y correctiva, y no habrá sitio vedado para ubicarlos y dejarlos a disposición de las autoridades judiciales.
El respeto por la vida y la integridad personal de los seres humanos debe tener la más alta consideración por todos los actores y los crimínales, y deben conocer que las autoridades perseguirán a los comprometidos por estos actos demenciales para someterlos al cumplimiento estricto de la ley.
La obligación de todo servidor público, pero especialmente de este tipo de trabajadores al servicio del Estado está reglada y regulada por las normas legales establecidas y ellos solo buscan el cumplimiento del deber y amparados en la legislación colombiana para tal fin. Su compromiso es proteger y salvaguardar la vida y la integridad de las personas residentes en Colombia, así como su honra y sus bienes y ejemplo de ello es la captura de cantidad de criminales comprometidos con el tráfico ilegal de las drogas que ya han sido extraditados del País o están en proceso de extradición y estos héroes de la patria sólo se enfrentan a este tipo de delincuentes cuando no quieren su sometimiento y se enfrentan con sus armas de fuego a la autoridad legítimamente constituida.
Nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento incondicional a los uniformados y sus familias que de una u otra forma están enfrentando en forma valerosa, heroica y arriesgada los problemas que desestabilizan la tranquilidad y la Paz de los residentes en nuestro País.
El estado social de derecho no puede ni debe desamparar a los servidores públicos más vulnerables, debe dotarlos de los mejores medios materiales y tecnológicos para cumplir muy bien su labor, sin escatimar costos ni detalles.
Mucho menos el estado social de derecho puede ser intimidado o sometido a la fuerza de la barbarie a pactar acuerdos con concesiones por encima de la ley a los antisociales que atentan contra los servidores públicos.
Tampoco puede estar en la búsqueda de soluciones, retroceder o ceder los espacios consolidados por la Fuerza pública pero abandonados por los demás entes estatales con las soluciones sociales para afianzar el estado de derecho.
Por ninguna circunstancia facultar autoridades diferentes a las ya formadas y constituidas legítimamente para la seguridad, defensa y soberanía de la nación. Estas dos últimas pretensiones han dejado lecciones en la historia del país que no se pueden repetir.
