Postillas de coyuntura - 029/23
Bogotá, junio de 2023
Realizar las actividades profesionales, familiares e individuales, son la cotidianidad de la persona, pero es de análisis, prudencia y ética tomar decisiones acertadas cuando se tiene autoridad, por cuanto lo que se realice debe estar enmarcado dentro de lo que establece la Constitución Política y las leyes de la República.
Los burócratas del Estado en ejercicio de sus funciones y facultades, están en la obligación de garantizar las libertades y los derechos de las personas y no tomar decisiones por conveniencia o tinte político cuando va en contravía de los intereses comunes de toda la sociedad.
No es lógico, ni justo; otorgar derechos a los condenados o encarcelados por la comisión de diferentes delitos, cuando ya un juez ha tomado una decisión judicial. Mucho menos hacerlo por pagar favores políticos. Las decisiones judiciales deben ser acatadas y cumplidas dentro de los parámetros establecidos por los legisladores, por cuanto en el proceso fueron respetados los derechos del sindicado y se observó un debido proceso. Además de ello, las tantas víctimas que han sufrido una pérdida lamentable en sus derechos y libertades, no merecen ser revictimizados, desmotivados o abandonados en sus derechos, por el cumplimiento de promesas de campaña política para la obtención de votos orientados por personas al margen de la ley.
Los integrantes de grupos subversivos, paramilitares y delincuentes comunes u otras estructuras crimínales, han representado un riesgo para la sociedad y por ello, muchos cumplen una condena, producto de su arbitrariedad, y desconocimiento de las normas que rigen la convivencia pacífica en comunidad. Adicional a ello, las víctimas, aun así, sean indemnizadas nunca ese resarcimiento logrará superar el daño o lesión ocasionados. La privación de la libertad de los ofensores y el justo castigo aplicado es un paliativo para el mal causado.
Los colombianos demandamos decisiones firmes y ejemplarizantes para los que han afectado los derechos y libertades públicas y no aceptamos que el gobierno nacional predique y no aplique, ya que estos gobernantes han sido elegidos para la defensa y respeto de ese orden justo y es el Estado el que debe dar esas garantías.
Los derechos y libertades ciudadanas están por encima de los gobernantes y no por debajo como se han hecho notar últimamente, dónde la balanza de la justicia está inclinada hacia la iniquidad, conllevando más cargas a las víctimas quienes ya no creen en la imparcialidad, ni en las autoridades judiciales. Y de otra forma han aumentado los delitos y los responsables de su comisión.
Asimismo, no justificamos de ninguna manera, la apología al crimen, como propósito político o con otros fines de gobierno.
La utopía de una “paz total”, no puede ir en contra de la Constitución y las leyes, ni mucho menos sumir a la nación en el caos y desgobierno. Si algo ha caracterizado al gran pueblo de Colombia, es su magnanimidad con quienes se someten al imperio de la ley y el orden, pero no aceptan la injusticia o la entrega del estado de derecho a forajidos, delincuentes, bandoleros o seudo revolucionarios que se nutren de lo ilícito como forma de vivir e intimidar y someter a las personas.
La paz es una construcción de una sociedad donde impera el orden, la justicia y la equidad. No puede ser impuesta, ni mucho menos comprada como mal se pretende a partir de una óptica mas de delincuentes que de ciudadanos.
