Postillas de coyuntura - 018/23
Bogotá, abril de 2023
Algunos antecedentes
· Población carcelaria
El 1 de abril se encontraban en los 126 establecimientos carcelarios bajo control del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario “INPEC” que tienen una capacidad para albergar 81.381, un total de 98.962 reclusos, con un hacinamiento del 21.6% lo que equivale a 17.581 más de la capacidad.
A si mismo con sanción de prisión, pero con detención domiciliaria se registran 70.509, personas entre hombres y mujeres donde solo 5.196 cuentan con un dispositivo electrónico de vigilancia y control, quedando 64.411, con los precarios controles físicos rutinarios.
Del total de la población bajo control del INPEC, 23.223 de ellos, han reincidido en la comisión de delitos. Donde el 23.51% son reincidentes estando en prisión intramural; 17.31% son reincidentes en su condición de detención domiciliaria y el 13.68% son reincidentes con dispositivos electrónicos para su control
· Sindicato de Guardianes
En el 2009 se tenían registrados 12 sindicatos, en 2015 había 76 sindicatos en el 2018 estaban registrados 82.
Los cálculos del Instituto Penitenciario y carcelario registran un déficit de personal de casi 13.000 unidades, en un organismo que cuenta con 12.072 guardianes.
A este déficit de talento humano se agregan las ausencias laborales que por derechos sindicales identifiquen y justifiquen ausencias laborales de hasta 150 días en un solo año de guardianes con fuero sindical. Algo a todas luces inaceptable, incluso vergonzoso.
Ya la Contraloría en el año 2018 realizó una investigación, donde los días de permiso que recibieron los 854 funcionarios con fuero sindical sumaron el año anterior 39.293 días; es decir, 110 años.
El informe de la Contraloría resaltó como el derecho a sindicalizarse puede terminar afectando una función pública esencial, momento en el que dicho derecho se desvirtúa por completo.
· Investigaciones en curso
Actualmente según lo informado por el director de la entidad, se registran 63 indagaciones a directores de cárceles y 3.750 funcionarios del INPEC son investigados.
Un problema sin solución
Este panorama desolador se conoce año tras año a través de los diferentes medios de comunicación, el tiempo transcurrido, la problemática, experiencias y estadísticas indican, que la corrupción en las cárceles no se detiene y al contrario avanza sin control, pese a existir una institución como el INPEC que tiene a cargo su manejo y responsabilidad.
También está establecido en la legislación colombiana que los detenidos en estos centros de reclusión gocen de algunos beneficios en los cuales se les permiten visitas y estas pueden ingresar algunos elementos necesarios tal vez para el bienestar de los que se encuentran en esta condición como recluidos.
Pero pese a los controles ejercidos por el INPEC y los favores otorgados a reos no existen una corresponsabilidad en unos y otros para que ello funcione de tal forma que no se cometan faltas, contravenciones o delitos dentro de las mismas prisiones, convirtiéndose estas penitenciarías cada vez en lugares donde reine e impere la corrupción, delincuencia, el caos, desorden o se consideren estos sitios como antros sin ley, pasando a ser una piedra en el zapato de gobernantes, sin soluciones efectivas.
Aunado a este problema tan complejo se advierte que el hacinamiento en las cárceles se mantiene y no se cuenta con sedes adaptadas a las necesidades que se presentan, pudiéndose optar por soluciones y experiencias que tienen otros países.
Que hacer en un mediano plazo
El país está en mora de buscar soluciones y efectivos medios que contrarresten esta problemática y estos podrían ser:
Construcción de mega cárceles. Esto debido a que en varias ciudades existen unos cuantos centros de reclusión inmersos en el caos del urbanismo, demandando altos costos de hombres en seguridad, ocasionando incomodidad a la ciudadanía, afectando su tranquilidad y seguridad y debilitando la posibilidad de incrementar el manejo de medios o dispositivos electrónicos para aislamiento y control del espectro electromagnético, a la vez de tener espacios adecuados para el manejo de prisioneros evitando en lo más posible el contacto entre detenidos y guardias de seguridad, ya que es precisamente ese contacto lo que facilita hechos contrarios a la legalidad. Estos sitios deben ser construidos en sitios alejados de las ciudades.
Es necesario disminuir los beneficios a los detenidos ya que ello no demanda compromiso de estos y es aprovechado para el ingreso de estupefacientes, armas, celulares y otros elementos que son utilizados para seguir delinquiendo desde los reclusorios convirtiéndose estos sitios en centros del hampa.
El gobierno debe propender por cambiar el sistema legal existente, e implementar una política criminal que no demande mayores costos en su mantenimiento y ofrezca soluciones a la problemática que se ha mantenido por muchas décadas.
Las cárceles en el país no son percibidas como centros de control y reclusión de personas que han cometido delitos y ofrecen riesgos a toda una sociedad y más bien al contrario son vistas como escuelas del crimen organizado si se tiene en cuenta que desde esos sitios se mantiene extorsionando, se ordenan crímenes, se hacen bacanales y celebraciones donde se permite de todo a vistas, aprobación y tolerancia del mismo INPEC y entes de control que no toman medidas correctivas ejemplarizantes por la influencia y manejo de sindicatos que permiten el todo vale y no hay solución.
Sindicatos que cumplan un papel laboral, sin injerencia operativa. De hecho, parece indicar que los diversos sindicatos creados por la misma guardia del INPEC manipulan y maneja ilegalmente a directivos y quienes ejercen alguna autoridad pervirtiendo el derecho y la disciplina de su misma organización.
Centros de reclusión para los delincuentes “políticos” y los llamados delitos de cuello blanco o alta corrupción. Alejados de favorecimientos, prebendas y otros beneficios que por influencias de alto nivel se otorgan o se acostumbran a diligenciar, marcando diferencias no justificadas con el resto de la población carcelaria.
No se puede abusar sin contar con los medios tecnológicos y fisicos suficientes de la figura de prisión domiciliaria o casa por cárcel.
La privatización de las cárceles sería otra medida que demandaría soluciones a la impunidad total dentro de los centros de reclusión en el país.
La disciplina, el orden y el respeto a los derechos humanos deben ser la consigna permanente en los centros de reclusión.
