Petro y Washington: evaluación estratégica de un acercamiento fallido La exclusión de Colombia del “Escudo de las Américas” y la degradación de su posicionamiento hemisférico

Postillas de coyuntura - 007/26

Bogotá, marzo de 2026

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La exclusión de Colombia de la alianza denominada “Escudo de las Américas”, formalizada el 10 de marzo de 2026, constituye un indicador objetivo de deterioro en la relación estratégica con Estados Unidos y desmiente la narrativa oficial de éxito proyectada tras la reunión sostenida por el presidente Gustavo Petro con el entonces presidente Donald Trump en Washington a comienzos de febrero. Más allá del simbolismo diplomático del encuentro, la decisión de la Casa Blanca confirma que, desde la perspectiva estadounidense, Colombia no cumple actualmente los criterios mínimos de confiabilidad operativa y alineamiento estratégico requeridos para integrar los nuevos esquemas de seguridad hemisférica.

 En este sentido, la política exterior no se evalúa en función de gestos protocolares o declaraciones públicas, sino a partir de resultados verificables, coherencia doctrinal y previsibilidad estratégica. Bajo estos parámetros, el balance para Colombia resulta desfavorable.

1. Desfase entre interlocución política y cooperación efectiva

Pese a que el encuentro bilateral fue presentado por el Gobierno colombiano como un ejercicio de acercamiento y recomposición de confianza, los desarrollos posteriores evidencian la inexistencia de avances sustantivos en términos operativos. La vocería oficial de la Casa Blanca fue explícita al señalar que la exclusión de Colombia obedece a la insuficiencia del nivel de cooperación percibido, particularmente en materia de lucha contra el narcotráfico, control territorial y convergencia estratégica.

Esta evaluación se inscribe en una secuencia de decisiones previas que ya habían deteriorado la relación bilateral. En septiembre de 2025, Estados Unidos retiró la certificación de Colombia como país cooperante en la lucha contra las drogas, señalando deficiencias persistentes en reducción de cultivos, interdicción y desarticulación de redes criminales. A ello se suman investigaciones y sanciones dirigidas contra actores del entorno político del Ejecutivo, así como la creciente distancia doctrinal entre Washington y Bogotá frente al enfoque prohibicionista tradicional.

La insistencia del presidente Petro en promover la legalización del cannabis y su crítica abierta al régimen internacional de control de drogas, expresada recientemente en foros multilaterales europeos, profundiza esta brecha y refuerza la percepción de una política antidrogas disonante con los consensos operativos que sustentan la cooperación hemisférica.

2. Información de inteligencia versus percepción de control interno

El Gobierno colombiano ha intentado contrarrestar estas críticas destacando su aporte a la inteligencia internacional, afirmando que hasta el 80 % de la información que permite incautaciones globales tiene origen en Colombia. Sin embargo, este argumento no logra compensar la evaluación estructural negativa que predomina en Washington y en otros centros de decisión.

Desde una perspectiva estratégica, la provisión de inteligencia resulta insuficiente cuando no se traduce en control efectivo del territorio, reducción sostenida de economías ilícitas y debilitamiento real de actores armados ilegales. En el caso colombiano, la percepción dominante es la de un Estado que privilegia esquemas de negociación, concesión política y contención discursiva frente a organizaciones criminales con alta capacidad de adaptación y expansión.

Este enfoque resulta incompatible con la lógica del “Escudo de las Américas”, concebido no solo como una iniciativa antidrogas, sino como un dispositivo de seguridad integral orientado a contener redes criminales transnacionales y a limitar la proyección de actores extra hemisféricos como China e Irán. En este marco, la postura ambigua de Colombia frente a estos vectores geopolíticos constituye un factor adicional de exclusión.

3. Repliegue discursivo y aislamiento regional

La reacción del presidente Petro ante la exclusión ha sido predominantemente ideológica. Al descalificar públicamente a los gobiernos participantes —entre ellos Argentina, El Salvador y Ecuador— como actores “dudosos” o “débiles”, el mandatario colombiano opta por un repliegue discursivo que refuerza su aislamiento regional.

Este tipo de posicionamiento no solo erosiona la interlocución diplomática, sino que proyecta la imagen de un liderazgo renuente a la autocrítica estratégica y más inclinado a la confrontación narrativa que a la corrección de políticas. En términos sistémicos, Colombia pasa de ser un actor articulador en seguridad hemisférica a una posición periférica dentro de los nuevos alineamientos regionales.

Conclusión: señal inequívoca de degradación estratégica

Desde una perspectiva estrictamente geopolítica y de seguridad hemisférica, la exclusión de Colombia del “Escudo de las Américas” debe interpretarse como una señal inequívoca de degradación estratégica. Para Washington, el país ha dejado de cumplir los criterios mínimos de confiabilidad operativa, previsibilidad política y alineamiento doctrinal requeridos para integrar los nuevos dispositivos de contención contra el narcotráfico transnacional y la proyección de actores extra hemisféricos hostiles. La visita presidencial de febrero no alteró esta evaluación: fue un acto protocolario sin impacto estructural, incapaz de revertir una percepción consolidada de incoherencia entre el discurso oficial y la conducta efectiva del Estado colombiano en materia de seguridad.

En este marco, la recomposición de una relación funcional de confianza resulta, en términos prácticos, inviable. Ello exigiría un giro inmediato y verificable en la política antidrogas y de control territorial, con resultados contundentes frente a las disidencias de las FARC, el ELN y las redes criminales transnacionales que hoy operan con altos niveles de autonomía y capacidad de adaptación. La ausencia de dichos resultados a lo largo de más de tres años de gobierno, sumada al respaldo político a actores percibidos internacionalmente como tolerantes —cuando no funcionales— a esas estructuras armadas, consolida la lectura externa de un Estado que ha optado por la gestión política del conflicto antes que por su neutralización estratégica. El resultado es un aislamiento progresivo de Colombia dentro de la arquitectura de seguridad occidental, con costos directos en cooperación, inteligencia, asistencia militar y capacidad de incidencia regional.