Postillas de coyuntura - 032/23
Bogotá, julio de 2023
Parece que algunos muchos funcionarios de primer orden, no asumen, que con sus acciones u omisiones “están entregando al País”. Este calificativo de entregar significa dar a otro, pero este dar o entregar se hace por conveniencia política, dinero, dádivas o compromisos previamente adquiridos, sin pensar en las consecuencias que demandará al futuro esta consideración, que no se asume con una responsabilidad personal o legítima y pensando que las decisiones o determinaciones no se hacen pensando en el bien común o interés general por el bienestar o futuro de todo el pueblo colombiano.
El asumir un cargo o puesto público, ubica a un funcionario en un nivel y estatus de máximo compromiso y responsabilidad, y debe ser desprendido de cualquier interés de tipo personal, familiar o ilegítimo, ya que en la toma de decisiones debe observarse con lujo de detalles frente a lo que le conviene a todo un pueblo.
Al contrario, tomar determinaciones que van a cambiar la historia de una nación en perjuicio de la democracia y el interés general llevará a los que tomen la decisión desacertada a la destrucción política y legítima del Estado, arrastrando con ello el peso de la conciencia que le reclamará por el resto de sus vidas la decisión equivocada. De ahí, que las decisiones, que se tomen políticamente afectarán o beneficiarán a la gran mayoría de los colombianos.
Se observa que políticamente el ejecutivo junto a su equipo de gobierno trata de impulsar reformas en el estado que podrían afectar la salud, el empleo, las pensiones y la seguridad del País. Reformas que, con poco estudio técnico, pero si tomadas de experiencias nefastas pretenden sacar al país, del caos que ellos mismos desde una oposición irreflexiva ayudaron a encubar.
Lo que estamos viviendo sin duda tiene injerencia en la tranquilidad y estabilidad de la región. Los gobiernos de países limítrofes y vecinos prestan atención por las implicaciones que puedan acarrear para sus naciones en un futuro cercano. Pareciera que no fueron suficientes las consecuencias adversas de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, para llevar a esta nación al oscuro túnel del socialismo siglo XXI.
La historia recordará y juzgará a los diferentes funcionarios públicos como los que hicieron lo mejor por su país o los que atentaron contra la vida, honra y bienes de todo un conglomerado que esperaba les representara de la mejor forma en las ramas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La construcción democrática de pesos y contra pesos, está en juego. La esperanza de numerosos ciudadanos pone su optimismo en que esta construcción de muchos años funcione y no permita el desastre y entrega de la nación a intereses mezquinos, no patrióticos y foráneos.
Los legisladores no pueden ser inferiores a la responsabilidad que tienen con su electorado y deben anteponer el interés general al particular, en el momento de decisiones que puedan alterar los logros que, en aspectos sociales, de salubridad y seguridad se han conseguido. Las altas cortes deben ser fieles a la balanza de la justicia, para no permitir atropellos al orden constitucional que deben fiscalizar y garantizar.
Otros funcionarios que en el Estado han asumido responsabilidades de alto nivel como lo son los comandantes de la Fuerza Pública, quienes antes que nada le deben un compromiso y lealtad al País y no al servicio de una clase política, su servicio es de la Nación y para la nación. Tanto ellos, como todos los funcionarios públicos a sus órdenes, juraron defender los derechos y las libertades públicas y su fidelidad y lealtad también demanda un compromiso no solo con la Nación sino con Dios. Los colombianos quieren, admiran y respetan su fuerza pública y ella que es la depositaria de las armas de la nación no pueden ser inferiores a esa confianza.
La seguridad física de todo el País está en estos momentos en un nivel alto de riesgo, ya que los grupos armados ilegales están actuando en contra de toda la sociedad y el gobierno como tal no asume su responsabilidad o función y parece entregar a los crimínales el poder y control que debe ejercer el Estado legítimo.
Un gobierno que no respete los derechos y las libertades públicas, y no garantice o proteja la vida, honra y bienes de los colombianos, es ilegítimo y por lo tanto va a destruir a todo el Estado. Ojalá estemos equivocados y este oscuro momento pase, para que Colombia siga siendo una nación “respetada y libre”.
