Postillas de coyuntura - 009/24
Bogotá, mayo de 2024
Un Estado social de derecho debe estar amparado por el cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y toda la normatividad legal, el cual está soportado por principios, derechos, libertades, directrices universales, con la asignación de responsabilidades y funciones enmarcadas en la legalidad, y el cumplimiento de la ley en general demanda que todos los ciudadanos cumplan a cabalidad con todos los preceptos y aparta el incumplimiento con sanciones. Por lo tanto, los funcionarios del Estado así como todos los residentes en Colombia no deben hacer lo contrario al cumplimiento de toda la ley sin excepciones.
Pese a estas y otras consideraciones, lo que para unos es un abuso de poder, para otros su ejecución impropia, sin importar en absoluto la normatividad existente en la Constitución Política del País es normal como si no existiera la ley y todas las normas que exigen o buscan un Estado Social de Derecho, lo que ha pretendido hacer en Colombia el Presidente de la Nación con el apoyo de otras corrientes políticas con las que comparten ideales que buscan cambios legales aún en contra de la normatividad existente. Dicho de otra forma, no les interesa mostrar que sus hechos violan la Constitución y la ley. Cómo si no existiera un legítimo gobierno. Por lo que se aprecia toda la normatividad legal a pesar de que existe no les interesa violarla o incumplirla haciendo que con ello la corrupción aumente sin control y medida por cuanto no hay conciencia en el cumplimiento de todos los deberes y obligaciones que demanda el ejercicio político y su interés para que el País mejore y buscando que toda la sociedad colombiana acabe o se destruya irreparablemente.
Que esperar del juzgamiento al Presidente de la República, por parte del Congreso de la República, su juez natural, que al parecer está permeado por la corrupción imparable en el País, que se pagan los favores políticos abusivos con contratos o dineros ilegítimos que salen de las arcas del mismo estado en forma clandestina y con propósitos contrarios al interés común de todo un país, o dineros que aparecen y desaparecen como en el caso de Laura Sarabia, que no tienen justificación alguna y no pretenden aclararle al país su desmedida y desproporcionado riqueza como si fuera la caja menor del Presidente de la República quien como funcionario público debiera ser el más interesado en mostrarle al pueblo su origen y ahora más grave donde queda la inversión desproporcionada de carro tanques de agua que no han funcionado con sobrecostos y paseo de dineros que tampoco muestran un verdadero origen
Cómo se mueven las investigaciones en contra de Senadores y representantes también si no hay resultados o mejor se cubren o tapan todos por qué lo que no se dice o no se denuncia aportando pruebas no existe o resulta más bien un cuento o chisme desconsiderado en contra de los honorables inculpados.
Que hace la fiscalía frente a tantos hechos que se conocen públicamente pero que no se aprecian resultados u acciones efectivas en contra de los delincuentes de cuello blanco que hacen carrera en diferentes cargos públicos o partidos políticos que se defienden aduciendo que son injustas las investigaciones a ellos aperturadas, que terminan finalmente engavetadas u olvidadas en anaqueles polvorientos en espacios sin condiciones para el depósito de documentos.
El presidente de la República se defiende y no asume la responsabilidad política de las acciones ilegales ejecutadas por su hijo de quien se asegura a través de los diferentes medios de comunicación que cometió delitos amparado políticamente por su papá el presidente de la República.
Muchos conocen que el repartir contratos o mermeladas así como aceptarlas a cambio de la aprobación de normas constituye un delito. Pero si no hay denuncias penales o no pueden probar los actos ilícitos, unos y otros delincuentes de cuello blanco burlan la ley, además que engañan todo un país que confió que la elección de estos políticos en los diferentes cargos iba a ser honesta, recta y responsable.
Todos los hechos de corrupción en el país parecen justificados por los mismos partidarios políticos y por las mismas autoridades que permiten ser nombrados por el mismo candidato o el gobierno de turno.
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