Postillas de coyuntura - 033/23
Bogotá, agosto de 2023
La libertad de prensa en un derecho establecido en la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 20, garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva que informan con relación a las políticas públicas y las problemáticas que el país debe solucionar con urgencia. Estos son libres y tienen responsabilidad social.
Esta libertad de prensa es demandada normalmente por quienes ejercen oposición al gobierno de turno. Durante muchos años vimos como las personas que actualmente están en el poder demandaban con razón o sin razón esa garantía constitucional.
Los medios de comunicación de nuestro país han gozado por tradición de esa garantía, con episodios esporádicos que rápidamente el estado de derecho los revindica con sanciones o llamados al orden y respeto de ella.
Viviendo el siglo XXI donde la tecnología es parte indispensable de las comunicaciones, observamos el progreso y como la información llega o es conocida muy rápidamente en todo el globo terráqueo casi en el momento y también como la cantidad y calidad de fuentes nos hacen muy rápidamente participes y analistas de la noticia, con los sesgos de apreciación, tiempo, modo, lugar y autenticidad que puedan originar.
Los medios de comunicación en Colombia, con la cantidad de fuentes de información abiertas que la tecnología le suministra, han aprovechado estos numerosos recursos que, sin lugar a duda, les han permitido documentar y presentar a la opinión hechos o eventos que las autoridades legítimas muy rápidamente deben poner atención, valorar y dar respuesta del estado en cualquiera de sus instancias.
Es evidente que los medios de comunicación sin temor alguno y en instantes difunden la información, procurando con ello garantizar, no perder audiencia y adquirir confianza y respeto, por sus lectores y escuchas. La contraparte o los que se ven evidenciados o descubiertos desean tapar la verdad y se vienen en contra de los medios que han publicado los hechos que se desconocen por cuanto le temen a ser judicialízalos o penalizados.
Las autoridades judiciales son las que investigan y establecen la verdad de los hechos publicados por los medios de comunicación y frente a un debido proceso han de aclararse muchas de las informaciones difundidas para bien del País. El respeto de las garantías procesales dignifica la democracia existente en la Nación.
El periodismo a través de los medios de comunicación cumple una labor importantísima por cuanto a través de sus fuentes se conocen en forma oportuna los hechos que marcan la historia del país. De otra forma los periodistas deben ser responsables en la información que manejan y no están obligados a difundir sus fuentes.
La publicación de informes que comprometen legalmente a funcionarios en el gobierno debe ser investigados con prioridad y no los excluye de responsabilidad penal sus acciones u omisiones. Tampoco deben temer a ser procesados y los colombianos tenemos derecho a la verdad y tenemos también la obligación de aportar información importante para aclarar esos hechos relevantes.
La verdad hace parte importante en lograr llegar a tomar decisiones justas. Para que la impunidad no continúe reinando en un país donde la corrupción no ha podido ser controlada por las autoridades y mantiene deteriorando la moral de todo un país.
Necesitamos cambiar, procuramos mejorar, pero sin verdad y justicia no lo vamos a lograr. Y mucho menos atentando contra esa libertad constitucional.
Apreciamos la libertad de prensa respetuosa con imparcialidad y objetividad.
