Postillas de coyuntura - 037/23
Bogotá, agosto de 2023
Las estadísticas de los hechos delictivos después de un año del gobierno del presidente Petro marcan índices que ameritan un análisis juicioso, observando una sana crítica que sirva para considerar nuevas políticas y estrategias que exijan acciones prioritarias.
Se observa que el Estado en aplicación de políticas de gobierno adelanta procesos de paz con organizaciones terroristas que continúan imponiendo autoridad e intimando a la población civil con sus armas, las cuales para generar e infundir terror y mejorar sus condiciones de negociación, han asesinado militares y policías, además de ciudadanos que se niegan a hacer aportes extorsivos a sus organizaciones crimínales.
El ofrecimiento y entrega de dinero, por parte del gobierno a crimínales para evitar delincan no es garantía, ya que nunca será suficiente este tipo de motivación para lograr un resultado positivo cuando este tipo de delincuentes han vivido varías generaciones en la criminalidad y el cambio de mentalidad y pensamiento no se va a lograr de esa forma.
La presión ejercida por los criminales a los comerciantes, ganaderos, empresarios u otros emprendedores de pequeñas empresas agrava la inversión por la falta de confianza en la capacidad del Estado frente a los problemas de inseguridad que han aumentado y que el gobierno no quiere controlar dejando o permitiendo que la criminalidad avance y aumente sin control y represión legal.
La falta de autoridad y permisividad del Estado, juntamente con el favorecimiento y beneficios prometidos y que ya injustamente otorgan a los criminales de diferentes organizaciones armadas, va a incrementar sus acciones ilícitas las cuales impondrán con muerte, intimidaciones y desplazamientos forzados por el reclutamiento ilegal de menores.
El aumento de crimínales en las ciudades y en las zonas rurales sin duda aumentará los diferentes hechos delictivos y sus víctimas, quienes por su condición y la falta de garantías estatales no van a denunciar los crimines cometidos por las futuras represalias a cometer que agravarían sus vidas.
La falta de educación, la cultura y costumbres de generaciones en algunas ciudades y regiones donde es normal y no tiene control la ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de alucinógenos aumentarán los delitos de homicidio y lesiones personales con la utilización de armas corto-punzantes, armas de fuego y otros medíos contundentes por la falta de autoridad que conozcan de estos casos y judicialicen a los responsables de los hechos delictivos.
Definitivamente la ausencia de autoridad e incapacidad del Estado frente a la inseguridad latente empeorará la sostenibilidad económica de todo el País y agravará la comisión de hechos punibles por la falta de cobertura y ausencia de fuerza legítima en la imposición de la normatividad legal para reprimir el delito juntamente con el transgresor o infractor de la ley.
En conclusión, La política de seguridad de este gobierno, está facilitando a los criminales sus fechorías, lo cual aumentará la inseguridad, la impunidad, el desempleo, las necesidades básicas, etc.
Es imperioso revisar el camino trazado en materia de seguridad si no se quiere llegar al caos y al desgobierno.
La autoridad legítima es la única que hace el uso de la fuerza para resguardar el orden y las libertades constitucionales. El monopolio de la fuerza no es ni será delegable.
