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La injusticia y el honor militar y policial

Postillas de coyuntura - 030/23


Bogotá, julio de 2023

 


Antecedente

Recientemente una revista[1] de amplia circulación nacional traía la entrevista de un colombiano que por los años 50 del siglo pasado abrazó la profesión de las armas como forma de desarrollar su proyecto de vida.

El personaje en mención, como la inmensa mayoría de quienes escogen servir a su país a través de su vinculación a la fuerza pública, lo hacen por una vocación que implica una recia formación donde se inculcan valores se resalta la ética, se ama, se respeta profundamente la ley y la Constitución de la nación.

Este colombiano profesional de armas fue escalando peldaños en su carrera militar llegando al más alto y honroso cargo que puede tener un oficial del ejército de Colombia: ser el comandante de su fuerza y ostentar el grado de General de la República.


Por razones de su trabajo ejercía el comando de la unidad militar que en el año de 1985 recibió la orden legítima impartida por el presidente de la República de imponer el orden en el palacio de justicia, que había sido ocupado por delincuentes que, con armas de diferentes calibres, de explosivos diferentes denominaciones y estructuras, previa planeación, preparación y entrenamiento se tomaron a sangre y fuego ese magno lugar del poder judicial colombiano.


Es importante remontarnos en el tiempo y ubicarnos en la Colombia de la década de los 80 del siglo pasado con su sistema de gobierno, con sus problemas, con las capacidades y entrenamiento de su fuerza pública, para el momento.

La orden impartida por el alto gobierno se cumplió y se instauró el orden y la libertad, desafortunadamente con consecuencias que son imposibles de restituir como es la vida humana. Si, casi una centena de ciudadanos, funcionarios judiciales magistrados, miembros de la fuerza pública y los agresores y captores perdieron su vida.

Algunos años después los miembros de la organización delincuencial muchos de ellos pagando condenas por sus delitos fueron acogidos por beneficios que la magnanimidad de los colombianos les otorgo, una amnistía que conlleva la puesta en libertad y al cierre de procesos judiciales para que en paz y armonía rehicieran su vida ciudadana y participación en la actividad política y democrática de la nación.

Volvemos al presente, leemos algunos y vemos otros, imágenes de la entrevista, donde ya un anciano, pero garbo militar, abuelo, padre y viudo desde su lugar de reclusión reclama justicia y resalta el honor militar.

Para él, para su círculo íntimo, hoy en el exilio, y para la gran familia de la fuerza pública es inaudito que esto esté ocurriendo y menos en momentos en que la nación está más convulsionada que nunca y donde uno de los amnistiados de aquella nefasta jornada y época funge como máxima autoridad del poder ejecutivo nacional.


El Honor militar y policial

El honor tanto para el militar como para el policía se entiende como el amor al deber y el deseo por satisfacer las esperanzas. Esta virtud conduce al militar y al policía a la honradez, la nobleza del alma, la caballerosidad, la rectitud, la obediencia el cumplimiento del deber, la fidelidad a la verdad y la responsabilidad[2].

Tanto el militar como el policía deben rendir culto al honor, el cual conceptualiza con la dignidad personal que lo impulsa en los más íntimo de su ser a cumplir con severa conciencia sus deberes.

El honor militar se impone más allá de lo imposible, un viejo adagio señala que: “El honor al que se acordaba lo empujaba y al moribundo lo empuja a combatir.”

El honor es en los hombres de armas al servicio de la nación una cualidad moral que lo lleva al más severo cumplimiento de los deberes, respeto del prójimo y de sí mismo.


La justicia y la política

No es fácil entender y se puede considerar como desatino el fallo adoptado por las autoridades judiciales en el tiempo, frente a la decisión patrocinada por los gobernantes en el proceso de paz adelantado con el M-19 y con otros grupos subversivos, al perdonar los delitos cometidos que infringieron el derecho internacional humanitario, decisiones que parecen favorecer los actos crimínales cometidos por los insurgentes, mientras que las fuerzas del orden que los han contrarrestado enfrentan procesos legales en la aplicación de la ley.

Esto nos lleva a pensar que tal vez la justicia es acomodada. No se mira con imparcialidad las decisiones adoptadas por los jueces en tanto que los gobernantes sin ser jueces toman decisiones alejadas de la justicia, como si se premiara el victimario y los graves delitos cometidos frente a los que buscaron en su oportunidad restablecer el orden por el interés general del País.

Los gobernantes son injustos en sus decisiones mientras que los jueces cumplen la ley a cabalidad, un interrogante queda ¿por qué los mismos gobernantes que negociaron con el M-19, no blindaron las acciones de fuerza legitima, utilizadas por la fuerza pública para restablecer el orden público alterado?


¿Por qué es injusta la justicia?

Actuar con justicia es respetar los derechos y las libertades, dando a cada uno lo que merece: ¿Y por qué los insurgentes que tanto daño cometieron en contra de la población no recibieron el mismo castigo?

La justicia no es equitativa, si analizamos la decisión adoptada en contra del señor General Jesús Armando Arias Cabrales, como comandante de la Brigada 13 del Ejército Nacional para la época de los hechos examinados donde es condenado a 35 años de cárcel por la muerte y desaparición de varias personas en el crimen cometido por las guerrillas del M-19, quienes fueron pagos por el Narcotraficante Pablo Escobar, quien buscaba beneficiarse con la toma armada, violenta e ilegal del Palacio de Justicia, en tanto que algunos de los líderes de esta organización criminal gozan de libertad, sin haber aceptado los delitos atroces cometidos, haber pedido perdón a la víctimas o sus familias y haber resarcido el daño ocasionado.

¿Acaso no fue distinguida de la fuerza pública por su heroica acción cuando contuvo la inestabilidad de la nación frente al hecho criminal perpetrado por el M-19 en la toma del Palacio de Justicia?

El comandante militar de la plaza y sus unidades subordinadas no llegaron al lugar de los acontecimientos a mutuo propio. Llegaron por que había una situación fuera de control y actuaron con la fuerza disponible ante una orden legitima.


Se es justo en acciones y decisiones

Actuar de manera racional ayuda a ejercer mejor la justicia, pues ella tiene límites. El Justo edifica, construye, mejora, no desordena lo qué hay establecido.

Los guerrilleros recibieron los beneficios que conforme a ley les fueron otorgados, pero quienes hicieron estas leyes no tuvieron en cuenta que sin la utilización de la fuerza legal el país hubiere caído en la pérdida de autoridad y falta de gobernabilidad, y no pensaron nunca en los miembros de la fuerza pública.

Es cierto que la ley y la justicia no van siempre de la mano, y es en este caso la injusticia es la que deja el sin sabor en quienes hemos servido a la patria, pues la ley beneficio a los guerrilleros que fueron absueltos, pero los miembros de la fuerza pública han sido condenados, y ellos solo estaban cumpliendo una orden legítima del presidente de la República de recuperar la tranquilidad del Palacio de Justicia.


La justicia no distingue entre personas, se aplica en forma equitativa y con el mismo rasero. Con la justicia no se debe atropellar, más bien buscar que las medidas adoptadas corrijan las conductas ilegales, no se repitan y retorne la paz que tanto necesita un territorio. La justicia está relacionada con la verdad, pero una verdad verdadera, no una verdad de circunstancia tiempo y lugar donde la justicia parece estar limitada a la verdad de unos y no la verdad de todos.

Si esto así ocurre, el futuro de toda una sociedad se va a ver afectado por cuanto la maldad que va a imperar y la impunidad será más alta.

Una persona justa debe obrar con rectitud, con lógica, con razón. Debemos dar a cada uno lo que le pertenece. No haciendo el mal.


Treinta y ocho años después

No debemos esperar nada de la justicia de los hombres por cuanto los gobernantes se equivocan en sus decisiones y buscan favorecer sus propios intereses, no procurando el interés general o el bien común, mientras que todo un pueblo sufre y padece por la falta de gobernabilidad, seguridad y confianza.


Después de tantos largos años la justicia parece no tener un sentido lógico frente a víctimas y victimarios en el País, ya que mientras cumple condena penal un comandante de las fuerzas del orden, al contrario, uno de los que aparece comprometido con el grupo alzado en armas en contra del Estado funge como presidente de la República, después de cometer delitos atroces y reprochables como el ocurrido en la toma del Palacio de Justicia y otros tantos que en su prontuario se registran.


“Un veterano y garbo militar, clama justicia y revindica el honor militar”

[1] www.semana.com/nacion/articulo/el-general-arias-cabrales-condenado-a-35-anos-por-la-toma-del-palacio-de-justicia-dice-lo-que-piensa-al-ver-a-gustavo-petro-como-presidente/202359/ [2] Manual de Ética para las Fuerzas Militares y de Policía, Colección documentos CELAM n° 155, Contreras J; Gutiérrez A. 1999.

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