Postillas de coyuntura - 036/23
Bogotá, agosto 2023
Es ya una costumbre que en cada temporada de elecciones salgan los gobernantes o los aspirantes a cargos de elección popular a hablar de seguridad como si fueran unos eruditos en el tema y contrario a esto dejan en evidencia su ignorancia corroborada con las sugerencias de crear más instituciones de seguridad.
Recientemente vimos a la alcaldesa de Bogotá D.C., felicitar a los congresistas que presentaron un proyecto de ley para crear una fuerza de seguridad (policía local) en ciudades como Bogotá D.C., Medellín Cali, sorprende como con gran ligereza hablan de algunas falencias en seguridad para congraciarse con los ciudadanos pretendiendo ocultar la ineptitud de estos mismos funcionarios, unida con su arrogancia quedando mal ubicados en el caballito de batalla de sus campañas denominado seguridad, con resultados muy desfavorables porque al desautorizar arbitrariamente a una entidad legalmente constituida como la Policía Nacional de Colombia con una experiencia de 131 años en el cumplimiento de sus funciones, no es fácil desacreditarla, ni quererla borrar porque se llega a un cargo público como alcalde, gobernador o presidente.
Estos funcionarios públicos y políticos, olvidan que el país está integrado por varias instituciones las cuales deben trabajar articuladamente hacia un mismo objetivo que es el bienestar y la dignidad humana de todos los ciudadanos; es así, que los delincuentes, los violadores de las leyes y normas de convivencia o de policía son los directos generadores de la inseguridad y si a esto le sumamos los funcionarios que deben ejercer el poder de policía y lo omiten con intervenciones para torpedear la actividad de la Policía y que desconocen por completo la constitución, las leyes y el derecho de policía pues lo lógico e inevitable es un resultado de impunidad y un incremento de la delincuencia, como está ocurriendo en el Distrito Capital y todo el país.
No se necesita un exhaustivo análisis para comprender que, si no hay orden, que si no hay gobernantes respetuosos de la Constitución Política, de las leyes, sin egos, sin obstinación, sin tener sesgos populistas e ideológicos, pues el resultado es lo que estamos viviendo en las principales ciudades.
No hay coherencia en el discurso de plaza pública, incluyendo las entrevistas en los diferentes medios de comunicación o redes sociales de estos funcionarios y de los políticos que en campaña e inclusive ya siendo elegidos para los cargos de elección popular, se comprometieron en no seguir creando entidades a cargo del estado; sin embargo, proponen crear guardias campesinas, indígenas, colectivos, gestores de paz, entre muchas más denominaciones que se les ocurra, obviando la constitución y las leyes y eso que juraron cumplirlas.
A estos personajes públicos se les olvida la responsabilidad que tienen cada vez que hablan y más cuando aseguran implementar tan descabelladas sugerencias, porque no piensan en las consecuencias económicas que generan para los ciudadanos; es necesario recordar, que el Estado y sus entidades no generan ingresos, su financiación y gastos salen de la impuestos que pagan los ciudadanos; entonces, debemos preguntarnos ¿de dónde van a salir los sueldos de estos funcionarios? y la respuesta es ¡sí! del bolsillo de todos los ciudadanos porque deben crear o subir los impuestos.
Por consiguiente, estos proyectos no son buenos porque como ciudadanos nos obligan a subsidiar la falta de gestión e inobservancia a la constitución y a la ley, o sea la ineptitud de estos funcionarios públicos y se explica de una forma muy sencilla que se llama responsabilidad y es aquí en dónde todos debemos de intervenir porque a cada uno de los ciudadanos y como sociedad, estamos obligados a asumir responsabilidades a cumplir unos deberes y no solo a reclamar derechos que si los violan, obviamente deben reclamarse.
Nuestro principal deber como ciudadanos es la educación en convivencia social y esta se inicia desde casa cuando los padres enseñan a sus hijos a ser justos, responsables y a respetar los derechos de los demás, esto se practica cumpliendo todas las normas sociales como: no coger lo que no nos pertenece, así este abandonado en la calle, a no colarse en la fila o en el transporte público, a respetar a nuestros compañeros y semejantes tolerando nuestras diferencias, concertando y no utilizando la violencia, pagar nuestras obligaciones como arriendos, impuestos, servicios públicos etc., ser un buen ejemplo dentro de nuestro entorno familiar y social.
En pocas palabras lo anteriormente expuesto, está dentro de la educación en sus diferentes niveles, el primer nivel educativo que se denomina educación inicial (desde el nacimiento hasta los primeros cinco años de vida) y luego se debe complementar dentro de los otros niveles de educación, preescolar, educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior, aclarando que la participación de los padres es fundamental en todos los tiempos.
La alcaldesa de Bogotá D.C., y los parlamentarios que presentaron el proyecto de ley para crear otra policía, deberían elucubrar en su iniciativa en los costos y el atraso, pues los policías de municipios, de ciudades o distritos de acuerdo a las supuestas justificaciones de la alcaldesa, de aumentar el pie de fuerza, de mejorar la educación y el salario de los policías nuevos, sigue siendo un error porque como se dijo, aumentaría el crecimiento en entidades del estado sin justificación acordarse de que ya hay policía; así mismo, es evidente que desconocen la educación integral que tiene el policía, por eso al no cumplir sus funciones en debida forma ocasiona responsabilidades disciplinarias, penales y/o civiles. Prometer en ponerles un mejor salario a estos nuevos policías locales, significa que los recursos los deben conseguir con impuestos que salen del bolsillo de los ciudadanos, si se traslada a los comerciantes ellos lo deben recuperar en la venta de sus productos o servicios, semejante a lo que se está viviendo con el alza de la gasolina, es un efecto domino en el aumento del costo de vida que afecta la calidad de esta.
La alcaldesa debería replantear su propuesta y pensar, que si tiene presupuesto para este proyecto, es mejor invertir en la Policía Metropolitana que ya tiene toda la infraestructura para capacitar y no tendría que buscar locativas, docentes, instructores y campos de entrenamiento que ya el estado tiene en esta institución; de aquí que, al analizar se vislumbra un fortín político subsidiado por todos los ciudadanos, en donde el político de turno da trabajo a unos pocos porque votaron para su elección (alcaldía, gobernación o presidencia) y, así es que nos venden las ideas asaltando la buena fe para subsidiar beneficios y aspiraciones personales de estos funcionarios públicos de elección popular.
