Postillas de coyuntura - 034/23
Bogotá, agosto de 2023
El contexto
En los comienzos de la sociedad era desconocido el juramento por la sencillez y cordialidad entre los hombres. Los juramentos nacieron al mismo tiempo que los hombres se engañaron.
Un Juramento es una declaración para ofrecer la máxima garantía personal sobre la verdad de un hecho o el cumplimiento de un propósito[1].
Juramento, del latín “iuramentum”, es la afirmación o negación de algo, generalmente anteponiendo testigo(s) de máxima significación: ante Dios, ante Mis Padres, ante Mis Hijos...; u, ofrendando prenda(s) de máximo valor: por Mi Patria, por Mi Bandera, por Mi Vida, por Mi Salud, por Mi Honor... Un juramento, por lo tanto, es una promesa o una declaración invocando a algo o alguien de máxima importancia personal[2].
De otra parte, se entiende que esta forma de adquirir responsabilidades demanda entrega, dedicación, sacrificios y deberes que la ley no excluye y sus acciones u omisiones contempladas en el código lo pueden llevar a enfrentar procesos investigativos que podrían tener como resultado sanciones legales, dentro de las cuales estarían las penas condenatorias y la destitución del cargo por el incumplimiento de obligaciones referidas en la legislación.
La tradición de la nación hace que el juramento de sus más altos dirigentes se efectúe en un acto público y solemne, claro que en los tiempos de cambio la solemnidad está pasando a un lado siendo remplazado por la informalidad e impuntualidad.
Nuestra reflexión
Para la mayoría de la sociedad colombiana, resulta un tanto difícil percibir que los funcionarios públicos de alto nivel al tomar posesión del cargo se comprometen con el país mediante un juramento para cumplir cabalmente con la Constitución Política, la ley, y/o demás normas aplicables a estos funcionarios, pero contrario sensu incumplen el mismo, violando el principio constitucional de responsabilidad e incurriendo en omisiones y extralimitaciones.
Estamos presenciando como muchos burócratas se están posesionando en los cargos públicos, efectúan el juramento ordenado por la Constitución Política (artículo 122), desconociendo lo dispuesto y lo más grave carentes de idoneidad y experiencia necesaria para desempeñar el trabajo asignado, esta actitud y comportamiento asumido con ligereza e irresponsabilidad no les habilita para suplir los requisitos exigidos legales y convertirse automáticamente en expertos que con excesiva desfachatez omiten los deberes y obligaciones de la responsabilidad adquirida.
Porque un ministro de defensa no defiende los derechos del personal al servicio de la entidad a su cargo, como fue el comentado caso de una subalterna miembro del ejército que fue secuestrada con sus dos pequeños hijos y sin criterios prudentes manifiesta que fue culpa de la suboficial y al contrario no rechaza y reprocha la acción criminal del ELN grupo terrorista que cometió el delito. En tanto que otros funcionarios con sus intervenciones afirman que ello no fue un secuestro, negando lo preceptuado en el código penal en sus artículos 168, 169, 170 entre otros relacionados con el secuestro, respaldando la actuación criminal del citado grupo y aun siendo más grave el desconocer el derecho de los menores de edad al permitir someterlos al secuestro.
Es evidente que la palabra responsabilidad y funciones son en extremo magnas y no se observa su cumplimiento como debería en todos los ámbitos de la vida de la nación, pero especialmente en las actividades donde los funcionarios requieren disciplina, eficiencia y eficacia, para que sus tareas contengan un orden y permitan observar hacia un futuro que demande progreso social.
Por antípoda, el estado recae sin justificación alguna en errores de deficiencia e ineficacia por cuanto los intereses prioritarios de la nación están atacados por la corrupción administrativa generalizada, sin control, sin castigo y así mismo no existe preocupación por mejorar la funcionalidad de todo el estado. Mas bien se percibe una sensación de buscar el caos y el desgobierno.
Los valores y las virtudes ya no confluyen en el corazón de algunos funcionarios públicos como lo alto e impermeable en el ser; contrario a esto, el interés es ambicioso, económico y material y con ello las personas que cohonestan con este tipo de irregularidades, porque lo único que desean es la destrucción del futuro de la sociedad y la familia.
Los que sentimos esta pérdida irreparable del país, no debemos desfallecer en construir valores en contra de los que quieren destruir los principios y el deber ser de la sociedad.
Los buenos ciudadanos podemos y debemos mejorar el camino incierto que busca la perversidad, haciendo uso de las herramientas que el estado de derecho establece y sin cansancio denunciar ante las autoridades judiciales todo error que se esté cometiendo.
