Postillas de coyuntura - 006/24
Bogotá, marzo de 2024
Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches?¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos?3 ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción; por todas partes hay pleitos y luchas.4 No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia.
Habacuc 1:2–4
Biblia DHH
Antecedentes
En los últimos dos años, se han registrado 52 asonadas[1] en Colombia. Estos eventos tumultuosos y violentos han ocurrido en diferentes municipios y están relacionados con el inconformismo por los resultados electorales, políticas ambiguas del gobierno e injerencia de grupos narco-terroristas. Recordemos algunos:
Durante una reciente asonada en el departamento del Cauca, al menos 15 militares resultaron lesionados. Los hechos ocurrieron en una zona rural del municipio de Caloto (suroeste caucano). Un grupo de personas rodeó “de forma tumultuaria y violenta” a los uniformados, atacándolos con diversos objetos. Tres suboficiales y 12 soldados resultaron heridos, incluyendo uno que sufrió una herida con un arma blanca.
En el departamento del Cauca, los uniformados han sido víctimas de cuatro asonadas en lo que va del mes de febrero. Estos eventos ocurren bajo la instrumentalización de las comunidades, que estarían siendo empleadas por grupos armados organizados para impedir el desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico.
En todos los casos no se han repelido los ataques con acciones de fuerza de tipo legal. Así como el gobierno no ha hecho ni el más mínimo reparo para amparar las fuerzas del orden legítimamente constituidas y amparadas por la normativa legal.
Acciones de fuerza y demostración de control territorial por parte de organizaciones subversivas como el ELN y disidencias Farc, supuestamente inmersas en procesos de negociación con el actual gobierno, son recreadas diariamente por los medios de comunicación y redes sociales:
Incursión en escuelas públicas en áreas rurales, formación de los menores para entrega de útiles escolares y arengas pro-subversión y cambios.
Realización de velorios en vía pública de poblaciones
Patrullajes motorizados en vías veredales
Registros y arengas a la población en perímetros urbanos durante los días de mercado
Carnetización de las personas para el control de los grupos subversivos. Y quienes no lo hagan no pueden ingresar a sus propiedades o son victimizados.
Construcciones de carreteables que comunican zonas cocaleras y puertos de embarque para el tráfico de estupefacientes
Exigencia de vacunas o cobros extorsivos por tener propiedades en el territorio nacional o mostrar suficientes ingresos económicos.
Política de gobierno de Paz total y ceses bilaterales de fuego. La mayor disidencia de las antiguas FARC, liderada por ‘Iván Mordisco’, está actualmente negociando la paz con el Gobierno, y desde octubre hay activo un cese al fuego bilateral que se prorrogó en enero. Sin embargo:
Según el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este grupo armado cometió 90 infracciones desde el pasado 17 de octubre, de las cuales 65 fueron ataques directos a la población.
A tan solo 25 minutos de la capital del Valle, Mordisco se dio el lujo de montar una república independiente que desafía al Estado democrático y amenaza con situar allí una dictadura sangrienta, en la que en menos de un año han asesinado a más de 50 personas, retenido a 360 ciudadanos y secuestrado a 71. La crítica situación llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una alerta temprana debido a la “sistemática violación a los derechos humanos” en Jamundí.
Realidades
A través del tiempo los medios de comunicación muestran que la autoridad en “la Colombia profunda”, representada en los uniformados de la policía y las fuerzas militares no son respetados y apreciados como dignos representantes de la autoridad y la ley.
Es así como son humillados y maltratados en diversas circunstancias legítimas:
Que se encuentran en el desminado humanitario y son rechazados por supuestos campesinos en zonas azotadas por las minas sembradas por los grupos terroristas conocidas como el ELN y las disidencias de las FARC.
Que se encuentran realizando erradicación manual de cultivos ilícitos para la producción de materia prima para la elaboración de drogas alucinógenas, son entorpecidos en sus labores y expulsados de las chagras.
Son afrentados cuando realizan de igual forma una actividad de control territorial y orden en procura de cerrar el paso y disminuir el comercio ilegal y consumo de sustancias que afectan la vida de muchas personas.
Que hacen presencia y prevención en los territorios en conflicto como se ha visto en el departamento del Cauca, pero prefieren ser controlados por supuestos campesinos organizados en milicias de las zonas rurales como sucedió también en el departamento del Caquetá.
Los uniformados que representan la autoridad en Colombia ven vulnerados sus derechos humanos, ya que también han sido secuestrados, retenidos, lesionados y asesinados por estos grupos psicópatas y antisociales, calificativo que deben recibir porque atacan a los uniformados representantes de la autoridad legítima, que no reaccionan con el uso fundado de la fuerza amparados por la Constitución Nacional y las leyes de República, posiblemente en obediencia a las políticas del gobierno central y a órdenes de sus mandos que temen ser enfrentados en procesos legales o ver terminadas sus carreras trazas o perder un ascenso, por lo cual no respaldan el uso de la fuerza si fuere necesario, como lo establecen los reglamentos.
La moral y la disciplina
La fuerza pública colombiana, ha dado muestras claras del rol que tiene en el sistema democrático del país. Gracias a ello, llámese una democracia en desarrollo, democracia imperfecta, por más de 7 décadas la dirigencia política ha forjado el derrotero de la nación.
Una fuerza pública profesional, disciplinada, cohesionada con una moral alta para la defensa de las instituciones y valores patrios viene siendo sistemáticamente atacada, disminuida en capacidades y deseo de servicio a la nación. Sun Tzu en su libro el arte de la guerra enfatiza que un líder debe ser capaz de inspirar y motivar a sus tropas, donde la moral elevada es esencial para mantener la cohesión y la voluntad de luchar.
La política estatal permisiva en las zonas de conflicto, está llevando a la pérdida de autoridad, han opacado la moral tanto de militares como de policías por no contar con el apoyo del ente gubernamental que ha preferido defender la causa de los rebeldes sin interesarle la afectación que vienen ocasionando a la fuerza pública y a la comunidad habida de que se garanticen sus derechos y libertades.
Pero esta omisión también puede tener un objetivo y es derrotar la fuerza legítima y llevar a ese nivel a los grupos terroristas que tanto daño le han ocasionado a todo el País. Es decir, seguir desangrando las finanzas del Estado y afectar la economía de todo un País porque lo que ya se dice en muchas regiones es que el gobierno es manejado o manipulado por los grupos narco terroristas los cuales son representados por los supuestos campesinos que tanto maltratan y humillan a la fuerza pública.
El ciudadano cumplidor de las normas de convivencia, observando los hechos tan notorios que se registran en diferentes partes del territorio nacional en este momento percibe que no son protegidos en su vida, honra y bienes como lo reza la carta política porque se está en manos de delincuentes que a toda costa trabajan ilegítimamente para acabar con la democracia y la fuerza pública. Ese ciudadano observa que no se cuenta con una fuerza pública que ejerza autoridad y controle todas las formas de desorden generadas en el momento del país.
Mas que nunca la sociedad colombiana vislumbra que su patria amada se convierta en un país como Venezuela, Nicaragua o Cuba, destruido, atrasado y sin un porvenir o esperanza de calidad de vida porque las fuerzas ilegítimas con una visión política errada van a destruir las finanzas de los colombianos y solo unos pocos se beneficiarán de esta desgracia, junto al abuso de poder por parte del gobernante que quiere manejar todo el país a su antojo, desconociendo la Constitución Política Nacional y las leyes de república pasando por encima de la autonomía que tiene el poder legislativo y judicial.
Conclusiones
La pérdida de la autoridad legítima llevará al país al desgobierno y a aumentar los niveles de violencia, además del menoscabo de valores, libertades y derechos de los ciudadanos.
Cuando la democracia reaccione no va a tener una fuerza pública con moral, autoridad y disciplina para defender la constitución. ¿Qué harán las instituciones democráticas cuando un poder ejecutivo soterradamente acabe con el estado de derecho?
El sistema legal, es lento para las respuestas. La fuerza pública colombiana cumple con convicción, formación y respeto al orden constitucional, pero para que su moral y disciplina se mantengan incólumes pese a las vicisitudes debe ver respuestas a las denuncias que por los delitos y atropellos en uso de sus atribuciones se han cometido a los servidores del estado menos protegidos y expuestos pero si más exigidos.
Cerramos recordando que Clausewitz el influyente estratega militar prusiano afirmaba que una vez que has destruido el espíritu de lucha del contrario, ya has ganado la guerra.
[1] Una asonada es un tumulto, motín o disturbio que se distingue de la manifestación por su carácter violento y la perturbación del orden público. Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), se define como “Reunión tumultuaria y violenta para conseguir algún fin, por lo común político” [1][1] 2. En otras palabras, cuando una parte del pueblo, más o menos numerosa, se reúne tumultuosamente y atenta contra la paz pública, se considera una asonada. Estos eventos a menudo son intentos o comienzos de sedición, revuelta e incluso revolución formal. En muchos países, el código penal tipifica la asonada como un delito
