Postillas de coyuntura - 013/22
Bogotá, mayo de 2022
Hay homicidios, extorsiones, enfrentamientos, amenazas, bloqueos, restricciones a la movilidad por parte de grupos de armados ilegales y el Estado representado por el poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Defensa, anuncian reforzar la presencia de fuerza pública en esas zonas, pero allí se sigue generando violencia indiscriminada no solo entre los mismos grupos ilegales, si no también atentando contra las personas que se movilizan dentro del País, amparados en la seguridad que han manifestado las autoridades, que no ha llegado, o no ha dado resultados positivos frente a esta necesidad.
El antecedente
Al finalizar el acuerdo de paz e iniciar la fase post acuerdo fue evidente para las autoridades la existencia de seis zonas de la geografía nacional donde por múltiples razones seguiría el conflicto.
Las agencias de inteligencia efectuaron sus proyecciones, las fuerzas militares y la policía adecuaron sus procedimientos para establecer un control en esas zonas, pero hoy seis años después la situación es similar o peor a los ojos y oídos de la opinión pública: ¿Qué es lo que pasa? ¿Porque la fuerza pública no controla? ¿porque no hay autoridad en esas zonas?, son los interrogantes del común de los colombianos, cada vez que se presenta un incidente en esas apartadas zonas ampliamente publicitado por los medios de opinión con diferentes tendencias y objetivos. De otra parte, se critica lo que parece inoperante convocatoria del Consejo de Seguridad en el sitio, mecanismo gubernamental para situaciones de desorden que amerita una revisión y presencia especial del alto gobierno nacional o regional, pero como ya se ha hecho rutina sus decisiones como incremento del pie de fuerza policial y militar, unas recompensas y fuertes críticas hacia los actores violentos se da paso al siguiente incidente.
¿Qué tienen en común El Catatumbo, Arauca, Tumaco, Buenaventura, Tumaco y el Urabá?
Son regiones alejadas de los centros de poder regionales; carentes de infraestructura básica como son vías de comunicación bien sea terrestres o fluviales; centros de educación y de salud con dotaciones tanto humanas como materiales incompletos.
La mediana presencia del Estado es ejercida por autoridades locales democráticamente elegidas pero intimidadas y una reducida presencia policial, con capacidad e infraestructura logística que a duras penas cubre el casco urbano de la cabecera municipal; los jueces y fiscales no existen y los pocos que están sobre el terreno imparten justicia bajo intimidación.
El componente social en la mayoría estas regiones, son nativos de la zona con raíces en minorías indígenas o negroides como es el caso de Tumaco, Buenaventura y Urabá, y colonos desplazados por diferentes fenómenos económico-sociales de diferentes regiones del interior del país. Todos ellos por lo largo de la contienda del país, con vínculos o relaciones bien sea de familia, por intimidación o trabajo con los grupos generadores de violencia. Se encuentran familias a las cuales les han secuestrado sus hijos para ponerlos al servicio de los agentes perturbadores, algunos han entregado sus hijos o la cabeza de la familia ha tomado la decisión de servir a estos perturbadores para garantizar la seguridad del resto de la estirpe; familiares de excombatientes jubilados o con incapacidades físicas producto de su militancia, campesinos con hijos al servicio de la fuerza pública legítima del Estado.
La economía gira en torno a pequeñas parcelas con productos de pan coger y la siembra, recolección de plantíos de coca y marihuana. Los cultivos lícitos y otro tipo de actividades económicas agrícolas a escala comercial no tienen vigencia por las dificultades de transporte, la carencia de puntos de acopio y comercialización.
La vida de los niños por la carencia de recursos económicos y la lejanía de los centros educativos los obliga desde pequeños en torno a las labores familiares que como lo dijimos están inmerso en actividades ilícitas.
Su posición fronteriza tanto territorial, como marítima los ubica como puntos de interés para el abastecimiento de insumos y precursores químicos para la fabricación de drogas ilícitas y la facilidad de sacar los productos por estos espacios.
¿Ante este panorama como lograr una verdadera presencia permanente del Estado y la vigencia de las autoridades legítimas?
Es imperativo una real y efectiva participación del Estado que garantice el imperio de la ley y el orden legitimo.
Comenzando por establecer que ha pasado con los presupuestos asignados a estas regiones durante los últimos 20 o 30 años. Una recopilación real y actual de lo que se hizo, hasta donde se hizo y por qué no se terminó o cumplió el objetivo financiado. Identificar responsables de manejos y responsabilidades por lo no cumplido, es vital para generar y crear confianza.
A partir de ello, un trabajo censal, demográfico, asistencial, social con participación activa no solo de la fuerza pública como suele suceder sino de todos los entes el estado, donde su diagnóstico permita saber, quien es quien en la zona; como llegó, desde cuándo y cuál es su expectativa, que hace y como lo hace en el momento y como se ha visto afectado por los agentes generadores de desorden.
Cuando no solo los soldados y policías de la patria estén sobre el terreno, se evidenciará las falencias y dificultades que estas apartadas zonas traen para el sostenimiento y presencia de las comunidades y sus autoridades legitimas. Todo Colombiano merece y requiere de unos mínimos vitales para su existencia y para eso es que esta el Estado.
La convivencia pacífica es de vital importancia, como ganar la confianza de la comunidad por parte de las autoridades y como las comunidades pueden confiar en sus autoridades a partir de las diferencias y dificultades por las que todos en el lugar están viviendo.
Papel sustancial juegan las autoridades locales alcaldes, concejales, cabildantes, deben señalar el que hacer y responder por el empleo correcto de los recursos que se asignen. Son ellos los voceros en sitio de la comunidad y quienes deben responder a su comunidad a partir de la diligente supervisión, de la permanencia en el tiempo y correcto desarrollo y funcionamiento de los proyectos que se acuerden y se consoliden.
El obstáculo para vencer es como hacer que las poblaciones dejen la desconfianza hacia las autoridades. Valdrá la pena estudiar figuras como “comandos situacionales” o “unidades administrativas especiales”, donde converjan todas las autoridades civiles, judiciales, de control, fiscalización, militares y policiales y a donde puedan acudir los pobladores a buscar soluciones reales y efectivas a sus múltiples necesidades. Las poblaciones arraigadas en estas zonas con más de 50 años de conflicto deben tener un trato diferente y deferente. Estos comandos o administraciones unificados no deben generar más desconfianzas y temores deben abrir los espacios de convivencia y desarrollo de las regiones.
Hay que entender desde el Estado que la pertenencia, arraigo y respeto de la autoridad por parte de la comunidad se logra al trabajar las proyecciones en lo que ellos quieren y como lo quieren, eso sí, bajo la asesoría y supervisión de expertos en los diferentes temas bien sea del nivel regional o nacional, que no entorpezcan o burocraticen, sino que ayuden a crecer el sueño o realización de la comunidad en sitio. Es hacer vivible y grato para todos los actores los diferentes espacios y emprendimientos.
Actualmente la comunidad percibe y denuncia una ausencia del estado acompañada de una ausencia de gobierno. No se siente, ni se vislumbra el interés por el desarrollo de los planes y programas, colocando al estado como inoperante y responsable bien sea por ausencia u omisión. No hay confianza hacia el Estado y la legalidad.
¿Como lograrlo?
No es tarea fácil empezando que hay que sacar todo lo negativo que cerca de cuatro (4) décadas de presencia y cogobierno de los agentes perturbadores han generado en esas áreas.
Es necesario cambiar la manera de pensar y trabajar de los alcaldes y autoridades políticas y judiciales, es tiempo de renovar gente y funcionarios.
Hay que buscar la forma en que los poderes del estado se alineen en estas zonas; que el poder judicial viva y sincronice sus tiempos a los del poder ejecutivo. Con una criminalidad en crecimiento y sin un muro de contención frente a ella, es difícil generar y ganar confianza.
Es fundamental que los dos pilares autoridad y justicia, trabajen al logro de los objetivos del estado en esas zonas difíciles de una forma eficaz manteniendo su autonomía, pero entregando resultados en sus tópicos de responsabilidad oportunamente.
Se puede pensar en la figura de jueces regionales sin asiento permanente en la zona de conflicto pero que conozcan los casos de criminalidad, pero no inmersos en la problemática social del entorno.
El ambiente de ilegalidad consentido, que se vive en esas zonas debe ser desterrado. La izquierda normaliza la ilegalidad y eso no se puede permitir. La inversión de valores, la pérdida de autoridad tanto de padres hacia sus familias, de los alcaldes con sus administrados, los escasos resultados contra la ilegalidad de fiscales y jueces permiten que el lenguaje y la fuerza de los criminales reinen y sus mensajes de desorden y anarquía calen y contaminen el devenir de esas regiones.
La fuerza pública no puede cargar con la responsabilidad que tiene raíces en fenómenos socioculturales- económicos donde los tres poderes del Estado Colombiano deben avocarlos seria, juiciosa y efectivamente, respaldados y vigilados por los entes de control, lejos de la corrupción y otros tropiezos que a los proyectos de solución les salgan.
La participación ciudadana es importante, mucho de lo realizado anteriormente tiene vigencia, pero la falta de continuidad en el proceso no permitió llevarlo a feliz término.
La prensa libre pero responsable como depositaria de lo que se identifica como el cuarto poder deben tener una misma dirección para el bien de Colombia
El cumplimiento y observancia de las normas constitucionales y legales es la premisa donde los derechos y libertades de los ciudadanos se respeten y la intimidación, el desorden, a ley del más fuerte y la falta de autoridad sean desterradas.
Si no se entregan soluciones prontas y efectivas para estas regiones, los problemas en Colombia empeoran y las regiones sin presencia del estado aumentaran.
A manera de conclusión
Se hace necesario y prioritario organizar y crear un equipo de trabajo que gobierne en todos los aspectos, involucrando todas las autoridades del Estado en esas regiones afectadas, con recursos humanos, financieros, económicos y de toda índole.
El Estado requiere contundencia, constancia, permanencia y no solo discursos faltos de compromiso y responsabilidad para atender la problemática generada por diferentes actores ilegales dónde no existe presencia del gobierno y lo que se ha hecho es facilitar que el secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento ilegal, asesinato de campesinos, tráfico de drogas ilegales, además del ataque indiscriminado a las unidades de la fuerza pública que permanecen en las áreas y otra cantidad de conductas ilícitas que menoscaban la seguridad de todo el País.
El Gobierno no puede, ni debe permitir que los delincuentes ganen espacio, ejerzan poder y autoridad con la intimidación de las armas. El pueblo colombiano vota por gobernantes que enfrenten los diferentes problemas sociales de la nación y den soluciones rápidas y oportunas a los mismos. Que ejerzan su autoridad cumpliendo la Constitución, las leyes de la República, sin necesidad de dar protagonismos, pero sí con eficacia.
