EFECTOS DE LA DESCERTIFICACIÓN ANTIDROGAS DE EE.UU. A COLOMBIA ¿TIENE SENTIDO LA CERTIFICACION PARA COLOMBIA?

Postillas de coyuntura - 016/25 

Bogotá, septiembre de 2025

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Antecedentes

La certificación antidrogas de Estados Unidos es un proceso mediante el cual el gobierno de EE.UU. evalúa y certifica los esfuerzos de Colombia y otros países a los cuales apoya económicamente en la lucha contra el narcotráfico. Esta certificación es importante porque los países que la obtienen pueden continuar recibiendo privilegios económicos y apoyo en la lucha contra las drogas ilícitas.

 En el caso de Colombia, la certificación ha sido un tema de gran relevancia. La efectividad de la certificación depende de la aplicación de políticas y estrategias robustas, así como de la cooperación internacional para abordar este problema global de manera integral.

El Estado colombiano receptor por excelencia de esos apoyos económicos y sometido al proceso anual de la certificación de los Estados Unidos por más de cinco (5) décadas en la lucha antidrogas han gozado de privilegios económicos necesarios en la disputa constante que debe enfrentar el País en contra de este flagelo. (Ver cuadro)

Recursos económicos recibidos por Colombia en los últimos 25 años por parte de los Estados Unidos
Periodo	Monto aproximado	Enfoque principal
2000–2010	US$6.000 millones	Seguridad, lucha contra las FARC, erradicación aérea
2011–2020	US$4.000 millones	Desarrollo rural, justicia, derechos humanos
2021–2025	US$1.800 millones	Sustitución de economías ilícitas, paz total, gobernanza

Colombia ha perdido la certificación antidrogas de Estados Unidos en tres ocasiones desde que se implementó el mecanismo en 1986 como se visualiza en el cuadro: 

Descertificaciones para Colombia
Año	Presidente de Colombia	Presidente de EE. UU.	Motivo principal
1996	Ernesto Samper	Bill Clinton	Escándalo del Proceso 8.000: financiación de campaña con dinero del narcotráfico
1997	Ernesto Samper	Bill Clinton	Persistencia del escándalo y falta de cooperación efectiva en lucha antidrogas
2025	Gustavo Petro	Donald Trump	Récord de cultivos de coca, fracaso en acuerdos con grupos armados, y reducción de metas de erradicación

La descertificación anunciada en septiembre de 2025 por “falla demostrable” en su lucha antidrogas, sin embargo, le otorgó una exención o dispensa (waiver) para mantener la cooperación parcial por “intereses nacionales vitales” de EE.UU.

La decisión ocurre en un contexto de más de 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos, disminución de erradicación forzada y cambios en la política antidrogas de la administración Petro, que no le permiten haber cumplido completamente con los criterios establecidos para la certificación.

 ¿Qué implica la descertificación?

La descertificación es una medida unilateral del gobierno de los EE. UU. que evalúa si un país cumple con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Puede afectar la ayuda económica, cooperación militar, acceso a créditos internacionales y relaciones diplomáticas. Sin embargo, en 2025 se otorgó una “exención” para mantener ciertos programas, el mensaje político es contundente y llega en momentos difíciles en la economía del país.

El gran problema

Las drogas alucinógenas son sustancias que cambian, transforman o alteran la percepción, sentimientos, conciencia, emociones y noción de las personas que las utilizan o consumen con propósitos personales o de otra índole y desconocen tal vez que su uso afecta su estado de ánimo, deteriora su salud física y los puede llevar a errores o faltas catastróficas en su entorno social.

El consumo de sustancias alucinógenas no solo impacta negativamente la vida individual, sino que también puede tener graves repercusiones en la sociedad. El uso de estas sustancias puede alterar la conducta de las personas, lo que a su vez puede llevar a comportamientos violentos y a la disgregación social.

En Colombia, el proceso de la elaboración de las drogas alucinógenas está en manos de bandas criminales organizadas las cuales han crecido en sus finanzas apoderándose de zonas o regiones en las cuales imponen autoridad ilegítima aprovechando la falta de cobertura de las autoridades constitucionales y legales que han cedido frente a la criminalidad de estos grupos ilegales generando una impunidad en los crímenes cometidos junto a los sobornos incontrolables del mismo estado.

El apoyo económico, financiero, de capacitación y entrega de equipos y medios, entre otros por parte del gobierno de los Estados Unidos para enfrentar esta criminalidad alrededor de las drogas ilícitas ha servido en su lucha pero aún no han producido el efecto positivo en su control por cuanto han habido gobiernos que han cedido en el control gubernamental para aplacar su capacidad criminal permitiendo  el aumento en la producción de los cultivos ilícitos y por ende la producción misma de todo tipo de drogas ilegales que inundan no solo el mercado del país que certifica sino también de otros países en el mundo que cada vez se van a ver más afectados por la proliferación y producción de las drogas alucinógenas, engrandeciendo cada vez más las diferentes formas de violencia que se generan en Colombia que ya también es un país afectado por el consumo de las drogas malditas.

Los riesgos de la descertificación

La asignación de recursos y medios para el control de las drogas ilegales por parte de los países conocidos como potencias mundiales han sido un beneficio para el control del tráfico y su producción, pero no resultan suficientes estos esfuerzos con el fin de erradicarlas. 

Se hace necesario que los gobernantes y autoridades entiendan que el control a los diferentes delitos generados por la producción, comercialización y consumo de estupefacientes, que giran en su entorno, requiere de mayores impulsos no sólo económicos sino también la aplicación de políticas, estrategias, objetivos permanentes que contribuyan a la disminución de todos los factores dañinos a todas las sociedades del orbe.

De hecho, el apoyo y sostenibilidad de políticas de control en contra de las drogas no requiere solo del ahínco de un país como Estados Unidos, sino de todos los países que deben trabajar en forma independiente pero mancomunada e implacable para derrotar a todo tipo de delincuente común u organizado dedicado al proceso de producción y comercialización de los estupefacientes. No sólo pueden ser responsables los que trafican con las drogas ilícitas sino también los que participan en la cadena de producción y esto debe incluir a los gobiernos que no hagan nada por controlar este inconveniente mundial.

El estado, no puede ni debe claudicar por ningún motivo a esta lucha, que debe ser frontal y total, bajo el riesgo de ser considerado como un estado con una democracia fallida y controlada por delincuentes y mafias.

Estamos abocados a una mayor inseguridad territorial y criminalidad por debilitamiento de presencia estatal y la carencia de recursos y medios materiales y tecnológicos que faciliten el control de la ilícita actividad.

Nuestro país podría estar ante un potencial aislamiento financiero internacional si se escala la tensión bilateral, que se está viviendo por motivos de la descertificación y el discurso antinorteamericano que se está gestando y posiciones contrarias al combate de los carteles de la droga y terrorismo.

Vanos serían las vidas y esfuerzos de quienes han entregado su existencia en este trabajo controlando las diferentes formas utilizadas por los delincuentes para traficar con las drogas ilegales y exigir que también los gobiernos enfrenten esta problemática en forma permanente y directa por el bien de la sociedad.

La vulnerabilidad

La falta de control de los Estados en la producción de las drogas ilegales ha permitido la contaminación, desforestación de muchos territorios, bosques o naturaleza que son la vida de muchas especies animales que contribuyen a la vida de la humanidad y esta falta de vigilancia y control conlleva a la destrucción de la vida.

A pesar de que en los discursos se habla de esfuerzos para erradicar el problema, la realidad es diferente y por lo general es con los apoyos que se reciben del gobierno de Estados Unidos que se enfrenta la lucha contra ese flagelo de la humanidad.

En el caso colombiano, en sus inicios el apoyo era casi exclusivo para las operaciones policiales, pero con el correr del tiempo se ha extendido a las fuerzas militares y a programas que de acuerdo con el gobierno colombiano pueden ayudar a mitigar el problema como es la erradicación manual, las campañas de prevención a nivel de los colegios y escuelas, programas de restitución de cultivos y emprendimientos para campesinos.

Cuando se efectúa un comparativo del presupuesto asignado por el gobierno nacional a control del tráfico de estupefacientes y su expansión en el consumo de la población colombiana encontramos que el estado colombiano asigna más o menos 1 dólar por dólar recibido, en ayuda extranjera, en proporción al problema social muy escaso y con relación a la fuerza pública, no está contemplado como asumir la totalidad del costo de las operaciones antinarcóticos que a diario se desarrollan a lo largo y ancho del territorio nacional. Esa proporción debe ser motivo de juicioso análisis y proyecciones para evitar que en caso de situaciones similares a las que se están viviendo, el país no cuente con los recursos suficientes para continuar con este trabajo, tan importante para el país y la comunidad internacional.

El gráfico adjunto ilustra la tendencia del gasto, destacando los hitos clave y el cambio de paradigma en la política antidrogas colombiana.

Oportunidades

Si no se quiere cómo nación ser objeto de controles y certificación, por parte de otros gobiernos, se deben destinar los recursos económicos suficientes para mantener los programas de control prevención erradicación y sustitución. De no ser así, quien aporta tendrá derecho a fiscalizar los recursos suministrados e imponer criterios para su uso y verificación de resultados

En los tres momentos en que nuestro país ha sido objeto de desertificación no ha sido por incumplimiento de su fuerza pública ni bajos resultados en las actividades de control, incautación como lo muestran las estadísticas.

Las descertificaciones en la historia tienen más que ver con la cercanía de los presidentes a eventos o situaciones relacionados con el narcotráfico o políticas permisivas, que a la falta de acción por parte de las agencias estatales.

Conclusión

La actual descertificación marca un punto de inflexión en la política antidrogas y en las relaciones diplomáticas. Es importante fortalecer canales de monitoreo político y diplomático, a través de inteligencia estratégica.

Reaccionar con discursos en contra de los Estados Unidos y tratar de cerrar banderas en torno a la Independencia democrática de la nación no conllevan a la solución del flagelo sino más bien a su incremento en todas sus manifestaciones que afectan directamente a la seguridad ciudadana y del país

Para el estado se va a generar mayor inseguridad territorial, aumento de costos operativos, potencial aislamiento financiero internacional y pérdida de confianza inversora en sectores clave como rural, energético y logístico. 

Es significativo en diferentes instancias revisar los análisis de riesgo país y reestructurar mapas de riesgo operativo en cada campo. Capacitar a líderes corporativos en escenarios de futuro mediante metodologías anticipativas.

Existe un 20% de probabilidad de sanciones severas que congelarían ayudas clave y limitarían financiamiento internacional, llevando a Colombia a buscar alianzas fuera del eje Washington, aumento de violencia y replanteamiento o suspensión de proyectos empresariales.

Expertos en análisis de riesgo apoyados por Inteligencia artificial determinan que, con un 55% de probabilidad, se impondrían restricciones parciales en fondos y cooperación, deteriorando la seguridad rural y aumentando costos operativos y primas de seguros para empresas privadas, la valoración señala que existe un 25% de probabilidad de que Colombia refuerce acciones visibles como erradicación y extradiciones, manteniendo la cooperación sin sanciones adicionales y estabilizando relaciones diplomáticas con impacto mínimo en la inversión.